Las novedades del decreto sobre la gratuidad en la educación superior pública

Con la expedición del Decreto 2271 de 2023, el Gobierno Nacional amplió la gratuidad en la educación superior pública en Colombia, una política que cobijará los programas técnicos, tecnológicos y profesionales. No se trata, sin embargo, de la primera medida para garantizar el a este nivel educativo de forma gratuita. Desde el gobierno del expresidente Iván Duque se había implementado la política de matrícula cero, que permitía librar de estos costos a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. En 2023, el requisito era que los beneficiarios pertenecieran al grupo del Sisbén IV.

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¿Qué es, entonces, lo nuevo en la medida anunciada por el gobierno actual? Para empezar, el decreto busca reglamentar la Ley 2307 de 2023, que fue aprobada por el Congreso en julio y sancionada por el presidente Gustavo Petro en agosto pasado. Entre otras cosas, la norma mencionaba que su objetivo era “eliminar barreras de y garantizar la permanencia educativa”.

Una de las novedades del decreto es que plantea una inyección de recursos para financiar la política. De hecho, el presidente Gustavo Petro anunció que para implementarla este año se destinarán 2,8 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación.

Entre otra cosas, el Ministerio de Educación transferirá directamente a las instituciones de educación superior públicas los recursos necesarios para cubrir la matrícula ordinaria neta de los beneficiarios.

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La jefa de esa cartera ministerial, Aurora Vergara, sostuvo que el sector en la actualidad cuenta con un presupuesto suficientemente robusto como para respaldar el a la educación superior.

“Este es uno de los programas prioritarios del Gobierno y vamos a transitar de 58 billones de pesos en 2023, que es la operación de todo el sector, a 70 billones de pesos. Y, a medida que vayamos avanzando, esperamos continuar con el crecimiento”, sostuvo la alta funcionaria.

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Mientras tanto, el primer mandatario advirtió que su objetivo es garantizar que la educación superior sea un derecho para todas las personas que habitan en Colombia.

En efecto, otra de las novedades del programa tiene que ver con la flexibilización de requisitos para acceder a este nivel de formación. Si antes la matrícula cero se limitaba a los estudiantes de algunos estratos socieconómicos, ahora este indicador no se usará como un criterio para entregar los beneficios.

“La reflexión que hizo el equipo del Congreso a medida que iba avanzando en la deliberación de la ley era que en los estratos 4,5 y 6 que no habían sido contemplados previamente se oculta una población que tiene unos retos socioeconómicos importantes. Entonces, las universidades van a identificar cuáles de estas familias requieren acceder a educación por esta vía”, explicó la ministra Vergara.

También se priorizarán algunas poblaciones específicas que habitan el país, como los indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctimas del conflicto, personas en condición de discapacidad, comunidades campesinas y personas privadas de la libertad.

Para acceder a la gratuidad en este programa de educación superior es indispensable estar registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies) como matriculado en un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), en alguna de las instituciones de educación superior públicas.

Adicionalmente, es clave tener en cuenta que el aspirante que quiera gozar del beneficio no puede haber obtenido ningún título de un programa profesional universitario.

Esto no quiere decir, sin embargo, que los estudiantes que han accedido a otros programas educativos que otorga el Estado colombiano no puedan aplicar a la gratuidad.

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De hecho, el decreto expedido por el Gobierno Nacional advierte que a aquellos alumnos que a la fecha de expedición del articulado sean beneficiarios del programa Generación E, componente de equidad, o del Fondo Solidario para la Educación en la línea de auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública, conforme a lo establecido en el Decreto 1667 de 2021, se les garantizará la continuidad del beneficio.

Ahora bien, vale decir que esta gratuidad aplica únicamente para lo que el Ministerio de Educación definió como “matrícula ordinaria neta”, la cual “corresponde al valor inicialmente liquidado por las instituciones de educación superior públicas por concepto de matrícula”, según indicó la cartera ministerial.

En otras palabras, este programa no cobijará otros costos que tendrían que asumir los estudiantes durante su período académico como los derechos pecuniarios por cursos intersemestrales, los derechos de grado y los cobros complementarios extraordinarios, entre otros rubros.

Sin embargo, el Ministerio de Educación también ha indicado que, de manera gradual, llevará a cabo programas intersectoriales con el fin de asignar apoyos de sostenimiento para los beneficiarios que se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Estos beneficios adicionales se implementarán de la mano de otras instituciones públicas como el Departamento istrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el Icetex. “Una de las lecciones más relevantes que le deja la pandemia al sector educativo es la importancia de reconocer que el bienestar universitario es fundamental para el éxito universitario”, apuntó la ministra Vergara.

Y advirtió que también hay que reconocer la demanda por garantizar que la matrícula venga acompañada de apoyos que les permitan a los estudiantes conseguir el éxito académico, una petición que ha sido mencionada con frecuencia por parte de los movimientos estudiantiles del país.

Ángel Pérez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar, sostuvo que si bien celebra la decisión del Gobierno Nacional de buscar que la educación superior sea una garantía, hay dificultades presupuestales en otros niveles de formación.

“Estamos invirtiendo en educación superior, cuando todavía tenemos muchos problemas en básica y media. Hay muchachos que estudian en colegios que realmente no tienen ninguna dotación, casi en ranchos con techos de latas y piso en tierra”, indicó el experto. Y mencionó casos puntuales en zonas rurales dispersas donde las instituciones educativas no cuentan con a servicios públicos.

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Pérez también indicó que la nueva política está enfocada exclusivamente en universidades públicas, que ya venían garantizando la matrícula cero, no solo para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Por ello, consideró que el efecto que tiene esta decisión en la realidad educativa del país podría ser limitado.

Adicionalmente, sostuvo que a la hora de trazar estas políticas públicas debería tenerse más en cuenta el papel del sector privado, que también presta servicios a los colombianos de estratos 1, 2 y 3, pues les daría más alternativas educativas a estas poblaciones.

REDACCIÓN EL TIEMPO