JEP dice que casos contra ex-Farc podrían ir a justicia ordinaria y desata reacción de Rodrigo Londoño: 'Una evidente violación del acuerdo'

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de las Farc, cuestionó a través de una carta las declaraciones de Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre la posibilidad de que, si no se logran procesar todos los casos antes de que el tribunal acabe su mandato, estos sean remitidos a la justicia ordinaria.

(Además: María Fernanda Cabal insiste a la JEP que revele "nombres de los 6.402 muertos" de los 'falsos positivos', tras lista de casi 2.000 identificados).

“Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel. (...) Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Esto no significa que tengamos quince años para cada tarea. El tiempo se divide, y estamos en una carrera contrarreloj”, señaló Ramelli en diálogo con la emisora Blu Radio.

Según Londoño, las palabras del presidente del tribunal de paz son “alarmantes y desafortunadas” y anuncian “el fracaso de la magistratura de la JEP”. “Los comparecientes no exageramos al decir que la magistratura de la JEP se ha descarrilado de la tarea encomendada”, se lee en la carta, que también fue enviada al presidente Gustavo Petro y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El exjefe de las Farc también cuestionó que hoy en día no haya ninguna sanción emitida por ese tribunal contra ex de la guerrilla, pese a que los principales responsables renunciaron a la presunción de inocencia. “Sin embargo, el día de hoy no hay ninguna sentencia emitida por el tribunal, no hay ninguna renuncia a la persecución penal y solo han otorgado 827 amnistías de 5.065 solicitadas. Y ahora usted, en calidad de presidente de la JEP, declara que no les va a alcanzar el tiempo para dar cierre jurídico al conflicto armado colombiano, a pesar de los más de 2 billones de pesos del erario público”, añade Londoño en la carta.

(Le puede interesar: 'Más que un número': la JEP publicó 1.934 nombres del universo provisional de 6.402 víctimas de 'falsos positivos').

También menciona un supuesto intento de la JEP por dilatar el proceso judicial y critican la apertura de macro casos. “(...) anuncian una conducta claramente inconstitucional en la medida que la JEP tiene un marco temporal definido y, en consecuencia, la transgresión manifiesta de violar los tiempos por parte de sus funcionarios constituye una evidente violación a lo pactado en el acuerdo”, afirma.

Cabe mencionar que la JEP entró a funcionar en marzo de 2017 y que en el Acto Legislativo 01 del 2017 se estableció una duración de 15 años, con la posibilidad de extenderse por 5 más, es decir, hasta 2037.

Las palabras de Ramelli, y la posterior respuesta de Londoño, llegan en un momento de máxima tensión entre el tribunal de paz y la alta parte contratante del acuerdo. Los cuestionamientos se suman a los realizados en febrero de este año cuando, en una carta dirigida directamente al presidente Petro, los antiguos líderes de las extintas Farc advirtieron sus diferencias con la JEP ante supuestos incumplimientos a lo acordado en La Habana. En aquel momento los firmantes amenazaron con apartarse de las determinaciones del tribunal.

(Siga leyendo: Los delitos de 'Simón Trinidad' en la JEP que no han sido amnistiados: ¿qué va a pasar tras solicitud a EE. UU.?).

La respuesta de Roberto Vidal López, entonces presidente de la JEP, a estas declaraciones fue tajante. Indicó que no les corresponde a los excombatientes “emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional” y que el “propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas”.

“La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia", agregó Vidal López.

Además, señaló que los comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan "de manera grave sus compromisos" están sujetos "a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria".

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
X: (@camiloandres894)