¿Qué dice el primer informe del Ejército a Comisión de la Verdad?

A las manos del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, llegará este lunes el primer documento de fondo que elaboran las Fuerzas Militares.

En un ejercicio de memoria y aporte a la verdad, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, el Ejército documentó lo que considera son los hechos más atroces de los que fueron víctimas sus uniformados y los familiares que les sobrevivieron.

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Todo, incluido evidencias, quedó consignado en las más de 450 páginas del informe Alétheia en donde señalan que en Colombia, los grupos armados ilegales violaron las normas mínimas de guerra.

“La inexistencia de una transformación técnica y doctrinaria en las normas y accionar probado de las guerrillas, y de los demás grupos armados organizados en el marco del conflicto armado, demuestra la ausencia de una preocupación real y tangible en el cumplimiento de las normas mínimas de la guerra, y hace que estos grupos sean técnicamente incomparables con las Fuerzas Militares”, se aclara de entrada.

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Voceros advierten que mientras 2.702 uniformados de todos los rangos, están itiendo sin eufemismos sus delitos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras instancias competentes, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, también debe quedar testimonio en la historia de los episodios en los que los soldados de Colombia fueron víctimas.

“A diferencia de lo que han venido haciendo las Farc, los de la Fuerza Pública comparecientes ante la JEP, han relatado con crudeza lo que saben; varios han pedido perdón.

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Pero, como institución, el mismo acuerdo de paz es claro en que eso no nos corresponde y que se ha actuado de acuerdo a la Constitución y a la Ley”, explicó un alto oficial.

Por eso, en Alétheia se centran en los 1.297 secuestros, 361 casos de tortura y 80 delitos contra la libertad y la integridad sexual documentados con uniformados víctimas de estos vejámenes durante el conflicto, con corte hasta el 2017, justo antes de que comenzara la implementación de los acuerdos con las Farc.

La cruda estadística es del Departamento Jurídico Integral del Ejército.

También están documentados 31.156 homicidios y 5.479 desapariciones forzadas de uniformados de todos los rangos. Sus nombres no son incluidos en el documento para evitar la revictimización de los familiares que les sobreviven.

“Las regiones en donde se reporta el mayor número de soldados desaparecidos se encuentran en Antioquia (24 %) y más del 49 % del personal que se encuentra desaparecido no cuenta con información sobre su lugar de desaparición”, se precisa en Alétheia.

El grupo interdisciplinario que realizó el documento, reconstruyó 61 episodios.

Uno de los más recientes está enumerado como “caso 50” y hace referencia a la emboscada que 300 guerrilleros del Eln ejecutaron contra del Batallón de Santos Gutiérrez Prieto, en octubre de 2015. En ese momento, en hechos perpetrados en Güicán (Boyacá), perdieron la vida 11 de ese batallón que acompañaban a una misión de la Registraduría.

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Y como “caso 44” reconstruyeron el ataque que las extintas Farc perpetraron entre Fortúl y Tame (Aracua), en julio de 2013. Durante la emboscada –ejecutada por 80 guerrilleros– fueron ultimados 17 uniformados y 14 más terminaron desaparecidos. Este tipo de hechos han dejado secuelas entre los sobrevivientes, que ahora son reconocidos como militares víctimas.

Según el informe, “presentan niveles importantes de agresión reactiva y de hipervigilancia, que puede manifestarse en dificultades para conciliar el sueño, y reaccionar de manera proporcionada a los estímulos diarios. (…) Reportan trastornos en estados de ánimo, estrés post-traumático o trastornos de ansiedad, (…) y riesgo de suicidio”.

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Además, se reconstruyen casos de masacres y secuestros, entre otras violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidos por grupos ilegales, que golpearon con fuerza a la población civil. De hecho, se reportaron 16.340 casos de ejecuciones extrajudiciales, con 23.161 víctimas: entre ellas, 8.903 ejecutadas por paramilitares, y 3.899 por guerrillas.

La información se recogió en las bases de datos del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Memoria Histórica, al que reconocen como “baluarte de la reconstrucción de la guerra”.

Sin embargo, el Ejército Nacional estima que se dejaron por fuera varios delitos cometidos por grupos ilegales. Además, advierte que algunos datos recopilados en esa instancia “no son del todo exactos” y pueden ser verificados a través de mecanismos alternos.

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