La minireelección

El fracaso del gobierno Petro es inocultable. No hay indicador económico, social o institucional que no evidencie el desmoronamiento de sus promesas. La inseguridad desbordada, el caos económico, el colapso de la infraestructura, la politización de la salud y la improvisación absoluta en vivienda y educación son síntomas de un gobierno atrapado en su propia ineficiencia. Y, como era de esperarse, ante la inminente derrota en las urnas, el petrismo trajo a un político profesional que no tiene escrúpulos para hacerle trampa a la democracia y, como lo señaló, hacer una “minireelección” de su proyecto.

No son hipótesis ni exageraciones. Los escándalos de corrupción que han brotado desde el corazón mismo del Gobierno —no por denuncias de la oposición, sino por voces internas como las de Álvaro Leyva, Augusto Rodríguez, Sandra Ortiz y Olmedo López— han desnudado la podredumbre de un proyecto político que, lejos de ser transformador, ha sido devastador. La falta de resultados y el desprestigio creciente no les permiten soñar con una mayoría legítima en el Congreso del 2026, por eso han optado por el atajo de la trampa institucionalizada.

La estrategia es clara: revivir el transfuguismo, prohibido por la Constitución y cuestionado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-303 de 2010, como una forma de prostituir la representación popular. Permitir que congresistas elegidos por un partido se pasen sin consecuencias al Pacto Histórico les garantizaría mayorías artificiales construidas a punta de prebendas, chantajes y corrupción. No es casualidad que la Misión de Observación Electoral y Transparencia Internacional ya haya lanzado alertas sobre este intento grosero de deteriorar la democracia.

Pero no se conforman con eso. A través de una consulta popular financiada con recursos públicos, buscan transformar más de 700.000 millones de pesos en una gigantesca operación proselitista disfrazada de participación ciudadana. Las preguntas de la consulta, carentes de seriedad jurídica, son apenas un vehículo para sembrar polarización, regalar puestos y fortalecer en los territorios a los candidatos del Pacto Histórico, todo bajo la cobertura del Estado.

A esta maquinaria se suma el uso abusivo de medios públicos como RTVC, que hoy opera como un brazo de propaganda oficialista, y la instrumentalización de los consejos de ministros transmitidos en cadena nacional para promover figuras políticas afines a Gustavo Petro. El aparato estatal, pagado con los impuestos de todos los colombianos, se ha puesto, sin pudor, al servicio de un solo proyecto político.

Quizá lo más peligroso sea la cooptación de la Corte Constitucional. El petrismo sabe que muchas de sus trampas requieren blindaje jurídico y ya ha mostrado su capacidad de influir en los magistrados, como lo evidencia la vergonzosa suspensión del proceso contra el presidente en el CNE. Las denuncias sobre la compra de votos para favorecer la elección de magistrados amigos son demasiado graves como para ser ignoradas, y la elección de dos nuevos magistrados este año podría sellar un desequilibrio que comprometa la independencia de la Corte en los próximos años.

La historia de América Latina está llena de ejemplos de líderes que, tras fracasar en el Gobierno, optaron por incendiar el país para justificar su permanencia. El petrismo ya ha dado señales inequívocas de que, si no logran consolidar su estrategia de trampas institucionales, intentarán paralizar al nuevo gobierno desde las calles, agitando la protesta y promoviendo el caos para impedir la gobernabilidad.

Los colombianos deben estar alertas: lo que está en juego no es solo un periodo presidencial, sino la supervivencia misma de nuestra democracia. Permitir una “minireelección” tendrá como consecuencia que el poder siga en manos de quienes desprecian las reglas y las instituciones; sería abrirle la puerta a una deriva autoritaria de consecuencias irreparables.

LUIS FELIPE HENAO

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