Un aumento razonable

Continúa el proceso de discusión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para la definición del salario mínimo para el 2025. La publicación del dato de la inflación anual a noviembre pasado –5,2 por ciento– se suma a las cuatro cifras de productividad –publicadas por el Dane y que han recibido críticas de la Andi, Fedesarrollo y Anif– para enmarcar el rango para empleadores, centrales obreras y Gobierno.

Las posiciones de los sindicatos –que insisten en dos dígitos– y de los empresarios –que no han manifestado ningún guarismo– no están hoy cercanas. De hecho, varios centros de estudios económicos no solo le han apuntado al cálculo tradicional de la inflación más la productividad, sino que también hicieron un llamado al Dane a complementar los esfuerzos de estimación de esa productividad. Es decir, mientras las centrales obreras buscan un alza del diez por ciento, empresarios y técnicos –en sintonía con declaraciones como las del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla– recomiendan entre un 6,2 y 6,5 por ciento.

De todas maneras, es necesario reiterar la inconveniencia de un aumento del salario mínimo de dos dígitos para el 2025. Por tres años seguidos este incremento ha sido superior al 10 por ciento: 10,1 por ciento para 2022, 16 por ciento en 2023 y el vigente 12 por ciento para el 2024. Estas definiciones por encima de la inflación y de la productividad han estado guiadas más por aspectos de corte político que por consideraciones de naturaleza técnica. En otras palabras, esas alzas no dejaron deteriorar el poder adquisitivo de los 2,5 millones de trabajadores que devengan el mínimo.

Seguir elevando el salario mínimo desata consecuencias, por ejemplo, en la informalidad, cuya tasa registró en octubre pasado el 55,3 por ciento. Si bien el empleo ha sido resiliente en medio de la desaceleración de la economía, una política laboral debe considerar más allá de la minoría que gana esta remuneración para incorporar a la mayoría de los trabajadores que no alcanzan este nivel mínimo legal.

A lo anterior es pertinente añadir el actual momento de la economía y del estado de la lucha contra la inflación. La variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) ha venido reduciéndose todo este 2024 y esta senda descendente continuará durante el año entrante, generando un espacio de maniobra para un aumento más razonable del salario mínimo. Razonabilidad que debe sintonizarse con la situación económica de las empresas de todos los tamaños, que son los principales empleadoras. Esto es, un alza desbordada entorpecerá el camino de reactivación del sector privado.

Los esfuerzos de concertación tripartita deben continuar. Asimismo, el Dane, que ha dado un debate técnico de acuerdo con su naturaleza y tradición, debería con miras al futuro recoger comentarios de los centros de pensamiento para seguir mejorando el modelo de estimación de la productividad laboral, crucial para estas discusiones.

Por último, esta definición del aumento del salario mínimo debe reconocer este momento inflacionario, así como la necesidad de fortalecer la senda de la reactivación económica. Un número lo más alejado posible de los dos dígitos logrará el doble objetivo de sostener el poder adquisitivo de los hogares e impactar lo menos posible la inflación.