Decreto de Mineducación tiene en alerta a las universidades: exigen formalizar a docentes, pero ¿y los recursos?

Gran malestar hay entre los rectores de las universidades públicas por cuenta del Decreto 0391 de 2025, que publicó hace un mes el Ministerio de Educación, y con el cual se busca “formalizar” a los docentes y istrativos de las instituciones de educación superior oficiales, lo que se traduce en acabar o reducir a su mínima expresión los cargos ocasionales, a término fijo o de hora cátedra, y reemplazarlos con contratos a término indefinido de planta.

Si bien con esto se argumenta que es necesario mejorar las condiciones laborales de estos docentes (incluyendo el sistema de ascenso, las bonificaciones por puntos, primas y demás beneficios), desde las instituciones de educación superior se ha cuestionado que dicha norma tendría un importante impacto fiscal en sus finanzas, y que en el decreto no se establecen fuentes adicionales de financiación que puedan suplir este aumento importante en sus costos operativos, en especial para un sector que arrastra un déficit presupuestal de décadas, y que de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE) ronda los $20 billones de pesos.

Y es que de acuerdo con las últimas cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) las instituciones públicas del país cuentan con alrededor de 83.000 docentes, de los cuales apenas 18.777 (el 22,32 por ciento) tienen contrato a término indefinido. El resto son ocasionales (el 44,53 por ciento), a término fijo (el 21,99 por ciento) o de hora cátedra (10,82 por ciento).

Ante esto, Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) aseguró que "estos planes de formalización le costarían 2,9 billones de pesos adicionales a la base presupuestal de funcionamiento" solamente a las universidades públicas (sin tener en cuenta a las instituciones técnicas y tecnológicas oficiales, a las cuales también se les aplica el decreto).

“Contrario al mensaje que lanza el Ministerio, este decreto no reduce la precarización de las universidades públicas, sino que por el contrario la profundiza, constituyéndose en una norma adicional sin financiación que ahonda la crisis financiera, y que en materia procedimental y presupuestaria resulta contraria a la autonomía universitaria”, señaló Torres en una carta.

Precisamente, el tema de la financiación es el que ha causado más malestar en el sector, que dice no oponerse a que se mejoren las condiciones laborales de los maestros. El decreto cuenta con un aparte en el que se dice cómo se financiarían los planes de formalización, en los que hace referencia a tres principales fuentes: en primer lugar, los recursos adicionales acordados para las vigencias 2019-2022, el dinero asignado por el Presupuesto General de la Nación y los recursos adicionales que consigan las instituciones por cuenta propia.

Ante esto, Torres cuestionó este punto del decreto, argumentando que “las universidades estatales han mostrado a través de sus ejecuciones presupuestales que presentan crecimientos en sus gastos de personal de 6,4 puntos adicionales al IPC, que no son financiados por el Estado con la norma actual; sobre lo cual resulta antijurídico y antieconómico agregar una nueva obligación de la magnitud que se plantea en este decreto, sin que exista una nueva fuente de financiación específica”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, señaló que tras publicarse el decreto, la institución hizo un ejercicio para calcular cuánto crecerían sus gastos operacionales, ante lo cual se hizo un cálculo cercano a los $226.000 millones de pesos al año, dinero con el que asegura no contar.

Este mismo argumento fue dado por el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman en una columna de opinión publicada hace unos días en este diario: “Las fuentes de financiación bordean lo cómico. Se deben usar los recursos adicionales asignados el 2019 por el Gobierno, los recursos provenientes del artículo 86 de la Ley 30 (que son ingresos regulares), y finalmente los recursos del Plan Nacional de Desarrollo, que estaban destinados a cubrir gratuidad y rubros crónicamente desfinanciados. No hay ni un peso nuevo en el decreto para financiar la 'dignificación'”.

Otra voz que respalda a la de las universidades es la de Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana: “Efectivamente tienen razón los rectores, partiendo de una premisa, y es que no sería ni correcto, ni justo, ni políticamente ideal desear que la situación se mantenga igual y no permitir la formalización de los docentes. El punto es que al ser universidades públicas se entiende por defecto que es el Estado quien debe ayudar a asumir en su gran parte el financiamiento de lo que esto cuesta”.

Y agrega: “Los rectores dicen ‘Gobierno, ayúdenos’, el Gobierno dice ‘yo ya les he dado plata’. Pero el punto es que la plata dada por el Gobierno ha sido más para inversión que para funcionamiento y esto significaría que la formalización demandaría muchos recursos adicionales año a año que no se tiene”.

Más allá del tema financiero, desde las universidades se han cuestionado otros aspectos del decreto. Por ejemplo, el documento establece un plazo de 12 meses a partir de la expedición del mismo para que estructuren Planes de Formalización Laboral y empiecen de manera inmediata con la vinculación laboral del personal.

De esta manera, cada institución deberá garantizar que estos planes avancen mínimo en un 40 por ciento para el 21 de diciembre de 2026, y el 80 por ciento al 31 de diciembre de 2027.

Al respecto, Lopera señaló que “el decreto es confuso, es ambiguo y no es claro exactamente en su alcance. Por un lado, porque no está la plata. Segundo, porque da unos porcentajes, pero no detalla exactamente a qué se refiere cuando dice que a finales del próximo año ya tiene que estar avanzado el 40 por ciento del plan de formalización y luego el 80 por ciento para 2027. No se aclara si ese porcentaje se refiere al diseño del plan o a que el 40 por ciento de la totalidad de los contratos deben ser ya de planta”.

El decreto también dice que estos planes deben contar con la participación obligatoria de los sindicatos. Otra condición es que la provisión de los empleos de carrera se haga mediante concurso de mérito.

Ambos puntos han sido cuestionados por figuras importantes del sector como Wasserman: “hubo 12 mesas de conversación con los sindicatos Aspu, Sintraunal y Ultradec, pero por ningún lado aparecen consultas con expertos, rectores, el Sistema Universitario Estatal, o la Asociación Colombiana de Universidades”.

El exrector de la Nacional también insiste en que no estaría bien acabar con todas las modalidades de contratación: “hay también auxiliares, asistentes, profesores de cátedra y docentes que dictan asignaturas o apoyan a profesores titulares. Ninguna función es indigna. Algunos temporales aspiran a la carrera docente, otros no tienen interés y no les sirve un contrato de planta, y algunos, cuyos conocimientos dependen de su experiencia en la práctica, es mejor que sigan así y no que se vuelvan 'teóricos' (es decir que no ejerzan la docencia como su labor principal)”.

Finalmente, Lopera hace notar que los términos puestos en el decreto no necesariamente van a beneficiar a los docentes actuales, quienes de hecho correrían el riesgo de perder sus empleos: “Una línea que ha generado mucha polémica es el hecho de que el Gobierno habla de concurso de méritos. Algunos creen que lo que va a pasar es que automáticamente todos los actuales profesores de cátedra y ocasionales van a pasar a ser profesores de planta y esto no necesariamente es así. Al abrir un concurso de méritos es posible que muchos de los profesores de cátedra y ocasionales que llevan años en las universidades se puedan quedar por fuera”.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Educación - Vida