Asesinatos y amenazas rondan a la empresa postal 4-72

De un tiro en la cabeza a corta distancia. Así murió Juan Camilo Mosquera Puerta, exempleado de Avianca-Deprisa en el aeropuerto El Dorado y líder de operaciones en la Torre de Control de 4-72, la empresa oficial de servicios postales nacionales del país.

Cuando le marcaron al celular para saber por qué no llegaba al trabajo, un agente del CTI contestó y dijo que un sicario le acababa de disparar, mientras esperaba transporte en Suba.

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El crimen ocurrió el miércoles 30 de octubre de 2019, pero el caso revivió hace un par de semanas cuando el director Nacional de Seguridad de 4-72, el teniente coronel (r) de la Policía Juan Carlos Valderrama Plazas, dimitió luego de recibir un mensaje tajante: “Renuncia o se muere, tiene esta semana, acuérdese de Juan Camilo, primer y único abiso, ba (sic) para todos”.

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La de Valderrama, curtido exoficial antinarcóticos, no es la única renuncia desencadenada por amenazas en 4-72 –que presta servicio de correo nacional e internacional, mensajería expresa y servicios postales de pago–; ni el de Mosquera es el único asesinato.

Veinte días antes de su crimen, un par de sicarios en moto llegaron a la sede central de 4-72 en Bogotá, que tiene entre sus clientes a la Fiscalía, la Dian, la Registraduría, la Contraloría, Ecopetrol, varios bancos y hasta el Consejo Superior de la Judicatura.

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A las 6:15 p. m. balearon a Brayan Cataño Arboleda, adscrito a la Dirección Nacional de Seguridad Postal y quien se desempeñaba como supervisor operativo en la Central de Tratamiento Postal.

EL TIEMPO investigó qué está sucediendo en esa entidad –con un presupuesto de 394.000 millones de pesos–, y estableció que autoridades indagan desde manejos opacos en facturación de servicios y en jugosos contratos hasta la mano del narcotráfico, que, según la DEA, históricamente ha usado servicios de mensajería para mover coca y fusiles.

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Los crímenes y amenazas han desencadenado cinco denuncias ante la Fiscalía y hasta una reunión en la Casa de Nariño, en diciembre del 2019, con el alto consejero de Seguridad, Rafael Guarín, y el viceministro de las TIC, Iván Mantilla.

Y hay un informe, del pasado 1.º de marzo, en el que se le detalla al Ministerio de las TIC las nuevas amenazas que tienen asustados a directivos, en momentos en los que se adelantan dos jugosas licitaciones. Una de ellas por 85.000 millones de pesos, para asignar contratos de transporte para ocho regionales, así como el servicio de transporte de carga para las rutas nacionales.

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EL TIEMPO encontró el nombre de Mosquera, uno de los asesinados, en el proceso de asignación de esos contratos, en 2019, antes de que llegara la actual istración; y en dos denuncias en las que se asegura que ingresó al sistema para intervenir en la confección de tres ofertas. El tema se chequeó internamente sin mayores hallazgos, pero las denuncias están en Fiscalía.

Mosquera también participaba en una auditoría interna que rastreaba posibles vulneraciones a Sipost, el sistema que registra a todos los proveedores y los cargues (envíos); datos claves para facturar.

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Se chequearon órdenes para mover decenas de carros con miles de paquetes, de los que solo salían la mitad, y el registro inusual de cargues, a horas atípicas, hechas por un mismo .

Las regionales de distribución de esos paquetes inquietaban, porque algunas coinciden con zonas penetradas por el narcotráfico. La Dijín ya hizo un peritaje forense.

Además, este diario estableció que hallaron correos de un funcionario que le envió a un tercero (ligado a un esquema de seguridad de un político) información de una licitación.

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Y a algunos investigadores les inquieta el hecho de que antiguos empleados de 4-72 (algunos vinculados a políticos) trabajan ahora para proveedores de la empresa; o familiares de ellos crearon firmas de servicio postal, interesadas en la licitación que se cocina.

Más allá de las suspicacias, la Dijín y la Fiscalía indagan si el crimen de Cataño está vinculado con el de Mosquera y con las amenazas a funcionarios de la entidad. Aunque en el de Cataño no se descartan otros móviles, llamó la atención que tuvieron que acudir a cámaras de seguridad de sus vecinos de Avianca para identificar a los sicarios, porque las de 4-72 no estaban funcionando a la hora en la que aparecieron los sicarios.

Fallas similares se han presentado en el sistema de monitoreo de rutas y GPS: “El radar se apaga, supuestamente por fallas; los carros salen de pantalla, y vuelven a aparecer tiempo después. Eso permite subir o bajar carga sin control".

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Además, los carros de 4-72 no son parados en retenes para requisarlos”, dijo un investigador.

Y recordó que el coronel que renunció fue quien adquirió un escáner para revisar los paquetes que llegan desde El Dorado a la bodega de San Cayetano y firmó un convenio con la Policía Antinarcóticos para que fueran revisados con policías y caninos. Antes, ese proceso se hacía manualmente.

Por las amenazas, una funcionaria fue reubicada y hoy trabaja desde un lugar secreto; y a otro se le dio una licencia (tras una primera amenaza), y cuando se iba a reintegrar, el 13 de enero, renunció por otra llamada intimidante: ‘A mí ya me pagaron para matarlo’.

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Iván Camelo, líder de supervisión de contratos de Servicios Postales, denunció amenazas ante la Fiscalía y se retiró el 31 de enero, cuando se terminó su contrato. Y hay más casos.

EL TIEMPO preguntó oficialmente por estos temas en 4-72 y voceros autorizados señalaron que la Fiscalía y otras autoridades ya están adelantando las investigaciones de rigor. Además, que han prestado toda la colaboración.

Este turbio panorama y la jugosa licitación en curso es lo que encontrará Gustavo Araque, quien asumirá la presidencia de 4-72 el 31 de marzo próximo.

Araque, exjefe de gabinete de la gobernación de Cundinamarca, reemplazará a Luis Humberto Jiménez, un técnico a quien la secretaria privada del Mintic le notificó su salida.

Mientras hacen el empalme, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría indagan las posibles irregularidades en la empresa postal del país, y los muertos.

A mediados de 2020, se echó a andar el proceso para asignar los contratos de transporte para ocho regionales, así como el servicio de transporte de carga para las rutas nacionales, ante el inminente vencimiento de los contratos con los actuales operadores.

El monto total de los contratos es de cerca de 85.000 millones de pesos y cubre a las 8 regionales a nivel nacional: Occidente, Norte, Centro A (Bogotá), Centro B, Eje Cafetero, Oriente, Noroccidente y Sur, así como el servicio de carga para las rutas nacionales.

El saliente presidente de 4-72, Humberto Jiménez Morera, dijo en enero que el objetivo es que se presenten el mayor número de oferentes posibles, para implementar un nuevo modelo de transporte.

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El borrador de los pliegos de condiciones fue publicado en el Secop el pasado 29 de diciembre y estuvo disponible para observaciones hasta el 26 de enero.

La invitación pública definitiva se hizo el 8 de febrero de 2021 y se espera que su adjudicación se realice la última semana de marzo.

De hecho, ya se recibieron decenas de ofertas de operadores interesados, incluidos los actuales contratistas.

Sin embargo, se teme que, con el tema de las amenazas a funcionarios y el cambio de gerente, el proceso se pueda frenar. De hecho, no se descarta que se opte por prorrogar los contratos actuales.

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Por ahora, el saliente presidente dejó constancia de que, pese a la significativa reducción de envíos, correo certificado y servicios de franquicia postal, como consecuencia de la emergencia económica y social que generó la pandemia, 4-72 registró ingresos operacionales por 311.626 millones de pesos en el 2020, superiores en 8,3 por ciento a los registrados en 2019, cuando se reportaron 287.727 millones.

La Fiscalía 510 Local de la Unidad de Vida investiga el asesinato de Brayan Cataño, mientras que la 417 asumió el caso de Juan Camilo Mosquera.

EL TIEMPO estableció que ya han llamado a declarar a varias personas. Además, que la Dijín recogió información clave sobre las otras denuncias y sobre las amenazas a funcionarios de alto nivel. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría también indagan temas de contratación y otras denuncias.

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