La EPS indígena con 11 años bajo vigilancia y la lucha de poder por controlarla

Esta EPS indígena lleva por nombre el resultado de las raíces lingüística de sus 4 pueblos fundadores DU = Dungakawi (Yukpa); SA = Saga (Wiwa); KA = Kaggaba (Kogui); WI = Wintukuas (Arhuaco). A su cargo están más de 273.010 s en los departamentos de La Guajira (167.960), Cesar (85.403) y Magdalena (19.644); la mayoría, pertenecientes al régimen subsidiado.

El mal camino de Dusakawi empezó en 2012, cuando La Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Resolución N° 2633 de 24 de agosto de 2012, adoptó Medida Cautelar Preventiva de Vigilancia Especial, por el término de 6 meses prorrogables a la EPSI, por incumplimiento en el margen de solvencia y patrimonio mínimo. 

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Desde entonces no se ha logrado solucionar la problemática. La primera medida fue por margen de solvencia negativo al 31 de diciembre de 2012 por $5.724 millones; luego, el 31 de diciembre de 2013 ese margen de solvencia negativo era de $21.439 millones, y, al llegar al 31 de diciembre 2014, la cifra alcanzaba los $32.512 millones. 

Es por eso que desde 2012 la Superintendencia le ha prorrogado la medida de vigilancia especial en 17 ocasiones. La más reciente se venció el pasado 26 de abril. Y es que, esencialmente, la mayoría de problemas de esta EPSI ha sido por el manejo de fondos y recursos. 

Por ejemplo, un informe de la Contraloría de 2015 mostraba que en ese momento Dusakawi, “de 66 contratos de la muestra tomada de la contratación del 2012 y 2013 con los prestadores de servicio de salud, solo habían liquidado 13 contratos, que representa un 19,70%, y de 2014 aún no había comenzado a la pre liquidación de los contratos, a pesar de que esta fase contractual propende como objetivo primordial, un corte de cuentas o de saldos”.  

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En el más reciente análisis técnico de monitoreo realizado por la Supersalud, se evidencia que Dusakawi no garantiza a todos sus afiliados el oportuno a los servicios de consulta médica especializada, la entrega oportuna de medicamentos y presenta demoras en exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas. 

La última resolución de prórroga identificó deficiencias en el control y seguimiento de la población materno-infantil, presentando ingresos tardíos al control prenatal, mujeres y menores con diagnóstico de sífilis, niños con patologías como desnutrición, enfermedad diarreica y enfermedad respiratoria.  

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“En este sentido, en este último año la Supersalud ha propiciado diez mesas de trabajo con el contralor designado para socializar las dificultades de la EPSI y seguimiento a las órdenes por los incumplimientos reiterados frente a la entrega de información requerida por el ente de control”, señaló la Superintendencia sobre el caso.  

Una de las acciones más recientes de la Supersalud fue, el pasado 8 de marzo, la imposición de una medida cautelar que ordenó la cesación provisional de las acciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de los afiliados, así como los recursos del sistema de salud. 

Cabe recordar que esta medida ya había sido impuesta en febrero de 2021 y se mantuvo hasta el 28 de julio de 2022 cuando fue revocada por la anterior Superintendencia. 

Desde 2021 a la fecha, esta EPS indígena registra un total de 1.227 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de sus afiliados. Los principales motivos se relacionan con las dificultades en la asignación de medicina especializada, demora en entrega de medicamentos y libre escogencia de EPS. 

Entre 2021 y 2023, la Supersalud ha iniciado 15 investigaciones contra la EPS indígena y dos contra Julián Daza Malo, en su calidad de representante legal, por posibles infracciones al sistema de salud. Las investigaciones están relacionadas con incumplimientos en la prestación oportuna de los servicios de salud a población de especial protección y en las instrucciones dadas por la Superintendencia.  

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Asimismo, se investiga a esta EPSI por presuntas falencias en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y en los compromisos adquiridos dentro de los términos y condiciones pactadas en la mesa de flujo de recursos. 

En diciembre de 2021, Dusakawi fue sancionada con 545 millones de pesos tras confirmarse que no entregó información confiable en 2019 sobre el suministro de medicamentos para la atención de menores de 5 años con desnutrición aguda.

La EPS acumula multas por 1.314 millones de pesos en cobro coactivo, convirtiéndola en una de las más morosas dentro de las entidades as de recursos desde 2015. 

En 2020, los problemas de Dusakawi y una lucha por el poder en el pueblo indígena empeoraron la situación. En agosto de ese año, las directivas de la Confederación indígena Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Valledupar, iniciaron una lucha jurídica por el cambio en los cargos de Cabildo Gobernador, Secretario General, Tesorero General y Fiscal, por parte de un sector de estas comunidades. 

“Esta persecución es para apropiarse de manera arbitraria de la dirección del Pueblo Arahuaco, relacionada por el seguimiento que iniciamos desde el año pasado al funcionamiento y gestión de la EPSI Dusakawi, la cual permanece bajo vigilancia por la Supersalud, sin que hasta la fecha haya resultado”, aseguró en un comunicado, José María Arroyo Izquierdo, Cabildo Gobernador Pueblo Arhuaco.   

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La coyuntura, según dijo Arroyo en su momento, generó malestar en otras Organizaciones Indígenas que también hacen parte de EPSI Dusakawi, como los Yukpa y Wiwa. “Aquí lo que hay son intereses económicos y la necesidad de encubrir malos manejos y procedimientos del autoproclamado cabildo gobernador Zarwawiko Torres Torres, quien tiene relaciones laborales y comerciales con EPSI, algunas de su propiedad”, recalcó el cabildo. 

Frente a los posibles hechos de corrupción, solicitaron en ese año a los entes de control como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación adelantar procesos de investigación de fondo a la EPSI Dusakawi y a otras entidades de salud, como Olan Ips, Grupo Cuidarte, IMB IPS, Drogas Perijá, Makusama, Pedia Salud, Mensana, Chediakin Unkuya SAS, Casas de paso Funsercol y Luna Creciente, que presuntamente, estarían inmersas en actos de corrupción. 

“Sospechamos, puesto que poseemos indicios y pruebas de que esas empresas, sus representantes legales y responsables, han venido legalizando recursos sin prestar los servicios contratados, en otras palabras, han incurrido en lavado de activos, en virtud de lo cual se investigue”, subrayó Arroyo.  

En este mismo orden de ideas, solicitaron investigar, a IPS Salud Integral Guatapurí, Materiales Teposka, a las que señalaron como “Empresas fantasmas” y a las IPS Wintukwa y Gonawindwa Ette Enaka “Las cuales, no ha sido posible que en los últimos seis años, aclaren sobre el manejo de los recursos, contrataciones, atención de s y otros aspectos como valores, actividades contratadas con Dusakawi EPSI, relación de gastos para la reunión en Nabusimake de este año en el marco de la pandemia del covid-19”, precisaron en su momento. 

Esa discusión aún no se ha dirimido y actualmente Zarwawiko Torres Torres es el Cabildo Gobernador del Pueblo Arhuaco y por ende hace parte Dusakawi. Junto con él están Esneda Saavedra Restrepo, Cabildo Resguardo Sokorpa (Yukpa), Andrés Vence Villar, Cabildo Resguardo el kozo (Yukpa), Emilio Ovalle Martínez, Cabildo Resguardo Menkue (Yukpa), Jose Mario Bolívar, Cabildo Gobernador del Pueblo Wiwa, Alfredo Peña Franco, Cabildo Resguardo Iroka (Yukpa). 

Por su parte, Julián Daza Malo, en su calidad de representante legal, ha sido sancionado con dos amonestaciones por incumplimientos en los reportes de información requeridos por la Supersalud.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

CON INFORMACIÓN DE REDACCIÓN NACIÓN