¿Está Colombia estancada en percepción de la corrupción?

El informe que elabora Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción (IPC), publicado la semana pasada, puso a Colombia en el puesto 92 entre 180 evaluados en 2020, con una calificación de 39 puntos (en la que el máximo puntaje es 100 e implica la creencia de que no hay corrupción).

Así las cosas, nuestro país ocupa el penúltimo puesto entre los 37 que forman parte de la Ocde. Aunque Colombia mejoró dos puntos respecto al 2019, lleva 8 años con calificaciones entre los 36 y los 39 puntos, lo que expertos catalogan como un estancamiento.

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A propósito de estos resultados, EL TIEMPO habló con Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia.

Si analizamos los resultados tangibles, no hay estancamiento: es el puntaje histórico más alto de Colombia en esta medición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que mide el Índice de Transparencia Internacional es la percepción, e independientemente de los grandes avances en lucha contra la corrupción, el cambio en la percepción de los ciudadanos es algo que toma tiempo, eso es entendible, y más cuando históricamente ha sido uno de los principales problemas.

Si bien aún tenemos camino por recorrer, en este gobierno hemos retomado el rumbo en la lucha contra la corrupción. Como se refleja en los más recientes resultados, los cambios estructurales y las bases sólidas que se han cimentado nos han permitido disminuir la opacidad y esperamos seguir cerrando las puertas a los corruptos, por lo cual estamos convencidos de que en las próximas mediciones Colombia continuará mejorando su puntaje y escalando posiciones.

El resultado sí es significativo. La tendencia positiva de Colombia en los últimos dos años, subir siete puestos y mejorar tres puntos en la calificación, es un avance que refleja las acciones que hemos venido adelantando desde nuestro gobierno.

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Entre otras muchas acciones, estamos trabajando en la presentación de un proyecto de ley para regular el cabildeo y nos enfocaremos este año en mejorar la transparencia de los partidos políticos con base en la ley de e información pública. También estamos apostando desde la Comisión Nacional de Moralización, bajo el liderazgo del señor presidente Iván Duque Márquez, junto con las 25 entidades públicas que la conforman, a la aprobación por el Congreso del proyecto de ley 341 de 2020.

El proyecto permitirá, entre otras cosas, proteger a los denunciantes, reportantes o informantes de hechos de corrupción; aplicar sanciones más fuertes a las personas jurídicas cuando sus es son condenados por delitos de corrupción y se beneficien de ella; establecer la figura del beneficiario real en la contratación estatal para identificar aquellas personas que contratan a través de diferentes razones sociales, pero son una accionista dominante de todas ella en diferentes contratos con el Estado.

Además, contempla establecer inhabilidades para quienes financien campañas políticas de tal forma que no puedan contratar con el ente territorial a cargo del funcionario financiado, como para los contratistas objeto de apremio o caducidades en contratos con el Estado.

También permitiría hacer más fuertes las sanciones disciplinarias por hechos de corrupción y exigir a cada contratista que registre a través de centros de costos las cuentas propias de cada uno de los contratos que tenga con el Estado.

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Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional ha adoptado controles para garantizar el a la información y una contratación abierta a la ciudadanía y a las autoridades competentes, que han permitido veeduría más efectiva.

El Gobierno impartió, entre otras, recomendaciones para que los gerentes públicos ejecuten de forma transparente los recursos públicos durante la emergencia, referidas a la normativa y medidas aplicables en la contratación pública de bienes y servicios, la gestión de riesgos de corrupción e integridad pública, la promoción de la transparencia, el a la información y la rendición de cuentas, el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.

Igualmente se dieron lineamientos a los jefes de las oficinas de control interno para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del covid-19.

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