Llegada masiva de migrantes a Europa reaviva las tensiones entre sus líderes

La negativa de Italia de recibir unos 234 migrantes provocó tensiones con Francia, que citó una reunión extraordinaria esta semana. Le llegada de personas por el Mediterráneo ha crecido 50 % este 2022.

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La Unión Europea (UE) citó a finales de esta semana una reunión extraordinaria para abordar la llegada masiva de migrantes indocumentados, un tema que pone en jaque al viejo continente y enfrenta a sus principales líderes en momentos que las cifras están al alza.

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Solo a través de la ruta del Mediterráneo, 90.000 personas han llegado a la UE este año, un aumento del 50 por ciento con respecto al anterior, mientras que el crecimiento de las llegadas en la ruta de los Balcanes Occidentales ha sido del 170 por ciento.

Y en el Canal de la Mancha, la ruta superó el año pasado las 27.000 personas y solo este 2022 hubo días en los que se registraron en un periodo de 24 horas le llegada de unas 1.200 personas.

Si bien aún no se han superado los niveles registrados entre 2015 y 2016, cuando se batieron los rércord de migración, sí se trata de las cifras más altas de los últimos años. Los datos son alarmantes. Desde 2014, la agencia Efe ha reportado que más de 20.000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo con destino a Europa (ver gráfico).

El bloque comunitario lleva años negociando una política que permita compartir la responsabilidad de acogida de los migrantes y demandantes de asilo, pero el estallido de una crisis entre Italia y Francia tornó el tema nuevamente en una prioridad.

A principios de noviembre el nuevo gobierno italiano, conducido por Giorgia Meloni, se negó a permitir que atraque en uno de sus puertos un barco de bandera noruega que transportaba 234 migrantes rescatados en las aguas del Mediterráneo.

Francia reaccionó airadamente al gesto, contrario a la normativa de la UE, y accedió a recibir el barco, pero suspendió un acuerdo previo para acoger 3.500 solicitantes de asilo varados en territorio italiano. Ante esta situación, Francia convocó a la reunión.

A estos elementos se suma que las autoridades europeas prevén una nueva ola de refugiados provenientes de Ucrania por cuenta de los bombardeos rusos que han dejado al país sin energía en momentos que las bajas temperaturas y el invierno azotan esa región.

Y en otro frente, el Reino Unido sigue con sus planes para encontrar un país lejano al que deportarlos (Ruanda es el principal candidato) y la Justicia sa se dispone a procesar a guardacostas por no haber ayudado en un naufragio que ocurrió hace exactamente hace un año.

Todos estos elementos avivan las tensiones entre los países europeos y abren los interrogantes sobre hasta qué punto los países pueden negarse a recibir a los refugiados.

De hecho, a principios de esta semana, la Comisión Europea presentó un plan para hacer frente a la crisis. Sin embargo, un diplomático europeo apuntó que ese plan de acción “está perfectamente bien, pero no contiene nada nuevo, por lo que no resolverá el problema de la migración”.

Quizás uno de los puntos más polémicos y que generan debate son los migrantes que llegan a través de las costas. El Derecho Internacional Marítimo (la “ley del mar”) obliga a cualquier navío a rescatar a cualquier náufrago o persona en peligro en el mar porque su embarcación no es segura y permite a ese buque desembarcarla en el puerto seguro más próximo.

Los rescatados en el Mediterráneo que salen desde Libia o Túnez son llevados a Europa porque Naciones Unidas no considera que esos dos países norteafricanos sean seguros para migrantes y solicitantes de asilo. Las ONG aprovechan esa ley para rescatar cada año a miles de personas.

La Comisión Europea, que lleva años buscando cómo frenar la llegada de inmigrantes o solicitantes de asilo, que paga a gobiernos de tránsito para que paren a esas personas durante su ruta y que mira para otro lado cuando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados publica informes de las violencias, asesinatos, violaciones o ventas de inmigrantes como esclavos en Libia, siempre se sintió incómoda con esos rescates y buscó evitarlos.

Nunca lo consiguió. Cuando esas personas ya están en los buques de las organizaciones humanitaria, a la Comisión Europea no le queda otro remedio que pedir que los gobiernos vecinos abran sus puertos.

Pero la Comisión Europea cree que se necesitan nuevas reglas internacionales para que las ONG tengan un marco delimitado en el que trabajar. La comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, dijo el lunes que la Comisión no tiene ninguna propuesta al respecto, pero el mismo día hizo público un documento con una larga lista de propuestas.

Johansson sostiene que la Unión Europea debe sentarse a hablar con la Organización Marítima Internacional, la agencia de Naciones Unidas que regula las actividades en alta mar. ¿Para qué? Según ese documento, para tener una guía de actuación para los navíos de ONG que rescatan náufragos en el mar.

La propuesta va sobre todo a acabar con parte de la disputa que se genera cada vez que un barco con migrantes pide desembarcar en Italia o Malta. Si durante el mandato de Mario Draghi seguían llegando sin más problemas, con la nueva jefa de Gobierno, Giorgia Meloni, volvieron las discusiones. En lo que va de año 90.000 personas atravesaron el Mediterráneo. La mayoría son rescatados por los guardacostas italianos, que pese a la retórica de su Gobierno siguen salvando vidas en el mar.

¿Debe la ley cambiar para que los rescatados sean desembarcados en el puerto más cercano sin tener en cuenta si es un puerto seguro? Johansson no lo dijo. Pero sí aclaró que hay que hablar con la Organización Marítima Internacional porque, argumenta, “la situación hoy en día con los buques privados (de las organizaciones humanitarios) operando en el mar es un escenario que falta de suficiente claridad”.

Los países mediterráneos más cercanos a las costas del norte de África, como Italia y Grecia, se quejan de que están asumiendo demasiada responsabilidad de acogida de los inmigrantes. Una docena de de la UE acordaron acoger a unos 8.000 solicitantes de asilo (Francia y Alemania aceptaron 3.500 cada uno), pero hasta ahora solo se han llevado a cabo 117 reubicaciones.

A todo esto, se le suma una polémica que ocurrió hace un año pero que aún tiene eco hoy. El 23 de noviembre del año pasado, a última hora de la noche, una embarcación con 33 migrantes a bordo partió de una plaza al norte de Calais, casi en la frontera belga, para llegar a Inglaterra. Sin instrumentos de navegación, alerta o seguridad y sobrecargada. Viajaban 26 hombres, 6 mujeres y una niña.

Dos horas después empezaron a llamar desesperados al Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Dover, en Inglaterra. Al estar en aguas sas y ser responsabilidad de los guardacostas ses, Dover se puso en o con el centro Cross Griz-Nez, el responsable francés en la región.

A partir de ahí los migrantes llamaron decenas de veces al centro francés, que en cada llamada les prometía que su patrullera ‘Le Flamant’ estaba de camino, que serían rescatados en pocos minutos. Pero siempre fue mentira, nunca se dio la orden a la patrullera de moverse a pesar de que estaba a 30 minutos del lugar del naufragio. Mientras, la embarcación, con el motor parado y con vías de agua, empezaba a hundirse.

Al mediodía del día siguiente, el pesquero ‘Saint-Jacques II’ descubre decenas de cuerpos flotando. Al final consigue sacar del agua a dos supervivientes y 27 cadáveres, entre ellos el de la niña. Cuatro personas se fueron al fondo del mar.

El diario Le Monde cuenta ahora que un año después la Justicia sa, que accedió a las grabaciones de las llamadas del centro francés y del centro británico, está cerrando su investigación, que continuará con el procesamiento del personal del centro de rescates francés, acusado de no prestar ayuda a personas en peligro de muerte.

La investigación sa, llevada a cabo bajo control judicial por la Gendarmería Marítima de Cherburgo, responsable de la costa norte sa, considera que la actuación de los guardacostas ses podría ser merecedora de condenas penales. Todavía no está claro quién dio la orden de no enviar ayuda.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS