Constructor culpa a U. Nacional por cancelación de donación extranjera para megasede en Nariño

En Tumaco, Nariño, varios líderes aseguran que en la lista de promesas incumplidas del gobierno Petro, de la que se habló en el caótico consejo de ministros del 4 de febrero pasado, se debe incluir un terreno de 12 mil metros cuadrados destinado a aulas de clase, laboratorios, auditorios, zonas de estudio, canchas, gimnasio y biblioteca con capacidad para más de 2 mil estudiantes.

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El proyecto, conocido como 'Tumaco Pacífico Campus' es una iniciativa de la Universidad Nacional para construir una sede con la mayor capacidad física para albergar a los jóvenes de esa región que busquen acceder a educación pública en programas universitarios y salvarse de la violencia que también tiene como sede Tumaco.

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Sin embargo, 7 años después de la firma del contrato de construcción de la primera fase de la obra, el campus tiene un segundo piso incompleto y el principal inversor para terminar el proyecto (Países Bajos) anunció hace algunas semanas que se retirará con los 12 millones de euros (53 mil millones de pesos) que había donado para terminar la obra.

El caso no parece haber pasado a mayores. Pero EL TIEMPO investigó y estableció que la Contraloría sí está investigando y que se busca al responsable fiscal de que la obra tenga multimillonarios retrasos y se haya quedado sin su aliado.

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La historia de este proyecto se remonta a 2016 cuando Invest International, una firma inversionista de Países Bajos, en alianza con el Ministerio de Comercio Exterior y Desarrollo de ese país, firmó el millonario acuerdo de donación ‘ORIO’ con el Ministerio de Educación de Colombia y la Universidad Nacional para la construcción de la sede en Tumaco.

Sin embargo, 7 años después, el 9 de octubre de 2024, llegó una carta en la que los neerlandeses le notificaban a la universidad y a la cartera de Educación su retiro formal del proyecto y el freno de la donación.

Aseguraron que el Comité de Inversiones de la empresa revisó los avances de la obra y encontró que el proyecto había acumulado retrasos sustanciales, extendiéndose mucho más allá de la fecha prevista de finalización de la fase de implementación, que se había fijado para el 31 de diciembre de 2023.

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Y si bien, el 15 de noviembre, la Universidad Nacional intentó recuperar los recursos a través de un documento enviado a Países Bajos justificando las demoras, Invest International reafirmó su decisión y el 17 de diciembre envió otra comunicación en la que se refiere a los argumentos de la Universidad nacional.

“Desafortunadamente, esta información no proporciona razones suficientes para revertir la decisión de Invest International de suspender nuestra participación en el proyecto”, señalaron y el dinero literalmente se esfumó del proyecto.

El vicerrector de la Nacional, Andrés Felipe Mora, ha dicho en medios que la razón de los retrasos serían producto de los diseños de los planos de los edificios de la sede, que no cumplían con las normas de sismo resistencia.

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Pero EL TIEMPO investigó y estableció que en la bitácora de la obra hay otros incumplimientos y falencias que ya están en la mira de las autoridades para asignar responsabilidades. Además, se ubicó a los constructores para conocer su versión.

Según documentos, el 15 de diciembre de 2017, a la empresa Miroal Ingeniería SAS, matriculada en Bogotá, se le adjudicó el contrato de 21 mil millones de pesos para la construcción de las edificaciones de la fase 1 del campus.

Para esta etapa de la obra se tenía un presupuesto de 49 mil millones de pesos, de los cuales 14 mil millones serían aportados por Países Bajos. Sin embargo, ese contrato se venció el 23 de septiembre de 2021 con un avance físico de tan solo el 21 por ciento en la construcción de los edificios y un avance financiero del 30 por ciento.

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Luz Betty Rodríguez Álvarez, representante legal y dueña de Miroal Ingeniería SAS, le dijo a este diario que se habrían modificado 16 veces los diseños estructurales y 7 veces los diseños eléctricos de la obra.

“Nosotros les entregábamos propuestas de cómo podía funcionar porque los suelos donde ellos compraron el lote eran unos suelos que no eran adecuados para la construcción. Eso requiere unos diseños bien acertados y nosotros con la construcción cuidamos salvar vidas en caso de que haya un temblor, en caso de que se presenten problemas con las aguas subterráneas y Tumaco es una zona inestable”, aseguró la empresaria.

Además, explicó que su firma perdió 2.500 millones de pesos en ese proyecto, por costos del material de construcción y logística que pagaron a empresas argentinas y alemanas.

“Mientras construíamos, nos seguían modificando los diseños. Incluso cuando se venció el contrato aún no nos habían entregado los diseños definitivos. Eso era un paquete de más de 1.500 planos. La Universidad Nacional tomó muy malas decisiones y nos llevaron a perder muchísimo dinero”, aseguró Rodríguez Álvarez.

Y explicó que incluso le advirtieron a la universidad que el suelo no era apto: “A la Universidad se le dijo que el suelo estaba desmejorado y que los pilotes no servían. El mismo suelista de la Universidad les dio el concepto y aseguró que efectivamente no servían y que lo que estaba en planos había que demolerlo. Pero a nosotros nos dijeron que si no construíamos nos iban a multar”.

Y finalizó diciendo que el primer ingeniero encargado de los diseños era también el supervisor del contrato.

“Si era supervisor de una entidad pública, se pierde el sentido de objetividad cuando se supervisa a sí mismo y es la misma persona que hace los diseños. Por eso se requiere que el diseño lo haga un contratista aparte para que sea objetivo y pueda criticar el trabajo. El supervisor alegaba que los diseños estaban bien porque era él mismo quien los había hecho y nadie le había revisado”, explicó la empresaria.

Ese es uno de los puntos que revisa la Contraloría.

EL TIEMPO accedió al informe de gestión 2021 – 2022 de esa entidad en donde se recoge una auditoría financiera que realizó al proyecto. Allí explican que hubo cinco suspensiones y una detención de obra, lo que demostraría fallas en la planeación del contrato y debilidad en las labores de construcción y vigilancia por parte del contratista, interventoría y supervisión.

“Durante la ejecución de esta construcción se detectó que este diseño estructural no cumplía la NSR-10 2 y presentaba serias deficiencias. Esta situación obligó a que la UNAL contratara un nuevo diseño durante la ejecución de la obra. Se ocasionaron reprocesos, demoliciones y adición de actividades no previstas, lo cual conllevó a demoras en la ejecución del proceso. Referente a este tema, la CGR configuró un hallazgo fiscal en cuantía de $2.359.220.931,como consecuencia de las fallas en los diseños de la sede Tumaco, el Proyecto de Inversión 153 presentó retrasos en su desarrollo causados por debilidades de planeación y supervisión”, se lee en el documento.

EL TIEMPO ó a voceros autorizados de la Universidad Nacional para preguntarles por el hallazgo fiscal y por la razón por la cual habrían señalado a las empresas constructoras como responsables de los retrasos.

Empezaron por confirmar que, en efecto, hay una auditoría sobre el proyecto, pero dijeron que no podrían pronunciarse sobre ese asunto "dada la reserva sumarial".

Sobre los señalamientos de que se le advirtió a la institución que los suelos no eran aptos y sobre el presunto supervisor que era también el encargado de los planos, dijeron que le correspondía responder a quienes tomaron la decisión en ese momento y a la istración de aquel entonces.

Y en cuanto a las modificaciones de los diseños durante la obra explicaron que “efectivamente, los contratos de obra e interventoría presentaron cuatro suspensiones sucesivas entre el 08 de abril y el 31 de octubre de 2019 mientras se realizaban los ajustes a los diseños estructurales”.

Pero resaltaron que la consultoría contratada para el diagnóstico sí indicó que los planos no cumplían con algunos requerimientos y que alertaron sobre la necesidad “de elaborar unos nuevos planos estructurales conformes a las recomendaciones de diseño de la norma”.

Este diario accedió a una resolución de febrero de 2024 de la Universidad Nacional en la cual se establecen las medidas contractuales para la finalización de la fase 1 y el inicio de la fase 2 del proyecto Tumaco Pacífico Campus.

Allí, la Universidad Nacional indicó que para la finalización de la obra de la fase I, tiene recursos por un valor de 32.713.515.373 millones y por parte del cooperante internacional, Países Bajos, un monto de 17.011.825.931 millones, para un total de 49.725.341.304 millones de pesos.

Y se señala que para la construcción de la obra civil de la fase II, los recursos de la Universidad Nacional son de 5.333.022.080 millones y del Sistema General de Regalías por valor de 34.439.115.371 millones para un total de 39.772.137.451 millones de pesos.

Ante la incertidumbre de los recursos para suplir el vacío que dejó el retiro de la donación de Países Bajos, el pasado martes 14 de enero el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, confirmó que esa cartera garantizará la plata necesaria para el proyecto.

“Ha sido una instrucción del Presidente que el sector educación, por garantizar un derecho fundamental, no va a sufrir las consecuencias de ese aplazamiento. Por el contrario, vamos a tener la garantía de cubrir los recursos de gratuidad y de aumento en las instituciones de educación superior públicas”, aseguró el ministro Rojas.

Sobre los recursos para seguir adelante con el proyecto, el vicerrector de la Universidad, Andrés Felipe Mora, le dijo a EL TIEMPO que desde octubre del año pasado enviaron la documentación del proyecto al Ministerio de Educación para que este respaldara la obra con recursos del presupuesto general de la nación.

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Sin embargo, explicó que lo que han recibido a la fecha son solo los pronunciamientos públicos: “Estamos Ad Portas de una reunión con el Ministerio de Educación para oficializar estos asuntos y definir un cronograma de trabajo, de acompañamiento, de trabajo conjunto, para evitar contingencias que impidan que al final la sede de Tumaco cuente con la infraestructura digna para la garantía del derecho a la educación de las y los jóvenes del territorio”.

Y cuando se le preguntó cuándo se empezarán a recibir los recursos, explicó: “Los recursos aún no han sido girados porque son recursos que pertenecen a esta vigencia 2025 y el Ministerio tiene que realizar todo el proceso de aprestamiento y de diálogos previos con la Universidad para que se pueda llevar a cabo este ejercicio”.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

Y dijo que esto se debía a que cuando se solicitó ese apoyo ya era fin de año y la cartera de Educación empezó el análisis proyectando la apropiación para 2025.

Finalmente, sobre la adjudicación del contrato para finalizar las obras dijo que este nunca se adjudicó porque necesitaban una declaración de no objeción definitiva de parte de Países Bajos, pero que nunca la recibieron: “Ellos alcanzaron a dar la no objeción preliminar, tanto a la interventoría como a la obra, pero no nos dieron la definitiva. Evidentemente sin ese ejercicio no se podía seguir adelante, entonces la obra no fue adjudicada precisamente por eso”.

Por ahora, la construcción de la sede de la Universidad Nacional está congelada y los estudiantes de la región esperan que se defina una ruta clara para la consecución de recursos tras el retiro de la millonaria donación de Países Bajos.

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