Los lisiados que ha dejado la represión estatal en Nicaragua

Cuando estallaron las protestas contra el régimen sandinista el 18 de abril de 2018 por una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la respuesta estatal fue la represión. El 19 de abril se reportaron las primeras personas fallecidas por disparos de armas de fuego, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde ese día, las protestas se extendieron por todo el país.

Con los primeros muertos, la reforma al INSS dejó de importarles a muchos nicaragüenses y los protestantes empezaron a demandar la renuncia de Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y la del gabinete.

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Fueron cinco meses de manifestaciones fuertemente reprimidas por agentes del Estado y civiles armados al servicio del sandinismo que dejaron muchos muertos, hasta que la Policía prohibió todo tipo de manifestación. A la fecha, la represión política en Nicaragua deja 355 víctimas mortales y más de 2.000 heridos, según el informe de la CIDH más actualizado (29 de agosto de 2022).

La CIDH no dice si todas estas personas quedaron lisiadas o tienen algún tipo de lesión motora. Hasta la fecha, no existe un registro exacto de la cantidad de afectados que ha dejado la represión.

Para el colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha sido difícil registrar la cifra. “Hay personas que a la fecha no denuncian lo que les ha pasado por temor a represalias”, explica el director del organismo, Gonzalo Carrión.

El Estado tampoco ha informado sobre los lisiados que dejó la represión desde 2018 y solo reconoce a 199 víctimas mortales, de las cuales, según el discurso oficialista, 23 eran policías y el resto todos simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Gobierno responsabiliza de estas muertes a los opositores, a quienes ha acusado de “golpistas” y “terroristas”.

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Una base de datos realizada para esta investigación constató 147 casos de personas que quedaron lisiadas a causa de la represión estatal. De ellas, 127 se reconocen opositoras y las 20 restantes dicen no tener preferencia política. Ninguno se define como sandinista.

Este relevamiento fue construido con base en los testimonios de algunas víctimas, la revisión de archivos periodísticos y consultas con familiares, amigos cercanos o con los mismos afectados. La mayoría de los consultados solicitaron no revelar detalles sobre sus casos por temor a recibir represalias del Estado.

Las 147 personas lisiadas son hombres entre 18 y 72 años. Ellos fueron quienes principalmente resistieron a las fuerzas represivas del Estado desde los tranques (bloqueos en las vías).

Se defendían principalmente con morteros, piedras, canicas y bombas de fabricación artesanal, mientras la Policía y paramilitares usaban armamento de guerra como AK-47, fusil de francotirador Dragunov, ametralladora PKM, rifles M16, fusiles Remington 700, pistola Jericho 941 y cargadores de balas de tambor modelo soviético, con capacidad de hasta 75 balas, según los hallazgos del criminólogo Giancarlo Fiorella publicados por el portal holandés Bellingcat. 

Los lisiados que pudo verificar este reportaje de Connectas y Galería News fueron clasificados por edades, ciudades de origen, profesiones y tipo de lesión. Entre los heridos que recoge la base de datos hay 25 personas que perdieron un ojo por impactos de bala de goma, de plomo o perdigón de escopeta. Otras 23 quedaron con paraplejía y dos con cuadriplejía.

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Además, 67 personas recibieron un impacto de bala en uno de sus brazos, 17 balazos en una de sus piernas, dos en la cabeza, tres en la espalda y ocho en el abdomen. Del total de lisiados, al menos 23 sufren de movilidad limitada en uno de sus brazos o piernas, y a otros 18 se les tuvo que amputar una de sus extremidades.

Por otro lado, destaca el hecho de que la mayoría son jóvenes: 54, estudiantes y 48, campesinos. Entre el resto de lisiados hay artesanos, panaderos, deportistas, periodistas y conductores, entre otras profesiones.

También se tuvo en cuenta la fecha y el lugar en que los lisiados dijeron haber sufrido la lesión y se contrastó con las fechas y lugares en que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas represivas del Estado. Los 147 lisiados indican que sus lesiones sucedieron después de que estallaron las protestas en Nicaragua en 2018.

Para comprobar sus casos, algunos consultados mostraron fotografías, videos e inclusive epicrisis, radiografías y balas que les fueron retiradas en hospitales privados.

En el informe Disparar a matar, publicado en 2018 por Amnistía Internacional, se indica que la mayor parte de disparos ejecutados por la Policía y grupos paramilitares “fueron disparados a la cabeza o tórax, y causaron secuelas irreparables” a los manifestantes opositores, lo cual explicaría por qué la mayoría de los lisiados verificados por Connectas y Galería News recibieron un impacto de bala arriba de la cintura.

El doctor Alejandro Lagos es un médico privado que prestó sus servicios para atender a la mayoría de los lisiados. Él calcula que ha atendido a más de 100 personas y a algunas les ha dado seguimiento.

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Los casos que ha atendido van desde paraplejía, pérdida de ojos, amputados, perforaciones de órganos vitales y hasta víctimas en estado vegetativo. Le preocupa que estas personas están prácticamente abandonadas por el Estado.

Cuando estallaron las protestas en contra del presidente Ortega, varios médicos de hospitales públicos denunciaron que la entonces ministra de Salud, Sonia Castro, había ordenado no atender a ninguno de los heridos que llegara por la represión estatal. “Varios hospitales públicos como el Cruz Azul, el Alemán y el Lenín Fonseca habrían denegado la atención a manifestantes heridos”, señala Amnistía Internacional en su informe de 2018.

“La orden la dio la ministra de Salud en persona”, confirmó el doctor José Luis Borgen en una conferencia de prensa el 18 de febrero de 2019. Este médico fue despedido del hospital Lenín Fonseca por desobedecer la orden de Castro y atender a heridos de la represión. De acuerdo con la CIDH, hasta la fecha 400 profesionales de la salud han sido despedidos de hospitales públicos en Nicaragua.

La CIDH también identificó numerosos casos en los que las personas heridas dejaron de acudir a los centros de salud estatales “por desconfianza o temor a sufrir represalias, quedando sin asistencia médica o recurriendo a hospitales privados, centros de salud improvisados o a través de médicos voluntarios, bomberos y estudiantes de medicina”.

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De hecho, de los 147 lisiados que verificaron Connectas y Galería News, solamente 21 asistieron a un hospital istrado por el Estado. Del resto, 111 buscaron atención privada y 15 dicen no haber recibido ningún tipo de asistencia hasta hoy.

El motivo para que 126 de los consultados no asistieran a un centro del Estado fue el temor a ser encarcelados, a que les negaran la atención médica e incluso algunos expresaron sentir temor de que los mataran.

Uno de los heridos que prefirió no ir a un centro hospitalario por temor a represalias es ‘Carlos’, un ciudadano de 32 años que recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y que nos cuenta su historia con la condición de que no revelemos su identidad por temor a represalias. “A la par donde vivo hay unos que son sapos (simpatizantes del partido de gobierno) y también enfrente. Vivo rodeado de ellos, entonces mejor prevenir”, explica.

En la madrugada del 14 de junio de 2018, en medio de la Operación Limpieza, recibió una bala por la parte de atrás de su pantorrilla izquierda cuando trababa de resguardarse de los paramilitares. ‘Carlos’ en Masaya, a unos 27 kilómetros de la capital del país, se unió a las protestas contra el Gobierno y estuvo apoyando en los tranques que levantaron los pobladores de esa zona.

‘Carlos’ temía que en el hospital lo atendieran y posteriormente llegaran a encarcelarlo. Él prefirió que un familiar con conocimientos médicos lo atendiera en su casa. No puede caminar bien, siente dolores por las noches, sobre todo cuando hace frío y a veces se le inflama la rodilla. Hasta la fecha no ha ido a un hospital para atenderse las heridas o para buscar fisioterapia.

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El abogado Gonzalo Carrión señala que aún con lo que han sufrido estas personas, varias son amenazadas por paramilitares o por simpatizantes del Gobierno, e incluso han tenido que abandonar sus hogares y sus pueblos para que no sigan hostigándolas y amenazándolas.

‘Carlos’ todavía vive en Monimbó, pero en 2018 tuvo que irse de la ciudad por un tiempo. Tres días después de que fue baleado en la pierna, los paramilitares lograron entrar a la ciudad. Como él no se sentía seguro en el lugar donde estaba, pidió que lo llevaran donde otro familiar, pero cuando llegó, un simpatizante del Gobierno lo vio entrar.

“Estuve poco tiempo, porque como me había visto yo sabía que me iba a bombear (delatar). Yo me fui como a las ocho de la mañana y a las diez estaban llegando ellos. Encañonaron a mis primos, revisaron la casa y preguntaron por mí”, relata ‘Carlos’. Tiempo después, tuvo que regresar a Monimbó porque no podía dejar sola a su familia y desde entonces vive con temor de sus vecinos.

También hay víctimas de la represión que todavía tienen proyectiles en su cuerpo, como Enoc López, quien vive con una bala detrás de su ojo derecho y otra en la parte posterior del cerebro. Él se encontraba protestando junto a un grupo de jóvenes el 20 de abril de 2018 hasta que la Policía llegó a disipar la manifestación. El joven escuchó disparos y salió corriendo para resguardarse cuando de repente sintió un golpe en la frente.

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Lo que sucedió a partir de 2018 en Nicaragua con los lesionados por causas políticas recuerda la historia de la guerra civil de los ochenta en este país. Desde 1979 a 1990, los sandinistas enfrentaron a un ejército armado y financiado por EE. UU., mejor conocido como ‘Contrarrevolución’. El objetivo de este ejército irregular era derrocar a los sandinistas, pero jamás lo lograron.

La guerra terminó en 1990 y la cifra oficial de fallecidos es de aproximadamente 50.000 personas. No existe una estadística oficial de todos los nicaragüenses que quedaron con algún tipo de lesión tras aquel enfrentamiento fratricida.

A mediados de los noventa, se calculaban que era 11.500 personas lesionadas, de acuerdo con reportes periodísticos que citan cifras del INSS, el cual tuvo que atender la carga de estos lisiados a través de una pensión de guerra.

Las cifras más actuales que el INSS ha publicado sobre estas pensiones son del 2020, en su anuario estadístico. Según el documento, hasta ese año la institución otorgó un total de 29.611 pensiones, las cuales costaron ese año un poco más de US$ 27 millones a los contribuyentes.

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Sin embargo, para la nueva generación de lisiados no existe ningún tipo de pensión o indemnización por parte de las autoridades. El abogado Gonzalo Carrión explica que estos heridos tienen derecho a una indemnización del Estado y también menciona una diferencia importante para tener en cuenta entre ambas generaciones. “Los lisiados de los ochenta son producto de una guerra de dos bandos armados, pero los de 2018 fue una represión con armas contra civiles, contra personas desarmadas”, explica.

No todos los lisiados de guerra reciben una pensión, por eso la cantidad de pensiones del INSS tampoco es lo suficientemente exacta para determinar cuántos afectados dejó la guerra de los ochenta.

‘Manuel’ fue un combatiente sandinista en aquellos días. Hoy es opositor a Daniel Ortega. Este hombre perdió una de sus piernas después de que una bazuca estallara a menos de dos metros de donde él se encontraba. A Manuel le amputaron la pierna en agosto de 1986, días después de que sufriera la explosión mientras cumplía con su servicio militar obligatorio. Tenía 19 años entonces.

Hoy tiene 55 y dice que hasta la fecha no ha recibido ninguna pensión o ayuda del Estado. Acepta que él tampoco se interesó en hacer la gestión para que se le otorgara un beneficio económico. “Con esas pensiones no se pueden ni pagar los medicamentos”, critica.

En los noventa, cuando se crearon estas pensiones, los lisiados de guerra recibían entre 14 y 54 dólares de la época, según la afectación. Estas pensiones se han ido reajustando y en 2019, el INSS informó del último aumento a través de una nota de prensa en donde señala que las víctimas de la guerra reciben una pensión máxima de US$ 67 dólares.

Mientras tanto, Holver Zelaya, otra víctima de la represión estatal y paraestatal que perdió la movilidad el 12 de junio de 2018, está aprendiendo a vivir sin poder caminar. En los primeros meses de su recuperación, el campesino de Nueva Guinea, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, no podía defecar y por recomendación de un médico privado se realizó una colostomía en una clínica privada a inicios de 2021 y ahora expulsa sus desechos por una bolsa.

En su brazo, mano derecha y en parte de su espalda, Holver todavía tiene incrustados otros 10 perdigones de escopeta que no se ha podido sacar y que le causan dolor intenso. No tiene dinero para seguir pagando atención médica privada y no ha querido ir a un hospital público para dar seguimiento a sus heridas por temor a ser encarcelado por ser opositor. “O peor, que me maten”, alega.

Debido a su incapacidad, no puede salir a trabajar. “A veces les damos a mis hijas pancito con agüita”, comenta. Otras veces, comen de los huevos que ponen sus gallinas, pero casi siempre les toca acostarse sin cenar.

Además del alimento en su hogar, Zelaya también debe preocuparse por sus gastos médicos. Cada bolsa de la colostomía cuesta US$ 3,42 dólares y él no tiene para comprar una nueva. Si Holver recibiera una pensión por la invalidez que le provocó la represión estatal, podría ayudarse un poco a costear sus necesidades médicas y la comida de su familia, pero él cree que no es posible. “El Gobierno no nos ayuda a los que quedamos así (lisiados), y si pido ayuda más bien me echan preso”, argumenta.

HANS LAWRENCE RAMÍREZ

CONNECTAS