Alerta de la ONU por violencia en el país y vacíos en verificación de ceses del fuego

“Los ceses al fuego que llevan en vigor desde enero se vienen observando en gran medida sin protocolos ni mecanismos de verificación definidos, lo cual hace que sean más frágiles y dificulta evaluar su cumplimiento y determinar sus resultados”.

(Además: Misión de Verificación de la Onu entregó balance sobre implementación del acuerdo).

En esos términos, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia expresa por primera vez públicamente sus reservas frente a algunos de los desarrollos de la ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro.

En su informe trimestral –que será presentado el 12 de julio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por Carlos Ruiz Massieu–, la Misión en Colombia reconoce las intenciones de paz del actual gobierno, pero lanza graves alertas por la crítica situación de violencia que se está viviendo en muchas regiones y que tiene como protagonistas, precisamente, a los grupos armados que tienen pista en la ‘paz total’.

Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios incluidas en el informe, entre enero y mayo de este año se registró el desplazamiento forzado de 19.976 personas y el confinamiento de otras 18.789 en 14 departamentos y 38 municipios, siendo Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca los más afectados por estos flagelos. En ese mismo periodo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 22 masacres, de las cuales siete ya fueron verificadas –estas dejaron 24 víctimas–, hay 12 en proceso de verificación y tres calificadas como no concluyentes.

De hecho, en el capítulo garantías de seguridad la Misión hace un crudo diagnóstico de lo que está pasando en las regiones: dice que las comunidades están sufriendo a medida que los actores armados intentan ampliar el control territorial y social y que entre los riesgos que persisten se encuentran la violencia de género y sexual y el uso de minas terrestres. Esto, en una ventana de tiempo en la que se supone estaban vigentes las treguas con las disidencias de las Farc y las llamadas Autodefensas de la Sierra.

Hay que recordar que desde que se firmaron los decretos de cese del fuego en diciembre del año pasado, el Gobierno solo logró avanzar en la instalación de un mecanismo de veeduría y verificación, instancia de la que nunca se conoció un protocolo.

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Naciones Unidas también alertan sobre la “grave situación” de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según su documento, se recibieron desde enero 57 denuncias de asesinatos de defensores de los derechos humanos, entre ellos los de ocho mujeres, nueve líderes indígenas, seis líderes afrocolombianos y un líder de la comunidad LBGTI.

En el informe, el Secretario General de la ONU, António Guterres, instó al Gobierno “a tomar todas las medidas necesarias para preservar la celebración de elecciones”, tema sobre el cual la Misión de Observación Electoral (MOE) también se pronunció ayer.

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la veeduría, se debe buscar que el Eln y otros grupos armados tengan un “respeto irrenunciable” por el actual proceso electoral y los derechos políticos de todos los participantes, sean candidatos o electores. En todo caso, y pese a la compleja situación, la recomendación de Guterres es seguir perseverando, tanto en la implementación del acuerdo con las Farc como en el diálogo con los grupos armados.

“Elogio una vez más la determinación del Gobierno de buscar soluciones para responder a estas dinámicas de conflicto en constante evolución, especialmente su énfasis en el diálogo. Particularmente dignos de mención son los recientes resultados alcanzados en la mesa de negociación entre el Gobierno y el Eln”, agregó el Secretario General de las Naciones Unidas.

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El documento de la Misión de la ONU reconoce los avances en la implementación de aspectos centrales como la aprobación de políticas encaminadas al cumplimiento del acuerdo –tales como la creación de la Jurisdicción Agraria o el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos–.

Destacó que dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó en el Congreso se incluyeron obligaciones relacionadas con la implementación del acuerdo de La Habana.

Pese a esto, la Misión cuestiona que aún no se ha expedido un decreto para crear formalmente una entidad específica en el seno de la Presidencia que esté a cargo de la implementación del acuerdo, algo que el presidente Gustavo Petro anunció en abril y aún no ocurre.

Actualmente, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, tiene entre sus obligaciones garantizar que el Estado cumpla lo negociado para lograr el fin de las Farc como organización armada ilegal. Desde varios sectores se han oído críticas porque Rueda, quien tiene también a cargo las negociaciones con Eln y los acercamientos con disidencias, bandas criminales y grupos delincuenciales más locales, estaría desbordado en el cumplimiento de sus tareas.

El informe también hace énfasis en los avances legislativos relacionados con la implementación de la reforma rural integral –el primer punto del acuerdo firmado con las extintas Farc– y menciona como un aspecto positivo durante este mandato la aprobación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

En cuanto a la reforma rural, la ONU resaltó los resultados alcanzados por el Gobierno en relación con la compra y formalización de tierras, y destacó el convenio firmado entre el Gobierno y Fedegán para acelerar dicho propósito.

“Confío en que las tierras puestas a disposición hasta ahora para fines de reforma rural se entreguen pronto a sus beneficiarios previstos, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, junto con el apoyo necesario para garantizar el éxito a largo plazo, como a crédito y asistencia técnica”, señaló el Secretario General.

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La Misión reconoce la ampliación de la atención para incluir a los excombatientes dentro y fuera de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Según datos de la ONU, a la fecha 10.564 excombatientes en total (2.575 mujeres) adelantan sus procesos de reincorporación individual y colectiva fuera de los ETCR, en 605 municipios y 75 áreas de reincorporación colectiva.

“Hasta el momento, el 77 por ciento de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos, 62 por ciento de ellos individuales. El porcentaje de mujeres excombatientes que participan en proyectos productivos es del 86 por ciento”, se lee en el documento. Sin embargo, una de las preocupaciones de la Misión tiene que ver con la violencia contra los excombatientes. Según el informe, desde la firma del acuerdo de paz se han verificado 375 asesinatos de ex de la guerrilla.

Finalmente, en relación con el capítulo étnico (uno de los últimos en ser implementados) resaltó el trabajo del Gobierno y en particular de la vicepresidente Francia Márquez para priorizar las necesidades de pueblos indígenas y afrocolombianos en asuntos como la implementación de los Pdet.

Sin embargo, le pidió al gobierno redoblar los esfuerzos para “abordar la exclusión y la desigualdad históricas” puesto que, agrega, “la violencia continúa afectando a estas comunidades”.

REDACCIÓN POLÍTICA