Solo un continente está libre de la práctica de ablación

Más de 230 millones de mujeres y niñas han sufrido de mutilación genital femenina (MGF), según un informe de Unicef de 2024. La ablación, como también se le conoce a esta práctica, consiste en la remoción parcial o total de los órganos sexuales externos o la lesión a estos sin ningún propósito médico.

Aunque África reúne el mayor número de víctimas de esta práctica, con más de 144 millones, seguida por Asia y Medio Oriente, Unicef recalca que entre 1 y 2 millones de mujeres y niñas de pequeñas comunidades en otras regiones del mundo también han sido sometidas a la ablación. La pandemia retrocedió el trabajo en este aspecto y se calcula que los casos en ese momento aumentaron en 2 millones.

La única región que está exenta de esta práctica, muy propia de poblaciones indígenas y/o de la diáspora, es la Antártida. En total, son 94 países donde aún persiste esta ‘tradición cultural’, que va en contravía al derecho a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, es considerada una forma de tortura y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Que la ablación esté presente en casi todos los continentes da cuenta de que es un problema global que requiere atención.

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Organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres estiman además que el número de países donde se practica la MGF puede ser más amplio, ya que a nivel estatal en muchas naciones no se recolectan datos al respecto y la ablación está más presente en comunidades recónditas, a las que son difíciles de acceder.

Entre 2020 hasta la fecha, las organizaciones End FGM European Network, End FGM/C U.S. Network y Equality Now encontraron tres nuevos lugares donde se está practicando la ablación: Azerbaiyán, Vietnam y Camboya. Esta información está recogida en el documento ‘El momento es ahora. Poner fin a la mutilación genital femenina: urge una respuesta global’, que se publicó esta semana.

Asimismo, este informe mostró la incidencia de la MGF en varios países, incluidos Arabia Saudita, Malasia, Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas y Colombia, siendo este el único país de Latinoamérica del que se tiene información al respecto. Se estima que en comunidades indígenas de México, Panamá y Perú existe la ablación, pero se requiere más investigación para corroborar las sospechas.

De esos 94 países, solo 59 (62 por ciento) cuenta con normativa que prohíbe expresamente esta práctica. Y Colombia no es uno de ellos. “Reconocer oficialmente la MGF como una violación es el primer paso para implementar intervenciones para erradicarla y proteger a las mujeres y las niñas”, recalca el informe de End FGM European Network, End FGM/C U.S. Network y Equality Now.

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Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 le apuestan en su meta cinco a “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y uno de los propósitos para alcanzar ese objetivo es de eliminar todas las prácticas nocivas contra ellas, incluyendo la MGF.

De acuerdo con Unicef, si se sigue el ritmo actual, la meta con relación a la ablación no se cumpliría para 2030. Para lograrlo, se tendría que trabajar “27 veces más rápido para alcanzar ese objetivo”, se lee en el informe de Unicef.

Para 2030, se estima que, si no se hace nada, 4.6 millones niñas serán sometidas a la MGF, una cifra que, en vez de decrecer, aumenta con el tiempo. En 2024, fueron 4.4 millones de niñas y en 2019 4.1 millones.

Según End FGM European Network, End FGM/C U.S. Network y Equality Now, para eliminar la MGF para 2030 se debería fortalecer el compromiso político mundial, investigar más, aumentar los recursos, crear leyes y hacer cumplir las existentes, y apoyar a las sobrevivientes.

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El tema de la inversión es crucial. Y, aunque hay recursos, estos no son suficientes. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), se necesitan 3.300 millones de dólares para acabar con la MGF para 2030 y cumplir la meta específica de los ODS en 31 países prioritarios, pero solo se están transfiriendo 275 millones de dólares para dicho propósito.

Desmontar la MGF es complejo debido al arraigo de muchas comunidades alrededor esta práctica nociva. Los orígenes de la ablación se remontan a antes del cristianismo e islamismo. Y diferentes comunidades, sin una cercanía territorial, cosmogónica e ideológica, la han llevado a cabo y sostenido en el tiempo.

La MGF trae consecuencias en el tiempo para las mujeres y niñas sometidas a esta práctica, especialmente porque se hace en entornos no médicos, sin anestesia y equipos de esterilización. El peor desenlace es la muerte y, en África, la ablación está entre las principales causas de decesos entre las niñas y adolescentes, por encima de infecciones entéricas (causadas por hongos, parásitos, virus, bacterias, entre otros organismos), respiratorias o malaria.

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Por ejemplo, en enero del año pasado en Sierra Leona se registraron las muertes de tres niñas asociadas a una hemorragia tras practicarles la MGF. Y, en noviembre, una mujer en Kenia murió por causas relacionadas. Esto ocurrió en dos países donde existe legislación que prohíbe la ablación.

Un estudio de la Universidad de Birmingham de 2023 calculó que anualmente mueren 44.320 niñas y mujeres en 15 países de ese continente a causa de este procedimiento. Es decir, una niña cada 12 minutos.

“Mientras que los conflictos armados en África causaron aproximadamente 48.000 muertes en combate por año entre 1995 y 2015, nuestra investigación sugiere que la MGF provoca alrededor de 44.000 fallecimientos anuales. Esto coloca a la MGF entre los desafíos de salud pública más graves a los que se enfrentan estas naciones”, escribieron los investigadores de dicho estudio en un artículo de The Conversation.

La práctica de la ablación sin cuidado médico puede generar hemorragias severas e infecciones que sin un cuidado adecuado producen la muerte. Aquellas que son sometidas a la mutilación y logran sobrevivir también cargan con problemas de salud física y mental a lo largo del tiempo.

Además de la hemorragia y las infecciones, "otras complicaciones inmediatas incluyen dolor agudo, conmoción o tétanos, retención de orina, ulceración de la zona genital y lesión del tejido adyacente, infección de la herida, infección de orina, fiebre y septicemia. Las consecuencias a largo plazo pueden ser la anemia, formación de quistes y abscesos, formación de tejido queloide, daño a la uretra que produce incontinencia urinaria, dispareunia (coito doloroso), disfunción sexual, hipersensibilidad de la zona genital, mayor riesgo de transmisión del VIH, complicaciones durante el parto y efectos psicológicos”, enumera la Unfpa.

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Estas consecuencias también dependen del tipo de MGF que se practique (son cuatro en total), aunque en la infibulación (estrechamiento de la abertura vaginal) son más frecuentes. Sumando a los posibles efectos la esterilidad en este caso. “La infibulación crea una barrera física para el coito y el parto. Por tanto, una mujer que se ha sometido a este procedimiento tiene que sufrir una dilatación gradual de la abertura vaginal antes de tener una relación sexual”, precisa la Unfpa.

La MGF sigue siendo “legal” en cinco de los 28 países donde más incidencia tiene. Y no es que constitucionalmente esté escrita su legalidad, sino que, como no está prohibida, se entiende que se puede practicar. 

Aunque la normativa es importante, no significa que va a erradicarse la ablación de inmediato. Ya se mencionaron lo casos de Sierra Leona y Kenia. Y, por otro lado, en naciones donde existe leyes hay riesgos de retrocesos. En Gambia, Kenia y Etiopía ha habido intentos por tumbar la prohibición expresa.

“Las disposiciones legales específicas contra la MGF funcionan como una declaración de voluntad política y demuestran el compromiso de los gobiernos de poner fin a esta práctica nociva. Además, considerarla como un delito penal puede actuar como elemento disuasorio y utilizarse como herramienta educativa y de concientización y sensibilización para las comunidades afectadas”, recalca el informe de End FGM European Network, End FGM/C U.S. Network y Equality Now.

En Estados Unidos y Canadá, los otros dos países del continente americano donde se ha evidenciado la existencia de esta práctica, especialmente entre comunidades de la diáspora, existen disposiciones legales contra la MGF. Y en Colombia, el único país de Latinoamérica en el que hay certeza de que algunas comunidades indígenas realizan la ablación, se encuentran en trámite dos proyectos de ley que le apuntan a la erradicación de este tema.

Justo esta semana, se aprobó en primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que lideran las congresistas Carolina Giraldo, Jénnifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Angélica Lozano. La iniciativa le da prioridad a un enfoque de prevención sobre uno punitivo. Y fue concertado con la Confederación de la Gran Nación Embera (Connpec). “Las mismas mujeres indígenas fueron las que nos pidieron legislar para erradicar esta práctica”, dijo la representante Giraldo, que representa al departamento de Risaralda, en donde se han encontrado más casos. 

"Esta es la primera vez que tenemos en el Congreso un proyecto de ley para la erradicación de la ablación. Desde hacía 25 años, no había una mujer representante por Risaralda. Cuando llegué al Congreso, me senté con las mujeres indígenas embera de Pueblo Rico y me pusieron esta tarea", agregó la representante.

Juliana Dominico, consejera de Connpec, precisa que no todas las comunidades emberas (son cinco familias en 19 departamentos) practican la ablación como una expresión cultural. Sin embargo, se cree que la MGF (término que desde la Confederación evitan usar) se está extendiendo debido a los matrimonios entre de los diferentes pueblos emberás.

“Las mayoras dicen que se trata de una práctica ancestral y cultural para que la mujer sea fiel y no le crezca el gallo (clítoris). Incluso, ellas no lo llaman práctica, sino curación”, explica Dominico, que es del pueblo embera eyabida y trabaja dentro de Connpec para desmontar la ablación, hacer incidencia entre las lideresas indígenas y concientizar sobre los riesgos de la MGF.

El informe de End FGM European Network, End FGM/C U.S. Network y Equality Now recoge el testimonio anónimo de una mujer embera chamí que ilustra bien lo que comenta Dominico. “En nuestra comunidad, a las mujeres se les ha dicho muchas veces que guarden silencio, que obedezcan y acepten la vida como es. Uno de los secretos que guardan las mujeres de nuestra comunidad es algo que sólo puedo describir como una herida oculta, una práctica que llamamos ‘la cura’, que se realiza a niñas recién nacidas, a menudo sin el conocimiento o el permiso de la madre. Mi primer encuentro con ella fue cuando nació mi primera hija. Después del parto, mi suegra, una partera, se la llevó y dijo que la cuidaría mientras yo descansaba. Cuando la trajeron de vuelta, parecía herida y lloraba desconsolada. Mis preguntas fueron respondidas con silencio o desestimadas como cosas que yo ‘no entendería’”.

Sin ‘la cura’, se cree que las mujeres serán promiscuas y no deseables para contraer matrimonio, por lo enfrentarán prejuicios y violencia. “El miedo a esto impulsa a muchas familias a seguir con la práctica, aunque se sientan incómodas con ello”, complementa el testimonio.

En 2007, el país conoció la existencia de esta práctica nociva luego de que se extendió la noticia de que una bebé embera chamí de Pueblo Rico, Risaralda, murió tras practicarle la ablación. “Este era un secreto de las mujeres, especialmente de las mayoras y las parteras. Yo empecé a hacer pedagogía sobre esto hacia el año del 2009. Y ahora son muchas las mujeres y hombres que alzamos nuestra voz en contra y sostenemos que esto no es cultura. Nuestra cultura se expresa en nuestra forma de vestir, nuestra lengua, nuestra pintura, nuestra comida y festividades. No en esto. La cultura no daña ”, agrega Dominico.

En el país no hay registros oficiales de cuántas niñas y mujeres emberas han sido sometidas a la MGF. En 2023, se reportaron 90 casos y, en 2024, 54. Sin embargo, estos reportes derivan de hospitalizaciones y consultas a centros médicos para tratar los efectos adyacentes a la ablación. También los datos se levantan con la voz a voz y el trabajo que hacen personas como Juliana Dominico. 

El Ministerio de Salud calcula que esta práctica se realiza en niñas embera entre el primer mes de nacidas y hasta los 5 años. La consejera de la Connpec señala que no hay una edad exacta, que ha recibido información de que se extiende hasta menores de 14 y 17 años.

“Esta práctica no le debería de importar solo a la nación embera, pues estamos hablando de un tema de salud pública”, recalca Dominico, coincidiendo con la mirada de los investigadores de Birmingham. 

Desde el informe End FGM European Network, End FGM/C U.S. Network y Equality Now, hay una recomendación de abordar este tema desde una mirada interseccional y en derechos humanos. “Las comunidades y las sobrevivientes afectadas por la mutilación genital femenina son diversas e incluyen personas de diferentes orígenes socioeconómicos, nacionalidades, etnias y culturas. Estas experiencias vividas, identidades y realidades locales deben tenerse en cuenta al desarrollar estrategias, leyes y programas contra la mutilación genital femenina”, se en el documento. De acuerdo con la representante Giraldo, el proyecto de ley en trámite tiene esos enfoques.

El proyecto de ley en trámite en el Congreso le apunta a eso. “Pedimos no tipificar esta práctica como un delito porque muchas mujeres dentro de la comunidad todavía no lo ven como un delito. Debemos trabajar primero en la pedagogía y en la prevención. Y eso requerirá recursos”, concluye Dominico.

"En algunos países de África donde se ha optado la penalización, las comunidades se han aislado y han practicado la ablación de forma clandestina, poniendo en más riesgo a las niñas. No queremos que algo como eso pase en Colombia, cuando tenemos la posibilidad de trabajar con las comunidades", complementa Giraldo. 

El proyecto de ley incorpora una ruta de prevención para cuando se presenten denuncias de casos, en los que se puede echar mano de la tipificación de delitos sexuales o de lesiones personales. 

"Hablando con fiscales a las que les ha llegado casos similares dicen que es muy difícil investigar y recoger pruebas, porque, primero, entrar al territorio es muy difícil; segundo, porque no hay voluntad de denunciar; y tercero porque hay mujeres que se dieron cuenta de que fueron mutilados muchos años después, luego de una consulta al médico, y no saben quién fue la persona responsable", agrega Giraldo.