Las críticas que genera la idea del presidente Petro de denunciar al Estado por 'no querer cumplir' acuerdos de paz

“Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras”, señaló durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa.
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El presidente, que dio estas declaraciones cuando hablaba de las discusiones en el Congreso en torno a la jurisdicción agraria, añadió que las consecuencias de no avanzar en la implementación son “graves” y que lo que está en juego es la credibilidad del Estado colombiano ante el mundo.

“Si vamos a la práctica, ya siete años del acuerdo de paz, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad. La demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema (Salvatore) Mancuso. La discusión jurídica cuál era: que Mancuso es un paramilitar, no una bisagra. Mis debates parlamentarios mostraron que siempre había sido una bisagra, pero bueno. Y al ser un paramilitar su instancia no es la JEP sino Justicia y paz”, agregó el jefe de Estado sobre el tribunal de paz.

De ahí que las declaraciones del presidente Petro generan nuevamente fuertes reacciones. También hay que decir que estas palabras llegan apenas una semana después de que el Instituto Kroc presentó su octavo informe sobre el acuerdo de paz, el cual dice, como gran conclusión, que si bien la implementación del acuerdo no se ha detenido durante este gobierno, esta sigue sin avanzar al ritmo adecuado.

Según este documento, en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, es decir, durante 12 de los primeros 15 meses del Gobierno Petro, el porcentaje de componentes del acuerdo de paz completados pasó del 31 al 32 por ciento, si se compara con el periodo anterior (último año del gobierno Duque).

Como lo indica Paola Molano, coordinadora de la Línea de Justicia Transicional de Dejusticia, aunque varios de los puntos del acuerdo no dependen directamente del Ejecutivo, hay varios, en los que sigue habiendo falencias, que sí están bajo el cuidado del jefe de Estado.

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“Es raro que el Presidente diga que el Estado no quiere cumplir cuando muchas de las medidas del acuerdo son del Ejecutivo. Por ejemplo, él cita la Jurisdicción Agraria que sí tiene pendiente en el Congreso la ley estatutaria, pero eso es solo un componente de todo los del punto 1 en ese mismo punto el a tierras o los Planeas Nacionales para la reforma rural no requieren una ley, son del Ejecutivo, ¿De qué Estado habla el Presidente cuando es el Gobierno el que tiene que cumplir muchos de los componentes?”, señaló la analista.

Este fue uno de los ejemplos que puso Petro para hablar de dichos incumplimientos es lo relacionado con el primer punto del acuerdo. Sobre la Reforma Agraria dijo que la meta de comprar tres millones de hectáreas de tierra “es prácticamente inalcanzable” por “los procedimientos ordinarios, y la transformación del territorio”. Según el Ministerio de Agricultura, con corte a febrero de 2024 se han comprado 157.191 hectáreas y se han formalizado un total de 807.815.

“El presidente ahí está utilizando una falsa argumentación, no asume su responsabilidad como jefe de Estado ni su responsabilidad frente a la reforma agraria. Nadie está aspirando que haga todas las reformas, que distribuya todas las tierras que se necesitan, pero que comience por algún lado. Tiene una gerente de implementación que es la señora Gloria Cuartas a la cual no le ha dado ni las capacidades, ni el presupuesto y a la que no se ha tomado en serio”, señaló Jaime Duarte, analista político de la Universidad Externado.

Una posición diferente tiene Germán Valencia, investigador sobre conflicto y paz negociada del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. El analista considera que para que el acuerdo de paz se cumpla en los plazos definidos en La Habana sí es necesario mayor compromiso del Legislativo.

“El acuerdo de paz es un tratado comprensivo que requiere de cambios diversos para cumplir lo acordado, es cierto que el Ejecutivo es muy importante, pero hay división de poderes que obliga a que todos se involucren, en ese sentido, hay un llamado a los otros poderes a que se responsabilicen también de la implementación de la paz porque este es un tratado complejo que requiere de la participación de los diversos poderes”, señaló.

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Temas como la reforma política, la reforma a la ley de víctimas o el proyecto que determina la competencia y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural siguen sin surtir su trámite en el Congreso. Sin embargo, según el informe de Kroc o el de la Misión de Verificación de la ONU, temas como las garantías de seguridad para los firmantes y líderes sociales -solo en 2023 asesinaron a 47 excombatientes y en 2024 van 10-, el programa de sustitución de cultivos ilícitos, la inconsistencia institucional en el reporte de cifras oficiales en materia de formalización y adjudicación de tierra, entre otros que dependen directamente del Ejecutivo, siguen presentando rezagos.

“También es dejar una constancia de que él lo advirtió, diciendo que no fue él quien no quiso, sino el Estado colombiano distinto al Ejecutivo”, agregó Valencia.

Pero más allá de cualquier opinión, lo cierto es que el mensaje del presidente contrasta con lo dicho por el canciller (e) Luis Gilberto Murillo durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU en abril de este año. En su discurso, el canciller señaló que el Estado colombiano estaba avanzando “de manera decidida” en la implementación del Acuerdo de paz. También dijo que se habían destinado cerca de 1 billón y medio de pesos a la JEP para su fortalecimiento y el cumplimiento de su mandato.

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Además de sus críticas a la JEP, Petro señaló que la declaración unilateral que envió en octubre del año pasado a la Secretaría General de Naciones Unidas, documento en el cual el presidente dijo que no escatimaría esfuerzos para que la JEP cumpliera con sus propósitos y que generó una respuesta por parte del magistrado Roberto Vidal pidiendo respeto por la autonomía del tribunal transicional, es “supraconstitucional”, es decir, que está por encima de la constitución.

“En lugar de buscar soluciones, busca legitimidad por parte de la comunidad internacional y usar estos discursos a favor de la paz, pero al mismo tiempo contrarios a la JEP, que es el chivo expiatorio de los temas de la paz”, opinó Molano.

Sobre la tesis del presidente, Cristian González, abogado internacionalista, sostiene que son dos temas diferentes. “Si bien tiene razón en que las declaraciones unilaterales de Estado son fuente de derecho internacional y eso puede generar obligaciones bajo el derecho internacional, decir que eso vale más que la Constitución es un error”, opinó.

González agregó que en Colombia para que el derecho internacional se reconozca jurídicamente tiene que pasar por un proceso de ratificación. “Eso no entra directamente al marco jurídico colombiano. Los actos unilaterales no valen más que la Constitución o la ley”, complementó.

REDACCIÓN JUSTICIA Y POLÍTICA