Misión ONU destacó labor del Gobierno en la implementación ante Consejo de Seguridad

El Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó este miércoles ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las extintas Farc.

(Además: Alerta de la ONU por violencia en el país y vacíos en verificación de ceses del fuego).

En su informe trimestral, la Misión en Colombia reconoce las intenciones de paz del actual gobierno, pero lanzó algunas alertas por la situación de violencia que se está viviendo en muchas regiones. En la presentación del informe también participaron Diana Salcedo, lideresa social, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva.

El documento de la Misión de la ONU reconoce los avances en la implementación de aspectos centrales como la aprobación de políticas encaminadas al cumplimiento del acuerdo –tales como la creación de la Jurisdicción Agraria o el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos–.

"Particularmente dignas de mención son las numerosas disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la paz, la mayor atención prestada a la reforma rural integral y la asignación de fondos muy necesarios para la implementación del acuerdo de paz. Además, la creación del Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, así como los avances de la vicepresidenta en la creación de mecanismos para avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo", señaló Ruiz Massieu.

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Pese a esto, Ruiz Massieu señaló que aún no se ha expedido un decreto para crear formalmente una entidad específica en el seno de la Presidencia que esté a cargo de la implementación del acuerdo, algo que el presidente Gustavo Petro anunció en abril y aún no ocurre.

El informe también hace énfasis en los avances legislativos relacionados con la implementación de la reforma rural integral –el primer punto del acuerdo firmado con las extintas Farc– y menciona como un aspecto positivo durante este mandato la aprobación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

En cuanto a la reforma rural, la ONU resaltó los resultados alcanzados por el Gobierno en relación con la compra y formalización de tierras, y destacó el convenio firmado entre el Gobierno y Fedegán para acelerar dicho propósito.

Asimismo, Ruiz Massieu condenó las amenazas que han venido recibiendo los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

"Adicionalmente, las víctimas y organizaciones de la sociedad civil han persistido en la búsqueda de justicia por crímenes relacionados con la violencia sexual en el conflicto, y continúan a la espera de una decisión definitiva por parte de la JEP con respecto a la apertura del Caso 11 sobre esta temática", agregó.

De acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia sobre el avance de la implementación del acuerdo con las extintas Farc, “siguió registrándose violencia en contra de ex de las Farc-Ep”.

Para ampliar este punto, la Misión de Verificación señaló que entre el 27 de marzo y 26 de junio de este año se reportó el asesinato de 12 excombatientes, el doble de casos frente al informe pasado, de enero a marzo de 2023, cuando se reportaron seis homicidios de excombatientes. Además, el informe indica que se reportó un homicidio más que en el mismo periodo de marzo a junio de 2022, cuando hubo 11 homicidios.

"A medida que avanza la implementación de la reforma rural, vemos un aumento de la violencia contra los líderes campesinos y reclamantes de tierras y obstáculos  contra los funcionarios gubernamentales que trabajan en la reforma agraria. También es preocupante la persistente violencia contra los excombatientes, cinco de los cuales han sido asesinados desde la publicación del informe del Secretario General", señaló.

Agregó que se debe poner el ojo sobre la situación que se vive en municipios como Vista Hermosa, Meta, y que se debe hacer mucho más para proteger a quienes ejercen el liderazgo y defienden los derechos de las comunidades.

REDACCIÓN POLÍTICA