Universidad Nacional declara desierto polémico contrato de seguridad por $ 98.000 millones

La Universidad Nacional declaró desierto el multimillonario proceso de licitación para el servicio de seguridad y vigilancia que, semanas antes, había sido objeto de cuestionamientos al ser considerado por algunos sectores como por presuntos vicios de legalidad.

Se trata de un contrato por $ 98.614 millones de pesos para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad para todas las 9 sedes de la Universidad Nacional, al cual solo se presentó un proponente: la Unión Temporal Alianza Segura, conformada por las empresas Detección Seguridad Privada LTDA y Seguridad El Pentágono Colombiano Limitada.

De acuerdo con un informe presentado por la institución, en el que se explica la decisión de negar otorgarle la licitación a la mencionada unión temporal y declarar desierto el proceso, se especifica que esta determinación se tomó porque no se habrían cumplido con los requisitos establecidos en los pliegos.

Concretamente, el oferente no habría realizado una visita técnica, que debía hacerse en todas las nueve sedes de la universidad, lo cual era un punto obligatorio en los pliegos de condiciones.

Ante ello, la institución aseguró que “la propuesta presentada no cumplió con lo establecido en el numeral 2.3. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA del pliego de condiciones y, en consecuencia, el proponente incurrió en la causal de rechazo contenida en el literal b del capítulo V. Causales de rechazo establecido en el pliego de condiciones”.

El proceso había estado en el ojo del huracán por cuenta de graves señalamientos respecto a la transparencia del mismo. De acuerdo con Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la universidad, lo anterior implicaría un “alto riesgo de corrupción por irregularidades, falta de control, transparencia, publicidad y selección objetiva”.

Y es que, asegura, no solo el que se haya presentado un único oferente puede dar indicios de una contratación “a la medida” y “a dedo”, sino que además no se habrían cumplido con las normas necesarias para este tipo de procesos.

Concretamente, Torres señala que el proceso fue publicado solo en la página web de la universidad el pasado 20 de diciembre durante el periodo de vacaciones “manteniendo un bajo perfil”. De esta forma, no se habría hecho público en el Secop II, plataforma donde se deben publicar todos los procesos de contratación de las diferentes entidades del Estado.

A esto se suman dudas con respecto a la celeridad con que se cerró (un mes), dado que normalmente este tipo de contratos se suelen entregar en un periodo que ronda los tres meses. Aunque en este punto, es necesario aclarar que pese a lo que el profesor Torres ha llamado un proceso adelantado “a una velocidad exprés”, no existe en la normativa actual estipulación alguna respecto que determine que no se pueda hacer la contratación en los tiempos en que se hizo.

De esta forma, para el docente “Todo pareciera indicar que se confeccionaron los pliegos 'tipo sastre' como lo han insinuado otras empresas de vigilancia, en donde se incluyeron requisitos exorbitantes desproporcionados e irregulares que no permiten si no que un solo oferente se presentara”.

Con respecto a estos requisitos, existen dos oficios presentados por dos empresas que en un principio habían manifestado su interés en competir por el contrato, en los que manifiestan su inconformidad con los pliegos.

Uno de ellos es de la empresa Seguridad Montevideo Ltda. En un documento enviado al rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, la compañía asegura que “muchos de los términos se consideraban desproporcionados, al igual que algunos de ellos inobservaban la normativa del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia”.

Y agrega: “De hecho, nuestra empresa, como muchas otras empresas, desistieron de presentar su propuesta en razón a estos requerimientos, que difícilmente podrían cumplir las empresas de este sector, generando un manto de dudas respecto al pliego de condiciones, sin pretender insinuar que en este caso estamos ante una especie de ‘pliego sastre’ en beneficio de algún oferente”.

Otra empresa que manifestó su descontento fue Zona de Seguridad Ltda., que en otro oficio dirigido al rector Múnera señaló que la institución no tuvo en cuenta las observaciones hechas por los interesados en el proceso: “Al revisarse las observaciones al pliego, realizadas por varios oferentes, estas no fueron tenidas en cuenta, lo que deja un manto de dudas respecto a la posibilidad de un proceso direccionado, sin querer con esto afirmarlo tácitamente”.

Y agrega: “Es también de especial observancia que solo una Unión Temporal se haya presentado a la oferta económica, lo que no permite una rigurosa pluralidad de oferentes para la asignación de este contrato de tan alto valor, conforme lo piden las normas de contratación estatal de nuestro país”.

Entre los requisitos que las empresas consideran desproporcionados y posiblemente de un direccionamiento del contrato hacia un oferente en particular se encuentra sobrecalificación del personal y exigencias de infraestructura física que no tendría incidencia real sobre la prestación del servicio.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Subeditor Vida - Educación