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La Procuraduría define caso en contra de dos escuderos del Presidente Petro por venta de la Triple A
Ya había suspendido por unos días al director de la SAE, Daniel Rojas. Y estaba indagando a Superservicios.
Dagoberto Quiroga y Daniel Rojas. Foto: Sociedad de Activos Especiales (SAE)
Actualizado:
El abogado Héctor Carvajal, apoderado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del caso por presunta violación de topes electorales, también es el abogado ante la Procuraduría de Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Este último alcanzó incluso a ser suspendido dentro de un proceso que se le abrió en enero de 2023 por posibles faltas disciplinarias por el presunto incumplimiento del contrato de compraventa del 82.16 por ciento de las acciones de la Triple A S.A. E.S.P. en manos de la SAE, tasadas en 565.000 millones de pesos.
Foto de la mesa de trabajo con la Procuraduría y la Agencia de Defensa del Estado. Foto:Cortesía Alcaldía de Barranquilla.
Las conductas disciplinarias
Viceprocurador, Silviano Gómez Strauch. Foto:Procuraduría General de la Nación
Además de Rojas, otro escudero del presidente Petro estaba siendo investigado por los mismos hechos: Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Y se incluyó en el expediente a Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; y a Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE.
Para el Ministerio Público, Dagoberto Quiroga "habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato".
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De hecho, los pronunciamientos de los funcionarios del Gobierno Petro llevaron a congelar durante varias semanas la millonaria venta al Distrito de Barranquilla, generando un presunto detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual. En efecto, había una cláusula penal por 59 mil millones de pesos en caso de incumplimiento.
Por eso, el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch, acaba de proferir un auto decisorio en el que señala que es evidente que los disciplinados sí cometieron faltas graves. Sin embargo, tras una mesa técnica convocada por el Ministerio Público, se evitó el daño patrimonial al Estado. Por eso, ni Rojas ni Quiroga ni los otros dos procesados van a ser sancionados.
Para el Ministerio Público, Dagoberto Quiroga "habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato".
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De hecho, los pronunciamientos de los funcionarios del Gobierno Petro llevaron a congelar durante varias semanas la millonaria venta al Distrito de Barranquilla, generando un presunto detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual. En efecto, había una cláusula penal por 59 mil millones de pesos en caso de incumplimiento.
Por eso, el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch, acaba de proferir un auto decisorio en el que señala que es evidente que los disciplinados sí cometieron faltas graves. Sin embargo, tras una mesa técnica convocada por el Ministerio Público, se evitó el daño patrimonial al Estado. Por eso, ni Rojas ni Quiroga ni los otros dos procesados van a ser sancionados.
La defensa, las faltas y la decisión
El abogado Héctor Carvajal. Foto:Archivo particular.
EL TIEMPO conoció en primicia la decisión en donde se recogen documentación y declaraciones de varias personas -incluido el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga (quien pidió la nulidad del contrato) y a Jaime Pumarejo, entonces alcalde de Barranquilla, la Procuraduría entró a resolver de fondo el caso.
Aunque la defensa de Rojas dijo que la suspensión del contrato no se podía considerar incumplimiento y por ende no se desencadenó el millonario daño patrimonial, la Procuraduría se apartó de esos argumentos y dejó en claro que si bien no se causó el daño patrimonial, se debió a los acuerdos a los que se llagaron en medio de una mesa técnica.
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"(...) con la suscripción del acuerdo en la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría, no se configuró el elemento para la estructuración de la falta disciplinaria denominado ilicitud sustancial, toda vez que los hechos finalmente no causaron una afectación patrimonial evidente y concreta y con lo convenido se evitó que la conducta de los investigados afectara sustancialmente y sin justificación alguna el deber funcional", señala una decisión del pasado 27 de mayo proferida por el viceprocurador.
Aunque la defensa de Rojas dijo que la suspensión del contrato no se podía considerar incumplimiento y por ende no se desencadenó el millonario daño patrimonial, la Procuraduría se apartó de esos argumentos y dejó en claro que si bien no se causó el daño patrimonial, se debió a los acuerdos a los que se llagaron en medio de una mesa técnica.
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"(...) con la suscripción del acuerdo en la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría, no se configuró el elemento para la estructuración de la falta disciplinaria denominado ilicitud sustancial, toda vez que los hechos finalmente no causaron una afectación patrimonial evidente y concreta y con lo convenido se evitó que la conducta de los investigados afectara sustancialmente y sin justificación alguna el deber funcional", señala una decisión del pasado 27 de mayo proferida por el viceprocurador.
Sí hubo falta disciplinaria pero no hay sanción
Uno de los acuerdo de la mesa técnica es que las acciones de la Triple A en manos de la SAE quedaran en manos de entidades públicas y no de privados. Foto:Archivo/EL TIEMPO
En su momento fue público que, tras la mesa técnica, se concertó continuar con el trámite de la negociación de acuerdo con lo estipulado originalmente en el contrato, fijándose como fecha para la transferencia y formalización de la pignoración de las acciones el 16 de febrero de 2023.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
De hecho, ese acuerdo llevó incluso a la Procuraduría a revocar la suspensión del cargo de Rojas.
La conclusión del máximo ente disciplinario es que, "si bien existieron y en principio tipificarían falta disciplinaria, finalmente no tienen la entidad de haber afectado sustancialmente en forma ilícita los deberes funcionales y el normal desarrollo de la función pública, por lo que el despacho declarará que no se configuró el elemento de la falta disciplinaria: ilicitud sustancial".
Por esa razón, se dispuso la terminación y archivo del proceso disciplinario a Rojas Caballero, Bautista y Quiroga. La decisión se les notificará en los próximos días.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
De hecho, ese acuerdo llevó incluso a la Procuraduría a revocar la suspensión del cargo de Rojas.
La conclusión del máximo ente disciplinario es que, "si bien existieron y en principio tipificarían falta disciplinaria, finalmente no tienen la entidad de haber afectado sustancialmente en forma ilícita los deberes funcionales y el normal desarrollo de la función pública, por lo que el despacho declarará que no se configuró el elemento de la falta disciplinaria: ilicitud sustancial".
Por esa razón, se dispuso la terminación y archivo del proceso disciplinario a Rojas Caballero, Bautista y Quiroga. La decisión se les notificará en los próximos días.
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