Corte falla a favor de estudiante víctima de bullying obligada a repetir el año: colegio debe pedir perdón y Mineducación cambiar su estrategia de prevención

En una decisión trascendental en la lucha contra el bullying, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación revisar y complementar la estrategia nacional contra el acoso escolar, por medio de una sentencia en la que resolvió una tutela por un caso en el que se le vulneró el derecho a la educación a una menor víctima de acoso y con afectaciones en su salud mental.

Se trata de un caso en el que una menor de edad y su madre interpusieron una tutela luego de que el colegio en el que la estudiante cursaba grado once el año pasado no le dejase recuperar unas materias en las que había reprobado, argumentando falta de evolución y desinterés en su proceso formativo.

Sin embargo, la joven y su familia (cuyos nombres no fueron revelados para proteger su identidad) argumentaron que mientras a ella no se le permitió recuperar, a todos sus compañeros con materias pendientes sí, y que el colegio no consideró en su decisión la situación médica de la menor, quien sufrió un grave caso de bullying por parte de sus compañeros (y hasta sus profesores), presenta afectaciones en su salud mental, al punto de recibir medicación psiquiátrica, cuyos efectos habrían afectado su desempeño académico.

La decisión del colegio, sumado a los protocolos de atención a casos de personas con problemas de salud mental y víctimas de acoso, no solo llevaron al Alto Tribunal a darle la razón a la joven y que se replantee el manual de convivencia de la institución, sino que también ordenó al Mineducación a ser mucho más claro, detallado y específico en su estrategia nacional contra el acoso escolar.

De acuerdo con la tutela, la menor presenta problemas de salud mental desde el año 2019, y que fue diagnosticada con un cuadro depresivo en el 2020. La situación requirió de intervención médica, al punto que fue medicada por su psiquiatra.

Esta condición le causó problemas en el colegio, según contó la madre de la estudiante: entre los efectos secundarios de los medicamentos se encuentran somnolencia diurna, lo cual repercutió en su capacidad de concentrarse y, por lo tanto, en sus notas.

Pero todo empeoró en 2023, cuando se presentaron los casos de acoso escolar. Ese año, mientras estaba cursando grado once, comenzó a recibir hostigamientos por parte de sus compañeros, algunos de ellos muy graves.

La corte señaló que “según puede apreciarse en el expediente, otros estudiantes de la Institución Educativa han empleado medios físicos y virtuales de hostigamiento en contra de la menor de edad. La denuncia de tales eventos ha provocado nuevos eventos de intimidación. Entre los primeros, se encuentran conductas de seguimiento físico, violencia física (en concreto, empujones) e incluso un evento en que sus compañeros introdujeron una sustancia en su bebida. Entre los segundos, capturas de pantalla de conversaciones presuntamente entre sus compañeros, en las que se alude a la dinámica escolar y se manifiesta específicamente el deseo de que la estudiante muera y la planificación de ataques en su contra”.

De esta forma, la sentencia detalla algunos de estos mensajes que fueron distribuidos por WhatsApp entre sus compañeros: “la quiero desaparecer”, “la estúpida esa ya debería estar muerta”, “si no logro que la mate otra persona lo haré yo con mis propias manos”, “dejen que entremos al colegio que voy a hacer su vida insoportable”, “la quiero ver suplicando que la deje tranquila”, entre otros.

Ante esto, la familia de la menor hizo las respectivas denuncias, lo cual, en lugar de frenar el hostigamiento, lo habría incrementado, siendo la víctima seguida hasta su casa por las presuntas victimarias, quienes la esperaban en la salida del colegio.

En relación con ello, en el informe de la Defensoría del Pueblo consta la denuncia sobre este tipo de hostigamiento, pero en esa instancia la joven también aseguró que el acoso escolar no solo provino de la conducta de los estudiantes; los docentes también habrían participado, al punto de someter su historia clínica al escarnio público.

Y es que, dicen la menor y su madre, los profesores se molestaban porque se dormía en clase, algunos hasta se burlaban de ella, e incluso su directora de curso divulgaba detalles de su condición médica y sus crisis de salud mental frente a todo el salón.

En septiembre de 2023, y luego de un episodio de ideación suicida, la psiquiatra recomendó que terminara el año escolar en casa, de manera remota, ante lo cual la institución aceptó.

Pese a ello, la familia sostiene que nunca se le hizo el suficiente seguimiento a su proceso académico, y que no se tomaron las suficientes medidas diferenciales para tratar su caso, por lo que, al perder varias materias y no permitirle recuperarlas, se le estaba vulnerando su derecho a la educación.

Cabe aclarar que en medio de estos casos, los colegios deben formular un ‘Plan Individual de apoyos y ajustes razonables’ (PIAR), un plan de estudios individualizado previsto para “garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos, los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción” de quienes se encuentran en situación de discapacidad o de alguna limitación física o mental que amerite un trato diferenciado en pro de la concreción del proceso de aprendizaje.

En este caso, la institución estableció un PIAR, pero este no obedeció a las condiciones de la estudiante. De acuerdo con la Corte, “omitió aspectos trascendentales en su construcción. Se abstuvo de precisar la situación familiar de la menor de edad, al punto de prescindir de la enfermedad por la que atravesaba su única acudiente (la madre fue diagnosticada en 2023 con cáncer de mama). Sobre el contexto familiar, la institución educativa se limitó a registrar el número de o de la acudiente. También, de modo sorprendente, el documento niega la existencia de tratamiento médico alguno y también de consumo de medicamentos que incidan en el proceso de aprendizaje de la estudiante”.

La sentencia de la Corte no solo es significativa porque sienta un precedente en cuanto a la forma en que los colegios deben atender los casos de acoso escolar y los problemas de salud mental de los estudiantes. También da directrices a las entidades competentes (Ministerio de Educación, colegios, etc.).

Concretamente ordena, entre otras cosas, al colegio a replantear su manual de convivencia, al Ministerio de Educación a cambiar sus lineamientos para la prevención y atención al acoso escolar, e incluso ordena a estas dos instituciones y a la secretaría de educación del municipio a que “dentro del término máximo de tres meses posterior a la notificación de la providencia, y en una fecha académica hábil, realicen un acto de excusas públicas, manifestación de compromiso institucional y agradecimiento a la menor de edad”.

Así mismo, ordena que la menor pueda ser nuevamente vinculada a la institución y que esta le ofrezca un plan alternativo de nivelación, realizado por docentes ajenos al colegio para evitar nuevamente un episodio de acoso.

Pero, tal vez, lo más llamativo es que el Alto Tribunal decidió explicar su decisión a la joven por medio de una carta que, en lenguaje sencillo, detalla cada una de sus determinaciones sobre el caso.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Subeditor. Periodista de Educación.