'Que responda quien deba responder': coronel de operación Jaque tras fallo para su reintegro

En el Ejército colombiano hay varios oficiales activos y retirados indagando por un reciente fallo judicial que ordena el reintegro a las filas de un reconocido coronel que cobró relevancia por ser uno de los cerebros del rescate de secuestrados en poder de la guerrilla de las Farc, incluida Ingrid Betancourt y tres estadounidenses.

(Lo invitamos a leer: La jugosa suma que el Ejército le debe pagar al coronel Esparza, héroe de la operación Jaque) 

Tal como lo publicó EL TIEMPO, además de su reincorporación inmediata a las filas, el fallo reconoce una importante indemnización por lo que se considera el retiro irregular del coronel José Luis Esparza Guerrero, el 10 de septiembre de 2021. 

(La nota clave: Se robaron datos reservados de caso de ‘Papá Pitufo’ de oficina de contrainteligencia de Policía) 

Además de revelar apartes clave de la decisión, proferida por el juzgado 49 istrativo de Bogotá, EL TIEMPO entrevistó a Esparza quien se refirió a los responsables de su salida irregular (que lo señalaron incluso de favorecer al Eln), a su retorno al Ejército y a sus aspiraciones en el campo político, tras haber sido la fórmula a la presidencia de Ingrid Betancourt.

Hasta donde tengo entendido, el fallo es de obligatorio cumplimiento. Corresponde ahora a la institución

decidir si lo acata en los términos establecidos o si hace uso de los recursos legales disponibles. Sin embargo, más allá del aspecto jurídico, es importante entender que en este caso no hay una sola víctima. Yo fui afectado directamente, sí, pero también es víctima la institución, que fueron instrumentalizados por una minoría — plenamente identificada en el fallo— para desviar el poder con fines contrarios a la legalidad, al interés nacional y al honor militar. Una apelación contra un fallo sustentado en pruebas claras y contundentes enviaría un mensaje equivocado tanto a la ciudadanía como a las Fuerzas Militares y a quienes la integran, y expondría innecesariamente al Estado colombiano a un mayor desgaste jurídico, económico y reputacional. Más que prolongar el conflicto y llegar incluso a encubrir, este debería ser un momento para reflexionar, corregir lo que haya que corregir y permitir que el restablecimiento de derechos contribuya a la dignificación de la institución.

La acción judicial que emprendí tuvo como objetivo principal restablecer mis derechos, luego de una salida abrupta e injusta que interrumpió una carrera de más de 33 años al servicio de la patria. Mi intención siempre fue avanzar en el camino institucional hacia el generalato, no como un logro personal, sino como una forma de seguir aportando al cumplimiento de los fines esenciales del Estado desde el conocimiento estratégico y

operativo que he construido durante toda una vida de servicio.

Soy y seguiré siendo un hombre institucional. Creo profundamente en la Constitución, en el orden democrático y en la misión de la Fuerza Pública como garantía de los derechos y libertades de los colombianos. Si la decisión del Estado es reintegrarme, lo asumiré con honor y con el mismo compromiso que me ha guiado siempre, poniendo a disposición del país no solo la experiencia adquirida dentro de la institución, sino también una visión enriquecida por lo vivido desde lo civil. Servir a Colombia no depende del rango, sino del propósito. Y mi propósito sigue intacto.

Efectivamente, señalaré hechos y responsables concretos, ya lo largo del proceso judicial se evidenciaron situaciones que van más allá del ámbito istrativo y tocan aspectos de naturaleza penal. Lamentablemente, muchas de esas investigaciones y acciones permanecen inactivas dentro de la institución, y

otras aún deben iniciarse por el bien de las Fuerzas Militares, en parte porque estaban bajo el control de quienes hoy deben ser objeto de investigación. Confío en que la Fiscalía actúa con independencia y profundidad, y que analice con rigor los elementos que fueron expuestos durante mi proceso: posibles manejos irregulares de dineros de gastos reservados, falsedad

de ideológica documento público, indebido a información clasificada y ultrasecreta, así como presuntas presiones a fuentes para que declaren en mi contra. Incluso, se conoció la muerte de una de esas fuentes, quien había manifestado sentirse amenazada por no colaborar en el montaje. Estos no son hechos menores. Son situaciones graves que deben ser esclarecidas, no por mí, sino por el bien de la institución y por la confianza que los colombianos depositan en ella.

Respecto a esa participación, y como he manifestado en otras ocasiones: más que una ambición política, mi rol en la campaña con Ingrid Betancourt fue una oportunidad para restablecer mi honor. Mi salida de la institución estuvo rodeada de señalamientos infundados, entre ellos uno presentado por el propio Ejército (a medios) sobre una supuesta relación con el Eln, que luego fue replicado por otros. Doloroso porque mis principales éxitos fueron contra esa organización, siempre en Derechos Humanos y en DIH, y aun mas porque mi tío quien en la separación de mis padres, quien asumió el rol de padre fue asesinado por este grupo. En ese contexto, Ingrid me brindó una oportunidad que valoro y agradezco profundamente. Tras la campaña, no realizó actos de militancia. Hoy estoy concentrado en lo académico, en mi vida familiar y en coordinar el portal www.geodese.com , una revista de análisis en geopolítica, defensa y seguridad donde participan en retiro de la Fuerza Pública con alto nivel académico y experiencia. Además, curso un doctorado en Ciencia Política en Europa y me dedico de lleno a la crianza de mis dos hijos pequeños. Mi deseo de servir al país sigue intacto. Está en mi esencia. Pero en este momento, el enfoque está en seguir reivindicando mi honor militar.

Atraviesa un momento particularmente delicado. Se evidencia una recomposición del poder territorial en manos de estructuras criminales, disidencias y grupos armados ilegales que han aprovechado vacíos institucionales y la falta de control efectivo en varias regiones del país. Departamentos como Cauca, Nariño, Arauca, Chocó y parte del sur del Magdalena Medio enfrentan un

aumento sostenido en hechos de violencia que afecta directamente a la población civil. No se trata únicamente

de una crisis de seguridad. Conozco de cerca lo que implica reconstruir capacidades en particular en inteligencia y contrainteligencia, y por eso puedo afirmar que la recuperación del control requiere una acción técnica en estos campos, decidida y sostenida, articulada con entidades como la Fiscalía General de la Nación, eso es muy importante atendiendo

a que la dinámica de las organizaciones lo requiere con un gran esfuerzo del Estado. Hoy más que nunca, se necesita una estrategia integral que combine acción institucional, respeto por el Derecho Internacional Humanitario, fortalecimiento de esa inteligencia y contrainteligencia y un aparato judicial y políticas de desarrollo sostenibles. Solo así se podrá proteger a las comunidades, desarticular las economías ilegales que son el eje del conflicto.

Ese caso fue investigado rigurosamente tanto en la jurisdicción penal como en la istrativa, y en ambas fui absuelto de toda responsabilidad. El origen de esa denuncia estuvo relacionado con una relación sentimental consensuada con una subalterna, que lamentablemente tomó otro rumbo cuando ella se enteró de

mi decisión de contraer matrimonio con otra persona. En ese contexto, y en un corto lapso, se presentó una denuncia que no prosperó jurídicamente, pero que sí generó un profundo impacto en mi vida personal, llegando incluso a afectar mi matrimonio y posterior divorcio, sin contar con lo que hoy se ventila sin el

contexto total. Las instituciones competentes, con base en las pruebas y el respeto al debido proceso, concluyeron que no

hubo conducta indebida de mi parte. El caso está cerrado, y mi nombre ha sido reivindicado por los canales legales correspondientes. En su momento, un medio difundió versiones parciales y sin verificación, sin tomar mi punto de vista lo cual me obligó a exponer detalles que debieron permanecer en la esfera privada. Esos mismos medios hoy enfrentan procesos por injuria y calumnia ante la Fiscalía. Pido a la señora Fiscal que ese caso no sea archivado. Es importante recordar todos merecemos ser escuchados. La verdad tiene varias versiones, y ninguna puede ser ignorada cuando de justicia y dignidad se trata.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

Más que una suma específica, lo verdaderamente relevante es lo que representa esa indemnización en términos de honor. El fallo es claro, justo y sustentado en pruebas contundentes. Su propósito no es castigar a la institución, sino corregir una injusticia cometida. Es fundamental entender que el origen de esta situación no fue el Ejército como cuerpo institucional ni en su

esencia misma, sino algunas personas que, desde posiciones de mando —militar y político—, actuaron al margen de los principios del servicio y de la ley. Sus decisiones no solo afectaron mi trayectoria, sino también la credibilidad interna y externa de la Fuerza. El país necesita instituciones fuertes —no instituciones instrumentalizadas—, pero también requiere que quienes las comprometan asuman las consecuencias. Para que nunca más un uniforme se utilice como escudo para intereses personales.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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