Cancún: extorsión en el paraíso

Ernesto escuchó, apenas a unos cuantos metros de distancia, los insultos y golpes de una parte y los gritos lastimeros de la otra, pero no había mucho que pudiera hacer. Unos exigían el pago de una deuda, y el otro les rogaba que pararan la tortura. Los atacantes, del cartel del Pacífico (CDP), uno de tantos grupos de la delincuencia organizada que asolan a México; la víctima, un vendedor ambulante que no pagó a tiempo el “derecho de piso”; Ernesto, el testigo mudo, dueño del local donde todo sucedió, en la exclusiva zona hotelera de Cancún, una ciudad del Caribe mexicano que vive bajo la extorsión generalizada del crimen organizado.

Ernesto, un empresario prominente de Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina, aceptó contar su historia bajo condición de modificar su nombre. Es concesionario de uno de los locales a pie de playa, ofrece servicios turísticos en embarcaciones y también fue víctima de extorsión.

En 2020, cuando la pandemia de covid-19 apenas se iniciaba, integrantes del CDP se presentaron en su local para exigir derecho de piso. Era pagar 20.000 pesos mensuales o atenerse a las consecuencias. Lo mismo hicieron, cuenta, con el resto de personas que tenían actividades comerciales en la zona. “Nos tenían extorsionados a todos, a todos les cobraban, a los ambulantes, a los negocios privados, a los chiquitos, a los grandes; a las embarcaciones. A todos los negocios de todos los locales. Puedo generalizarlo. Nadie se escapaba”, afirma el empresario.

Cancún, en el sureste del país y en el extremo norte del estado de Quintana Roo, es la ciudad más joven de México. Fundada en 1970, creada de la nada. Ahí, entre la selva y el mar Caribe, donde había un pequeño pueblo cocotero, hoy se levanta un complejo de 201 hoteles que este año recibirá a más de seis millones de turistas, quienes gastarán seis mil millones de dólares, según la Secretaría de Turismo estatal.

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Por su ubicación geográfica, Quintana Roo es también ruta estratégica para el trasiego de droga de Centroamérica y Suramérica hacia Estados Unidos. Debido a esta doble condición –destino turístico y punto clave en la ruta de la droga–, las actividades ilegales como narcomenudeo, tráfico de armamento, de migrantes y de droga, lavado de dinero, robo de vehículos y extorsión son las más redituables para los grupos criminales, de acuerdo con el Centro Regional de Fusión e Inteligencia del Sureste (Cerfise), órgano de inteligencia que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en la región.

Los organismos de seguridad iten que en Cancún operan el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Pacífico, de Sinaloa, del Golfo, los Pelones, los Bonfiles, Zetas Vieja Escuela y los Rojos, entre otros.

El propio Cerfise, en reportes internos, reconoce que la extorsión ha aumentado en los últimos cinco años, derivado de disputas entre estos grupos. Las organizaciones criminales aprovechan la violencia creada por su misma guerra para vender protección a los comerciantes. Una protección que más allá de consolar, inquieta. O bien, aprovechan el panorama convulso para amenazarlos con hacer daño, físico o material si no pagan cierto monto periódico, conocido como “derecho de piso”.

En la zona hotelera, donde trabaja Ernesto, se encuentran al menos cinco de estos carteles, dedicados, entre otros, al cobro de piso: el CJNG, el de Sinaloa, el del Golfo, el del Pacífico y los Pelones, detalló Martín José Gordillo Aguilar, de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de combatir la extorsión en Quintana Roo. El cartel del Golfo, precisa, domina clubes nocturnos, discotecas y bares, mientras que los otros se disputan playas y demás locales comerciales. El cartel del Pacífico controla 2 de las 11 playas de Cancún.

Carlos Dinar Torres Jaquez, alias Chore –miembro del cartel del Pacífico y líder de una de sus células delictivas, los Caborca, que opera en la zona norte de Quintana Roo–, era el encargado de las extorsiones en la playa pública donde trabaja Ernesto y de otra más, a 14 kilómetros de distancia, de acuerdo con un documento del Cerfise.

Al inicio, cuenta Ernesto, un par de sujetos llegaron a la playa a pasar la tarde y tomar cerveza. Luego se acercaron a los dueños de los comercios. Pedían cualquier cosa, que les dejaran cargar sus celulares o entrar a los sanitarios y, entre tanto, entablaban conversación. Se dieron cuenta de que no iban a regodearse bajo el sol, sino a recolectar información. Una vez que identificaron a dueños de negocios, con datos personales y detalles sobre actividades comerciales, se presentaron de nuevo, pero esta vez de forma amenazante. “ ‘Sabemos quién eres’, me dijeron. Me dieron detalles de mi trabajo, de lo que hacía, del cargo que tenía. Me intimidaron. Fueron dos personas. Primero me dijeron que me querían cobrar veinte mil pesos (al mes), pero llegamos a un acuerdo de cinco mil pesos”, cuenta Ernesto. Una vez dominada la playa, con el resto de los restauranteros, náuticos y vendedores ambulantes extorsionados, y ya controlada la venta de droga, se instaló un grupo de cerca de veinte integrantes, con diferentes encargos: vigilar, distribuir drogas, cobrar derecho de piso, amenazar y golpear a los que se oponían o retrasaban en los pagos.

A los tres meses de su llegada, continúa Ernesto, el grupo le subió la cuota y luego otra vez y una más hasta llegar a los nueve mil pesos mensuales (unos cuatrocientos cincuenta dólares). “Cobraban conforme iban cambiando de jefe de la plaza, porque los iban agarrando, matando o pasaba algo. El que llegaba siempre te pedía más”, cuenta.

El discurso que estos integrantes del cartel del Pacífico le dieron a Ernesto es que, a cambio de la cuota, le ofrecerían protección ante el peligro de la irrupción de otros grupos criminales. “Decían que iban a proteger la playa, que era por protección, que había otros grupos que querían entrar y que ellos eran los que estaban cuidando la zona”, recuerda Ernesto.

Pero en estos asuntos nunca se compra garantía. El 11 de junio un grupo armado irrumpió en la playa a balazos, que terminaron por matar a dos personas y herir a una turista estadounidense. Se trataba de un grupo contrario que peleaba por la plaza, y que consiguió huir en motos de agua, como si de película de acción se tratara. Doce días después, el 23 de julio, el cuerpo de ‘Chore’, que controlaba la playa, fue hallado en una comunidad cerca de Chetumal, capital de Quintana Roo. Tras ello, el liderazgo de la célula de los Caborca fue tomado por Luis Miguel Landeros Aguilar, alias el Diez.

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Estos cambios siempre generan tensión en los territorios divididos y los grupos recrudecen las medidas en contra de sus víctimas. Si al principio sus exigían comida o bebidas regaladas, luego pedían cada vez más dinero y resguardar armas y drogas: marihuana y cocaína.

“Ya después te pedían guardar armas, guardar la droga, los teléfonos. Te decían ‘guárdame esto’ por si hay operativos de la policía. Y te ponen entre la espada y la pared, ¿cómo decirles que no?”, dice resignado el empresario.

La extorsión en Cancún ya afecta a todos los estratos económicos y a distintos giros comerciales. Esta investigación de Connectas solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo información sobre las denuncias ciudadanas. Desde 2019 hasta octubre de 2022, en el estado, se hicieron 13.012 denuncias anónimas por extorsión —en todas sus modalidades— al 089, el número que brinda atención especializada en este delito a la ciudadanía. De estas, 5.406 (el 41,5 %) se hicieron desde Cancún, el municipio que más registros acumula. La amenaza de daño físico o de muerte y el cobro de derecho de piso figuran entre lo más denunciado.

Un total de 337 propietarios de negocios, comercios o prestadores de servicios se atrevieron a romper el silencio y reportaron a la SSP haber sido víctimas de extorsión, de acuerdo con los datos solicitados y analizados por Connectas. Hoteles, restaurantes, talleres mecánico-automotores, locales de comida, consultorios médicos, estéticas y tiendas de abarrotes se encuentran entre los blancos más comunes, pero también se reportaron extorsiones a dueños de bares, taquerías, papelerías, lavanderías, agencias de tours, salones de uñas y locales de venta de postres y antojitos —incluso mariachis–.

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Aunque en Quintana Roo se han reportado en los últimos años miles de denuncias por extorsión, solo se han abierto algunos cientos de expedientes de investigación y los detenidos no llegan ni al medio centenar. El cuello de botella es alarmante: entre 2019 y 2021 hubo en el estado 9.932 llamadas de emergencia al 089 motivadas por extorsiones, solo 883 casos se tradujeron en denuncias formales ante la FGE, y la SSP, en tanto, detuvo a 31 personas.

En el caso específico de Cancún, son 3.126 llamadas, 303 expedientes y 25 detenidos. Pero en cinco ocasiones (el 20 % de los casos), en las audiencias de control, el juez a cargo calificó los arrestos de ilegales o no apegados a los derechos fundamentales, de acuerdo con información obtenida mediante transparencia y solicitada a la SSP, la FGE y al Poder Judicial de Quintana Roo.

Los pocos expedientes de investigación, comenta Lucio Hernández, se deben a la falta de denuncias formales. El Inegi reporta que la cifra negra de la extorsión en Quintana Roo alcanza el 97,4 %, es decir, solo 2,6 % de los casos se denuncian formalmente. “El principal problema es que las víctimas de extorsión no se presentan ante la Fiscalía, porque los delincuentes los amenazan, los intimidan. Si denuncian, les dicen que los van a desaparecer, que los tienen ubicados, que les van a balear sus negocios”, afirma Hernández, y asegura que más del 80 % de los detenidos quedan en libertad a los pocos meses de ser aprehendidos. “Y salen para volver a cometer delitos. Hay una reincidencia del 35 %”.

Para Martínez Trujillo, de México Evalúa, hacer recaer la responsabilidad de las denuncias y las investigaciones en las víctimas supone una perspectiva equivocada.

“Solo tiene sentido incrementar la denuncia si tienes de inmediato un protector alternativo al extorsionista. Por ejemplo, a los empresarios les funciona la denuncia porque el Estado va a reaccionar para protegerlos con mayor fuerza que el criminal, pero esto no funciona con la mayoría. Piensa en un pequeño local. No puede ir a denunciar porque su protector, el criminal, va a tomar represalias y el Estado no va a interceder. Entonces la denuncia puede ser una sentencia de muerte”, rebate la especialista.

*) Investigación: Ricardo Hernández Ruiz. 

(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.