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Aprueban principio de oportunidad con inmunidad total a cerebro de caso de Centros Poblados

Debe declarar contra el contratista Ottomar Lascarro y devolver $12.000 millones. 

Juan Carlos Cáceres Bayona y Ottomar Lascarro

Juan Carlos Cáceres Bayona y Ottomar Lascarro. Foto: Archivo particular

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El escándalo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC (en el gobierno Duque), por 1, 7 billones de pesos, acaba de tener un nuevo movimiento judicial de fondo.
EL TIEMPO estableció en primicia que el juez 78 penal municipal con funciones de control de garantías acaba de aprobar un principio de oportunidad contra uno de los llamados cerebros del saqueo a las arcas de esa cartera, a través de un contrato de internet para colegios en zonas apartadas.   

Inmunidad total 

Emilio Tapia  se encuentra preso en la Penitenciaria de El Bosque de Barranquilla.

Emilio Tapia se encuentra preso en la Penitenciaria de El Bosque de Barranquilla. Foto:Archivo EL TIEMPO

En efecto, EL TIEMPO estableció que a Juan Carlos Cáceres Bayona se le aprobó finalmente la gabela judicial con inmunidad total.
A cambio, deberá reintegrar 12.000 millones de pesos al MinTic y a la Fiscalía y declarar contra el poderoso contratista de la costa Ottomar Lascarro. 
La información que Cáceres suministró llevó a que otros implicados terminaran confesando los ilícitos y buscando también principios de oportunidad.
La noticia fue confirmada por el penalista Oswaldo Medina, apoderado de Cáceres Bayona.
Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros.

Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros. Foto:Archivo Particular

En la lista aparece el condenado Emilio Tapia y Juan José Laverde y Luis Fernando Duque.   

El rol de Ottomar

En el escrito de acusación se señala la presunta conducta ilegal de Lascarro en el entramado de Centros Poblados.

En el escrito de acusación se señala la presunta conducta ilegal de Lascarro en Centros Poblados. Foto:EL TIEMPO

Para la Fiscalía, Ottomar Lascarro controlaba las firmas Omega Building e Intec de la Costa, que terminaron siendo usadas para que Emilio Tapia se ganara el contrato con el Ministerio de las Tic, por más de un billón de pesos, para llevar internet a decenas de colegios de zonas rurales.
La Fiscalía también dice que tiene como probar que Lascarro exigió 4 mil millones de pesos por la venta ilegal de la experiencia a la unión temporal montada por Tapia.
Un primer giro, por 300 mil dólares, salió de una de las cuentas de la empresa Nuovo Security LLC, vinculada a Juan Carlos Cáceres Bayona.
Oswaldo Medina, apoderado de Sandra Ortiz.

Oswaldo Medina, apoderado de Cáceres. Foto:Oswaldomedina.com

Este último, tal como EL TIEMPO lo reveló, ya había comprado un apartamento, un carro de alta gama y otros gastos personales con parte del anticipo del contrato de Centros Poblados. Al parecer, Cáceres reversó algunas de esas compras cuando estalló el escándalo para devolver el dinero.
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