La ‘paz total’ afronta su recta final entre múltiples negociaciones y un rumbo incierto

En 2025, la política de ‘paz total’, estandarte del gobierno del presidente Gustavo Petro, entra en fase de definiciones. A menos de dos años para que esta istración culmine, con varios grupos armados fortalecidos (fundamentalmente el ‘clan del Golfo’) y con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, las posibilidades de lograr acuerdos se reducen a lo que pueda ocurrir en Nariño con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del Eln que no tiene impacto más allá de las fronteras de ese departamento.

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Siete mesas se juegan su futuro este año, aunque existe la posibilidad de que se instalen dos más. Este número elevado de procesos generan dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para avanzar, y aún más si se tiene en cuenta que uno de los aspectos que más penaliza estos diálogos, y que constituye una crítica frecuente de los analistas, es la falta de metodología clara, además del cambio de la dinámica de las negociaciones.

Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera que corregir el primer aspecto es fundamental para darle rumbo a una política que califica como “decepcionante”. “(El Gobierno) se dedicó a abrir mesas y procesos, sin método, con un desprecio de las lecciones aprendidas y volviendo a reivindicar ideas que hace mucho tiempo son insuficientes para explicar la violencia: revivió el concepto de causas objetivas de la violencia y creyó que con solo la voluntad de los grupos es posible avanzar en el fin de la violencia”, señaló.

Sobre el segundo aspecto, Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en conflicto, considera que es uno de los grandes pecados de la oficina de paz y de su comisionado Otty Patiño. “En la ‘paz total’ no se negocian finalizaciones de conflictos armados (desarme, desmovilización, reintegración y posacuerdos) sino armisticios, treguas prolongadas o cambios en la identidad violenta (de guerrillas a autodefensas)”, manifestó.

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En ese sentido, Nubia Rojas, periodista y analista en temas de DD. HH., paz y conflicto, considera que el principal reto del Gobierno, además de corregir el rumbo y darles mayor orden y eficacia a las negociaciones, es lograr alivios tangibles para las comunidades. “El reto es precisamente lograr acuerdos humanitarios y ceses al fuego que tengan efectos concretos y beneficiosos para la seguridad de la población, que la ‘paz total’ no se haga sin tener en cuenta sus afectaciones directas e indirectas. La ‘paz total’ parece una paz a espaldas de quienes están sufriendo el conflicto”, señaló.

La primera oportunidad para corregir ese rumbo llegará a mediados de enero, cuando el Gobierno y el Eln se vuelvan a reunir para intentar descongelar definitivamente el proceso. La crisis en esta mesa tiene como antecedente la decisión del Gobierno de adelantar diálogos regionales en Nariño con el Frente Comuneros del Sur -grupo que se separó del comando central (COCE) en mayo- y las tensiones que surgieron luego de que la guerrilla exigió que se les retirara del listado de Grupos Armados Organizados para darle continuidad a la tregua, punto en el que el Gobierno no cedió.

Tras el fin de la tregua, el proceso entró en fase crítica a causa de las acciones terroristas de la guerrilla contra, por ejemplo, la base militar de Puerto Jordán y de los paros armados que, según datos de la Defensoría del Pueblo, confinaron a más de 45.000 personas en Chocó. De hecho, Pablo Beltrán, jefe de delegación de la guerrilla, ya fijó su postura: no habrá cierre del proceso y desmovilización en este Gobierno. 

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Vera Grabe, su contraparte, aunque más optimista, ha declarado que el objetivo es lograr que los diálogos se puedan dejar en un punto de no retorno. “Que se garantice, a través de un acuerdo marco y de las rutas que estén planteadas, que ese proceso tenga continuidad”, dijo la negociadora el mes pasado.

Las esperanzas de lograr un avance concreto en esta istración dependen en gran medida de las conclusiones de la reunión de las próximas semanas. Los temas por tratar durante el encuentro son retomar la agenda del acuerdo de México, evaluar la continuidad del cese al fuego y retomar el proceso de participación de la sociedad.

“Con respecto al Eln la percepción generalizada de que los tiempos y la agenda de la negociación están en manos del Eln puede deberse a que esta organización armada tenga la certeza de que puede tensionar y prolongar la negociación sabiendo que el gobierno no se levantará de la mesa porque eso liquidaría la ‘paz total’”, opinó Trejos, quien añadió que el costo político de perder esta mesa sería altísimo teniendo en cuenta las expectativas que se plantearon inicialmente.

Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), prevé un año marcado por el afán de firmar compromisos que puedan ser refrendados en el próximo gobierno. “Haber cerrado el ciclo de violencia con el Eln hubiera sido mucho mejor que abrir nueve mesas de negociación para no cerrar ninguna. El Eln no va a hacer dejación de armas con este Gobierno y lo que va a pasar es que vamos a estar con la presión de las treguas, de correr para realizar acuerdos, con un serio riesgo de que un próximo gobierno no continúe con estas mesas”, añadió.

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Este puede ser un año clave para el proceso con Comuneros del Sur, debido a que ambas partes han manifestado que desean lograr un acuerdo antes de agosto de 2026. Incluso, Carlos Erazo, coordinador de la delegación del Ejecutivo, va más allá y afirma que antes de finalizar este año habrá acuerdo. “Para 2025 tendremos a un Frente Comuneros del Sur en proceso de reincorporación a la vida civil”, le dijo el negociador a EL TIEMPO en septiembre.

El pasado 19 de diciembre, durante el cierre de la quinta sesión de la denominada mesa para la co-construcción de paz territorial, se dio un paso clave para alcanzar ese propósito: las partes firmaron firmaron un cese del fuego de 180 días que dará inicio de manera paralela con la concentración de los integrantes de ese grupo en zonas de ubicación temporal. “Se ubicarán para realizar su tránsito a la ciudadanía plena y hacia la conformación de un movimiento político”, indicaron las delegaciones.

Con este grupo armado, el Gobierno ha logrado avanzar en temas de desminado y búsqueda de personas dadas por desaparecidas, además de firmar un compromiso para la destrucción del material de guerra; sin embargo, estos se han firmado en medio de la aparición de las Autodefensas Unidas de Nariño, un bloque paramilitar que estaría integrado por exmiembos de esta disidencia del Eln y que buscarían tomar los territorios que Comuneros del Sur dejaría tras su desmovilización.

“Es difícil de creer para las comunidades que este proceso avance cuando las Autodefensas Unidas de Nariño en alianza con otros grupos están listas para ocupar los territorios y negocios ilegales de Comuneros del Sur”, señaló Gerson Arias, para quien este proceso tiene una ventaja sobre el resto: “tiene la atención de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, los recursos de Fondo Paz, acuerdos concretos, es decir, es un proceso acotado y en el año que le queda a este gobierno podría avanzar más que otros”.

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Si bien lograr la desmovilización de Comuneros del Sur podría significar un golpe de opinión para la política de paz y para el gobierno mismo, Bonilla reconoce que el impacto global sería mínimo. Hay que recordar que, según informes de inteligencia militar, este grupo cuenta con unos 100 hombres en armas y 40 más en redes de apoyo (milicias).

“La victoria con Comuneros del Sur va a ser mucho más simbólica. Aunque si realmente hay una coincidencia del Gobierno Nacional para concretar esfuerzos de desarrollo que hagan sentir a la gente que el proceso de paz fue más que simbólico, pues sí va a ver avances”, dijo.

Asimismo, el 2025 podría marcar el inicio de las negociaciones con el ‘clan del Golfo’ y con las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, dos organizaciones criminales sin estatus político y que a través de un proceso de diálogo buscan obtener dicho reconocimiento. Con el primer grupo -que desde hace meses se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia- se está en una fase temprana que desde el Gobierno han llamado “de construcción de confianza”.

Esta organización armada, que está bajo el mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo o ‘Javier’, cuenta hoy, según datos del Ministerio de Defensa citados por informes de la FIP, con más de 7.000 integrantes en 238 municipios de 16 departamentos, lo que equivale a un aumento del 95 % en el número de con respecto a 2018.

Álvaro Jiménez Millan, el hombre delegado por el Gobierno para los acercamientos, manifestó luego del bombardeo de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) contra un campamento del ‘clan del Golfo’ en Cáceres (Antioquia) que la prioridad es “atender las demandas de respeto al Estado Social de Derecho” y que el trabajo realizado “no significa que tengamos acuerdos que limiten la acción del Estado”.

El asunto con este grupo, así como ocurrirá en un eventual proceso con las Autodefensas de la Sierra y en los espacios de conversaciones sociojurídicos de Buenaventura, Quibdó y Medellín, es que no existe un marco jurídico para el sometimiento de sus integrantes.

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El principal obstáculo para el Gobierno radica en que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-525 de 2023, declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, es responsabilidad del Congreso a través de una ley de sometimiento, una que más de dos años después de la llegada de Petro aún no pasa por el Legislativo. Para lograr avances en ese sentido, incluso se ha especulado sobre la posibilidad de extender la ley 975 (Justicia y Paz), idea que tampoco ha prosperado.

“Lo que está sucediendo con los grupos armados a los que el gobierno no les reconoce estatus político es parte de la improvisación que ha rodeado la ‘paz total’. El gobierno inició mesas de diálogo socio-jurídico sin un marco legal que las respalde y si bien se han logrado treguas que han servido para disminuir el homicidio, las rentas ilegales se ampliaron lo que al finalizar este gobierno puede traducirse en nuevas guerras por el control de finanzas que se han consolidado en el marco de los diálogos”, añadió el profesor Trejos.

Finalmente, para este 2025 también se espera que sigan activas las mesas con las dos disidencias de las Farc: ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes’ -las estructuras de Calarcá Córdoba- y ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ -grupo surgido tras la fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’ de alias Iván Márquez.

Con los primeros, que representan cerca del 40 por ciento del antiguo ‘Estado Mayor Central’, hay un cese del fuego vigente hasta el 15 de abril de 2025 y algunos acuerdos parciales como el reciente plan para frenar la deforestación en la Amazonía, firmado a principios de diciembre en San Vicente del Caguán (Caquetá).

“Las disidencias, al igual que todos los grupos, han aprovechado las fallas de la política de paz del gobierno, para expandir o fortalecer su presencia y gobernanza criminal, incluyendo el asesinato de firmantes de paz”, señaló Arias.

Con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, integrado por la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’ -que delinque principalmente en Nariño y Cauca- y los ‘Comandos de la Frontera’ -principal actor del narcotráfico en el Putumayo-, el pasado 16 de diciembre se firmó un plan piloto para sustituir 3.000 hectáreas de cultivos de coca, el cual arrancará este mes.

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Además de acordar el plan piloto para la sustitución, ambas partes se comprometieron a seguir con la agenda temática acordada tras la fragmentación de la organización el mes pasado. Esto contempla transformaciones territoriales, seguridad y recuperación de la convivencia pacífica, víctimas, seguridad jurídica, participación política e implementación. Asimismo, ese grupo criminal se comprometió a, de manera unilateral, no realizar acciones ofensivas en contra de la Fuerza Pública, a respetar la vida de la población civil y a preservar el medio ambiente.

Aunque se prevé que estas dos mesas avancen en relativa calma, estos casos ejemplifican lo que ha sido una constante en la política de paz: la fragmentación de estructuras que negociaban bajo una misma bandera, pero que por dentro tenían intereses opuestos.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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