Cuestiones fundamentales del Pacto por el Crédito

El Pacto por el Crédito es un acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional y Asobancaria que se hizo público el pasado 27 agosto y que busca incrementar, en COP 55 billones, la financiación de cinco sectores prioritarios: agropecuario, turismo, manufactura y transformación energética, vivienda e infraestructura, y economía popular. 

Si Colombia no cambia su estructura productiva está destinada a afrontar, en el futuro, una crisis múltiple de empleo, energética y de balanza de pagos, razón por la cual se priorizó cada sector: agropecuario, porque nuestro país tiene un enorme potencial y por muchas décadas su demanda será creciente; turismo, porque Colombia puede ofrecer un tipo de destinos no ofrecidos por otros países; manufactura (de diseño y de nicho) porque los productores colombianos no podrán competir con los productores mundiales de manufacturas masivas; transformación energética para combatir el cambio climático; vivienda, porque el déficit habitacional nacional es del 31 por ciento; infraestructura, porque es transversal para hacer competitivas a las empresas; y economía popular, porque combate la inequidad.

El Pacto establece como meta desembolsar créditos por COP 248,6 billones para los sectores prioritarios durante 18 meses contados a partir de septiembre de 2024. La cifra resulta de adicionar los COP 55 billones anunciados en agosto a los COP 193,6 billones ya desembolsados entre marzo de 2023 y agosto de 2024 (definidos como línea base), meta que representa un crecimiento de 28 por ciento.

Entre el primero de septiembre y el 11 de octubre de 2024, los desembolsos del sistema financiero destinados a los sectores priorizados fueron de COP 16,06 billones, monto que corresponde al 6,5 por ciento de cumplimiento de la meta y un crecimiento de 30 por ciento frente a los desembolsos realizados un año atrás. Todos los sectores priorizados crecen ampliamente, salvo la economía popular que creció 0,37 por ciento.

Si bien el Pacto no establece tasas de interés, su reducción creciente es fundamental para asegurar una demanda adecuada de los créditos priorizados. Las tasas deberán ajustarse para cumplir las metas de desembolsos. La tasa de interés promedio ponderada para los sectores priorizados durante el primer mes analizado fue del 15,6 por ciento, y para cada sector fue: manufactura y transformación energética, 16,2 por ciento; vivienda e infraestructura, 10,7 por ciento; agropecuario, 17,6 por ciento; turismo, 23,4 por ciento; economía popular, 56,3 por ciento.

Toda vez que el acuerdo prioriza el crédito para sectores enfocados en la producción y no en el consumo, el incremento de la demanda estaría acompañado de mayor producción de bienes, reduciendo así potenciales choques inflacionarios, consideración que el Banco de la República debería tomar en cuenta para acelerar la caída de su tasa de política monetaria, actualmente en 10,25 por ciento.

Los desembolsos realizados por el Pacto están concentrados en regiones del país y en grandes empresas. Así, el 70 por ciento de los desembolsos se realizaron en Bogotá, Antioquia y Valle, áreas que concentran el 37 por ciento de la población colombiana.

Los 18 departamentos con menos créditos acumularon el 5 por ciento de desembolsos y representan el 22 por ciento de la población colombiana. Por su parte, el 52,5 por ciento de los desembolsos está destinado a la gran empresa. Esperamos que la evolución del acuerdo en los siguientes meses ajuste la distribución de los créditos en regiones y destinatarios.

El desarrollo del Pacto por el Crédito debería conducir al desarrollo futuro de la Banca responsable en Colombia. La Banca tradicional maximiza sus utilidades en favor de sus accionistas (stockholders). En la banca responsable, la maximización de utilidades se realiza no solo en favor de los accionistas, sino también de los consumidores y trabajadores financieros y del medio ambiente (stakeholders). Este es el tipo de banca que se está desarrollando en Europa y que debería guiar la profundización del mercado de crédito en Colombia.

(*) con la asistencia de Juan Camilo Guerrero - Asesor de la Superintendencia Financiera