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‘La Inmaculada’: la banda criminal detrás de los desmembrados en Tuluá

Van 59 homicidios este año. Cabecilla es medio hermano de un influyente político de la región.

Oscar Darío Restrepo Rosero, alias 'Porrón', fue detenido en febrero de 2015. Foto: Archivo particular

26.06.2021 13:51 Actualizado: 27.06.2021 02:23

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En menos de dos días Tuluá (Valle) fue el escenario de dos crímenes atroces. El domingo pasado, a las 5 de la tarde, un sujeto que se movilizaba en moto arrojó una bolsa negra a un antejardín de una casa ubicada en las afueras del municipio.

En su interior estaba la cabeza de Santiago Ochoa, un joven de 23 años que había desaparecido el día anterior y cuya tía, Marta Ochoa, desmintió que fuera líder de la llamada ‘primera línea’ de manifestantes y que el Esmad se lo hubiera llevado.

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Mientras se aclaraba que era empleado de una ferretería en el corregimiento de Aguaclara y que al parecer había atravesado una ‘frontera invisible’ controlada por un banda criminal, se registró otro episodio similar.

Flotando en las aguas del río Tuluá se encontró el cuerpo de Hernán David Ramírez, de 25 años, quien completaba 10 días desaparecido. De nuevo, circuló la versión de que había entrado a territorio prohibido y que, además de robarle la moto, le quitaron la vida.

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Santiago Ochoa, joven asesinado en Tuluá. Foto:Archivo particular

El medio hermano

Según cuentas oficiales, Tuluá ya registra 59 asesinatos en lo corrido del año, lo que lo ubica en el grupo de municipios con más alta tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. Para autoridades locales es claro que en varios casos –incluidos los de Ochoa y Ramírez– está involucrada ‘la Inmaculada’.

Se trata de una banda criminal, tentáculo de ‘los Rastrojos’, el ejército ilegal del cartel del Norte del Valle, que controla corredores de narcotráfico, cultivos ilícitos y extorsiones.

“Eso (el decapitado) es una manera de enviarle un mensaje a la sociedad. Como diciendo: ‘miren lo que les puede pasar’ ”, señala el personero de Tuluá, Pedro Antonio Ordóñez.

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Hernan David Ramírez estaba desaparecido desde el 10 de junio en Tuluá Foto:Archivo particular

“Eso (el decapitado) es una manera de enviarle un mensaje a la sociedad. Como diciendo: ‘miren lo que les puede pasar’ ”, señala el personero de Tuluá, Pedro Antonio Ordóñez.

Ese mismo mensaje y saña tuvo el crimen de Kevin García, un joven de 16 años de edad cuyo cuerpo fue desmembrado y arrojado al río Cauca, a la altura de La Virginia, municipio de Risaralda, a menos de dos horas de Tuluá. Y en Cali se encontró un torso humano.

La sevicia de los crímenes generó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (ver recuadro).

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Para la líder social María Ospina no es un secreto lo que sucede en Tuluá: “Es muy doloroso y es un mensaje directo.

Esta modalidad (desmembramientos) se viene dando desde la época fuerte del narcotráfico en el Valle. Autoridades salen a decir que se investiga, pero no pasan de ser solo cifras”.

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Presuntos responsables del incendio del Palacio de Justicia en Tuluá Foto:Fiscalía General de la Nación

Otro líder de la zona no duda en afirmar que “los de ‘La Inmaculada’ son los dueños del territorio”. De hecho, aseguró que uno de sus cabecillas –entre quienes está Óscar Darío Restrepo Rosero, alias Porrón– es medio hermano de un influyente líder de la región.

Y aunque ‘Porrón’, conocido como ‘el terror de Tuluá’, está tras las rejas desde 2015 –condenado a 33 años por desaparición forzada, homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico–, las autoridades no dudan en que sus hombres están detrás de estos y de otro muerto que apareció descuartizado el 14 de enero pasado.

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La mafia de la cebolla

Manuel Fernando González, hombre al que le cercenaron cabeza en Tuluá, tenía 20 años. Foto:Archivo particular

Se trata de Manuel Fernando González, cuya cabeza fue dejada en inmediaciones de la plaza de mercado de Tuluá. Y al igual que pasó con Ochoa, esta apareció en una bolsa negra y fue arrojada desde una moto.

Algunos medios locales lo identificaron como comerciante de cebolla. Y un investigador le dijo a EL TIEMPO que los mismos asesinos de Ochoa (el pasado domingo) mataron a González.

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Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en una de sus alertas, narró cómo otras dos personas, también vinculadas al comercio de cebolla y cilantro, fueron asesinadas en 2020, en medio de una guerra por el control monopólico de la comercialización de esos productos.

En la alerta, de octubre de 2020, se advierte que personas ligadas a ese negocio “son objeto de amenazas, atentados contra la vida y propiedad privada, de negarse a atender las exigencias del grupo ilegal que controla su comercialización".

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Personas ligadas a ese negocio “son objeto de amenazas, atentados contra la vida y propiedad privada, de negarse a atender las exigencias del grupo ilegal que controla su comercialización": Defensoría

El poder que se le atribuye a ‘la Inmaculada’ es tal que autoridades tienen identificados satélites en Buga, Bugalagrande, Zarzal, Cartago, La Unión y Roldanillo.

Y EL TIEMPO ya reveló sus os con la mafia atrincherada en Pereira, en donde hace dos semanas asesinaron a familiares de capos de Tuluá.

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En la región también actúan bandas criminales como ‘la oficina de Tuluá’, ‘la Cruz’, ‘los Viejos’, ‘la Playita’, ‘la Balastrera’, ‘Pueblo nuevo’ y grupos en los barrios San Antonio y la San Francisco, en el corregimiento de ‘Aguaclara’.

Además, del narcotráfico y la extorsión, varios de estos grupos estarían detrás de los bloqueos a las vías en medio del paro nacional y la quema de expedientes en el Palacio de Justicia de Tuluá el pasado 25 de mayo.

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“Hacen presencia en la zona urbana y rural plana de Tuluá. Porque en la rural alta sabemos que hay otros grupos como las disidencias de las Farc”, le dijo a este diario un líder social.

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La ‘Adán Izquierdo’

En efecto, otro de los actores criminales que tienen azotada a la región son las disidencias guerrilleras. La Defensoría del Pueblo habla de la presencia, en zona rural de Tuluá, de la compañía ‘Adán Izquierdo’ de las Farc: “La llegada de este actor supone un riesgo elevado para los habitantes de corregimientos y territorios colectivos, en su mayoría población campesina e indígena”.

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El comandante de la Policía del Valle, coronel Javier Urquijo, insiste en el trabajo mancomunado con autoridades locales para capturar a los de bandas locales. Foto:Policía

EL TIEMPO habló con el comandante de Policía del Valle, coronel Javier Urquijo, quien señaló que si bien los homicidios han bajado en Tuluá un 12% con relación al 2020 (en pleno confinamiento), en el último mes se han presentado crímenes “bastante marcados”.

“Algunas bandas tomaron control sobre otros grupos. Incluso hay relevos de lugartenientes. Eso ha permitido perpetuar la violencia”, agregó el personero Pedro Antonio Ordóñez.

Y la ola de violencia también toca a líderes sociales. El 5 de junio, asesinaron al presidente la junta de acción comunal de la vereda La Moralia (reincorporado de las Farc) y María Ospina está amenazada. “Aquí no hay garantías para nadie”, dice la líder.

EL TIEMPO buscó al político, pariente del jefe de la banda criminal, y al alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez, pero no respondieron.

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CIDH pide investigar homicidios

El 24 de junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el crimen de Santiago Ochoa y de otros homicidios ocurridos en los últimos días en todo el país. Por medio de redes sociales, calificaron como “altos niveles de violencia” a los hallazgos de los cuerpos descuartizados de Ochoa y de Kevin García, de tan solo 16 años.

#Colombia🇨🇴 #CIDH expresa preocupación por los altos niveles de la violencia en el país, en particular por el hallazgo de los cuerpos descuartizados de Santiago Ochoa de 23 años, en Tuluá, Valle del Cauca, y de Kevin García de 16 años, el #20jun en La Virginia, Risaralda. 1
— CIDH - IACHR (@CIDH) June 24, 2021

García fue hallado flotando en el río Cauca en La Virginia, Risaralda. “La CIDH exhorta al Estado de Colombia a investigar estos hechos deplorables, con debida diligencia y sancionar a los autores. Así mismo, a desarrollar políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia en el país”, señaló el organismo.

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