Por la vía que corresponde

La resurrección del proyecto de reforma laboral abre nuevamente la puerta a una discusión de fondo sobre el futuro del trabajo en Colombia. Así las cosas, el regreso del articulado al escenario natural del Legislativo no solo constituye la oportunidad para un acuerdo institucional tras los recientes ataques y amenazas del Ejecutivo al Congreso, sino que representa así mismo una vía para los consensos sobre los puntos claves de su contenido, sin improvisaciones ni estridencias.

Está cada vez más claro –siempre lo ha estado– que es necesario igualar las condiciones de quienes hoy gozan de empleo formal con las de los millones que siguen en la informalidad, sin seguridad social, sin protección frente a riesgos y sin oportunidades reales de surgir en el mercado. Con todo, esa transformación no puede hacerse sin atender los otros dos grandes desafíos del país: la necesidad de crear nuevos empleos y la urgencia de reducir una informalidad que ronda el 57 por ciento.

Dicho lo anterior, el regreso del proyecto al Congreso –esta vez en la Comisión IV del Senado– debería interpretarse como una segunda oportunidad para avanzar con sensatez en una reforma que además de elevar derechos laborales tenga en cuenta la eventual moderación de artículos que pueden ser sensibles para la sostenibilidad empresarial. Para eso será clave que todos los actores tengan la capacidad de ceder y aportar. El traslado del proyecto, más allá de las suspicacias que generó, constituye una salida legítima. El propio Partido Liberal, que ha mantenido distancia frente al Gobierno en otras reformas, había presentado un proyecto con elementos similares a los propuestos por el Ejecutivo.

Debemos ser claros en que esta vez, a diferencia de episodios anteriores, el ambiente político muestra señales alentadoras. Los gremios han reiterado su disposición de aprovechar el momento y la Andi plantea, en entrevista que se publica hoy en este diario, que está dispuesta a acompañar los cambios relacionados con las horas extras y el pago de dominicales y festivos, pese al impacto en las compañías, enviando una señal constructiva que debe ser recibida como tal en las deliberaciones.

Se percibe una mayor madurez en los argumentos y una conciencia creciente de que una reforma laboral construida sobre la base del consenso puede marcar una diferencia histórica. Así, el Ejecutivo haría bien en no convertirse en obstáculo de una iniciativa que, en buena medida, lleva su firma. Optar por caminos paralelos o plantear escenarios de ruptura solo debilita su propia posición.

Y el episodio reciente de la consulta popular fallida dejó una estela de desconfianza innecesaria. El hundimiento de esa propuesta en el Senado, por una diferencia de dos votos, fue seguido de acusaciones sin pruebas de fraude electoral por parte del presidente Gustavo Petro. El caso del voto del senador Édgar Díaz, de Cambio Radical, ya ha sido suficientemente aclarado: fue por el ‘no’, tal como él mismo lo reiteró. Pero lo anterior no obsta para advertir que lanzar tales sindicaciones desde el poder, sin fundamento, afecta la legitimidad de las instituciones y erosiona la confianza ciudadana.

Más preocupantes aún resultan los llamados a “huelgas generales” o “paros nacionales”, promovidos por el Gobierno como herramienta de presión. Esa inconveniente estrategia golpea la recuperación económica, espanta la inversión y distorsiona el clima democrático necesario para construir un acuerdo real.

El Congreso ha demostrado voluntad de deliberar. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, su hundimiento previo se dio en la Comisión Séptima del Senado, no en la plenaria. Esa distinción es clave, pues indica que siempre hubo margen de maniobra política para continuar el trámite por las vías regulares. Esto muestra que toda la agitación institucional que rodeó este proceso pudo y debió haberse evitado. El momento exige sensatez. En vez de movilizarse en contra del Congreso, el Gobierno debe reconocer que el camino legislativo es el cauce natural de una democracia constitucional.

En suma, más allá de buscar culpables o reeditar tensiones, lo importante es que hoy existe una oportunidad cierta de avanzar. El nuevo debate en el Congreso debe servir también, más allá de lo que se apruebe en ejercicio de su autonomía, para que el país entienda que el equilibrio entre protección laboral y generación de empleo no es una consigna, es una necesidad práctica.

Lo que está en juego es más que un articulado. Es la posibilidad de restaurar el diálogo social como mecanismo de transformación, y se requiere aunar voluntades. Porque las reformas de calado no se decretan: se construyen con estabilidad, confianza mutua y capacidad de escucha. Salvaguardar la democracia pasa, en este caso, por tramitar con calma, seriedad y altura una reforma que, si se ajusta con rigor y sentido de país, puede marcar un antes y un después. Eso no se puede perder de vista.

EDITORIAL