La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia entregó este jueves un balance sobre la implementación del acuerdo final y en el que también se refirió a los intentos del Gobierno por buscar una salida negociada con otros grupos armados en el marco de la política de ‘paz total’.
La Misión destacó que dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó en el Congreso se incluyó obligaciones relacionadas con la implementación de los acuerdos. “Incluidos elementos clave de la reforma rural integral, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos y la justicia transicional”, resaltan.
Pese a esto, indican que aún no se ha expedido un decreto para crear formalmente una entidad específica en el seno de la Presidencia a cargo de la implementación del acuerdo, algo que el presidente Gustavo Petro anunció en marzo.
El informe, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de este año, también hace énfasis en los avances legislativos relacionados con la implementación de la reforma rural integral -el primer punto del acuerdo firmado con las extintas Farc-, y menciona la aprobación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.
La ONU resaltó los resultados alcanzados por el Gobierno en relación con la compra y formalización de tierras, y destacó el convenio firmado entre el Gobierno y Fedegán para acelerar dicho propósito.
“Confío en que las tierras puestas a disposición hasta ahora para fines de reforma rural se entreguen pronto a sus beneficiarios previstos, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, junto con el apoyo necesario para garantizar el éxito a largo plazo, como a crédito y asistencia técnica”, señala el Secretario General.
El informe de la Misión reconoce la ampliación de la atención para incluir a los excombatientes dentro y fuera de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Según datos de la ONU, a la fecha 10.564 excombatientes en total (2.575 mujeres) adelantan sus procesos de reincorporación individual y colectiva fuera de los AETCR, en 605 municipios y 75 áreas de reincorporación colectiva.
“Hasta el momento, el 77 por ciento de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos, 62 por ciento de ellos individuales. El porcentaje de mujeres excombatientes que participan en proyectos productivos es del 86 por ciento”, se lee en el documento.
Una de las preocupaciones de la Misión tiene que ver con la violencia contra los excombatientes. Según el informe, desde la firma del acuerdo de paz, se han verificado 375 asesinatos de excombatientes (11 mujeres, 54 afrocolombianos y 35 indígenas), de los cuales 12 ocurrieron durante el periodo de preparación de este balance; 129 tentativas de homicidio (10 mujeres), y 32 casos de excombatientes dados por desaparecidos (todos hombres).
"La violencia persistente por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales continúa perturbando la vida de los civiles y socavando la consolidación de la paz en varias regiones", agregan.
Finalmente, en relación con el capítulo étnico -uno de los últimos en ser implementados- resaltó el trabajo del Gobierno y en particular de la vicepresidente Francia Marquez para priorizar las necesidades de los pueblos indígenas y afrocolombianos en temas como la implementación de los PDET.
Sin embargo, le pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro redoblar los esfuerzos para “abordar la exclusión y la desigualdad históricas” puesto que, agrega, “la violencia continúa afectando a comunidades”.
REDACCIÓN POLÍTICA
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