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Gobierno pide indagar venta de acciones de la Triple A que estaban incautadas

Alcaldía de Barranquilla prepara respuesta a señalamientos de la oficina de Transparencia.

Panorámica de la planta de acueducto de Triple A. Foto: Prensa Triple A

26.12.2022 17:28 Actualizado: 26.12.2022 17:33

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En las próximas horas, la Alcaldía de Barranquilla dará a conocer un comunicado oficial con el que responderá a los cuestionamientos de fondo que el gobierno Petro le está haciendo a la venta de un paquete acciones de las empresas de Acueducto Alcantarillado y Aseo (Triple A) de la ciudad.

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Se trata del 82 por ciento de las acciones que estaban en poder de Inassa filial de la empresa pública española Canal Isabel II, incautadas por la Fiscalía tras el escándalo de corrupción que se destapó en 2018. Desde ese momento pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su istración.

Labores se realizan en el acueducto. Foto:Prensa Triple A

Tal como lo publicó EL TIEMPO, el paquete accionario fue vendido, el 3 de diciembre de 2021, por 565.000 millones de pesos, aplicando la legislación colombiana y se vendieron haciendo uso de la figura de enajenación temprana, mientras avanza el proceso de extinción.

Para España, la enajenación de las acciones se hizo aplicando normas que, dicen, solo cobijan a bienes incautados a la mafia.

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Por eso tal como lo reveló EL TIEMPO, desde el gobierno Duque y a través de correos y conversaciones, la embajada española e Inassa les han solicitado a la Consejería Presidencial para la Competitividad y a la cartera de Justicia explicaciones de lo que califican como una expropiación.

¿Espaldarazo del gobierno Petro?

Andrés Idárraga era el director de Derechos Humanos del Distrito. Foto:Archivo particular.

Ahora, el secretario para la Transparencia del Gobierno Petro, Andrés Idárraga es quién está cuestionando la transacción.

Idárraga le anticipó a la W Radio que haría un llamado a las autoridades para que investiguen un posible peculado por apropiación a favor de terceros.

Y en diálogo con EL TIEMPO anunció que radicó denuncias ante la Contraloría, la Superintendencia de Servicios de Públicos y la Fiscalía.

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Según el funcionario habría, fraude a la ley y estafa al patrimonio de Barranquilla.

Además, aseguró que aprovechando el contrato de confidencialidad que Alumbrado Público tenía con la Sae, se conoció la transacción con los compradores privados solo hasta diciembre de 2021, lo que según el funcionario constituye una posible ilegalidad del contrato de compraventa.

El empresario William Vélez. Foto:Archivo particular

En el contrato consta que la compradora de las acciones es la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla, en donde el 65 por ciento es de la Alcaldía y el resto, de Barranquilla Capital Luz. En esta última aparecen como accionistas firmas de los empresarios William Vélez y los hermanos Christian y José Manuel Daes.

Idárraga también habla de un supuesto 'mico' en la ley que modificó el código de extinción de dominio.

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"Hubo omisiones en el comité técnico de la SAE a través de un 'mico' en la modificación del código de extinción de dominio, legalizaron que un tercero privado se involucrara en la negociación", aseguró el funcionario.

Esta postura coincide con los reparos que se vienen haciendo desde España. Y aunque no se conocen los términos de la respuesta de la alcaldía de Barranquilla, es claro que harán referencia a que los privados entregaron su participación del negocio al distrito.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

En la práctica esto significa que los privados nunca ejercieron como socios.

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