En Colombia 600 mil personas deben recuperar la afiliación a la salud

Recién nombrada, algunos actores del sistema de salud dijeron que María Andrea Godoy, la saliente viceministra de Protección Social, había llegado al cargo “fletada” por las EPS. Veintiocho meses después, dejará el Gobierno con el aplauso de los gremios de la salud e incluso de los hospitales, los más temerosos de que la rectoría de las finanzas del sector quedara a cargo de una funcionaria que había trabajado para algunos aseguradores.

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En efecto, antes de su nombramiento en abril de 2020, la abogada María Andrea Godoy había sido empleada de EPS, pero también funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud. Y fue justamente el conocimiento de las entrañas del sistema lo que motivó al ministro Fernando Ruiz a darle la responsabilidad de los complejos y malagradecidos asuntos relacionados con la financiación, el aseguramiento, los costos y las tarifas de la salud.

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Casi dos años y medio después, dejará el cargo con, por lo menos, tres hitos para el sector: una cobertura de aseguramiento sin precedentes en el sistema de salud; la mayor ampliación de beneficios cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que aproxima el final de los recobros que desangraron el sistema; y reglas de juego claras entre aseguradores y prestadores para que se concentren más en evitar la enfermedad que en tratarla.

“En la pandemia hemos tenido una cobertura de afiliación que nunca se había tenido, por encima del 98 por ciento”,dice la viceministra saliente. La funcionaria comenta que la emergencia sanitaria motivó a los ciudadanos a afiliarse al sistema, pero también que el Ministerio de Salud creó mecanismos para aumentar y mantener el aseguramiento en los momentos más críticos.

Una de las medidas que evitaron la caída de la cobertura fue la llamada “activos por emergencia”, que consistió en que el Gobierno pagó la afiliación en el régimen contributivo de aquellos ciudadanos que, por pérdida de sus ingresos, no pudieron seguir pagando sus cotizaciones. Llegaron a ser 2,3 millones de personas, y hoy, a medida que el país se recupera, solo quedan 618.573.

Una vez terminada la emergencia el 30 de junio, estos afiliados quedaron en estado de retirados. De allí que una de las últimas medidas del Gobierno saliente haya sido la expedición del Decreto 1443, que establece que durante cuatro meses se debe garantizar la atención a los s que fueron “activos por emergencia” que padezcan enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas, mujeres en embarazo, menores de edad y personas hospitalizadas.

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Según María Andrea Godoy, todos los s que estuvieron bajo esta figura tienen que retomar sus cotizaciones en el régimen contributivo, o afiliarse como beneficiarios de quien dependan económicamente, o ir al régimen subsidiado. “Y para ir al régimen subsidiado deben tener su encuesta de Sisbén para saber si pueden tener un subsidio pleno o si pueden entrar por la nueva figura que se estableció de contribución solidaria”, añade la funcionaria.

Más allá de haber sorteado las dificultades de la pandemia, la viceministra deja expedido un decreto que procuramejorar la atención de los s mediante la reducción de las tensiones entre EPS y clínicas y hospitales. Puede sonar paradójico, pero en el sistema de salud todos pueden usar la misma complicada terminología, pero no todos entienden lo mismo.

El Decreto 441 de 2022 justamente procura que todos los actores hablen el mismo idioma cuando se trata demodalidades de contratación. Entre otros aspectos, establece reglas de juego para que el asegurador y el prestador apuesten conjuntamente a evitar el agravamiento de la enfermedad, y se rompa esa anomalía por la cual a la EPS buscaba contener el gasto a toda costa, y la IPS apostaba porfacturar más. “Si hay contrataciones en las que se comparte el riesgo de que la persona se enferme, el prestador se preocupará por cuidar la salud”, dice Godoy.

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Y la otra medida que queda y que espera que tenga impacto en los s es la ampliación más grande que se ha hecho hasta ahora a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que pasó de tener el 44 por ciento de los medicamentos a tener el 96 por ciento, y de tener el 89 por ciento de los procedimientos a tener el 97 por ciento. Al quedar estos en una misma bolsa, se van reduciendo los trámites asociados a lo que han sido los recobros y los presupuestos máximos.

Quedará pendiente saber a cuáles de las iniciativas les dará continuidad la ministra designada Carolina Corcho. Lo que es un hecho es que, cualquiera que sea el camino, hay importantes propósitos compartidos entre lo que se va y lo que llega. Fundamentalmente, el propósito de quitarles barreras y cargas istrativas a los s y alentar a los actores a trabajar en la prevención y la promoción de la salud.

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