Este es el impacto de la decisión del Tribunal de Cundinamarca que destraba megaobra para descontaminar el río Bogotá

Después de dos años enredado, el megaproyecto para descontaminar el río Bogotá se volvió a activar. Se trata de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas o más conocida como Ptar Canoas. Es la obra más costosa, después del metro de Bogotá, que se realizará en la ciudad y beneficia a municipios de 20 departamentos y por eso ha sido considerada un proyecto de país.

La reciente decisión del Tribunal istrativo de Cundinamarca de levantar la medida cautelar de diciembre de 2022 y autorizar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para continuar con la iniciativa, le allanó el camino a toda una infraestructura en la que la ciudad ya ha invertido alrededor de 5,8 billones de pesos (sin incluir la planta de Canoas) y que realmente descontaminará el río en su paso por la capital.

Hasta ahora la ciudad viene tratando en la planta Salitre una fracción de las aguas residuales que produce la ciudad. Esa es una de las dos grandes Ptar ordenadas por el Tribunal istrativo de Cundinamarca en un fallo de 2004 (confirmado en 2014 por el Consejo de Estado), que obliga a una serie de entidades a realizar acciones e inversiones para recuperar la cuenca.

Esta Ptar trata las aguas negras desde la calle 26 hacia el norte. El año pasado terminaron las obras de ampliación y construcción de una segunda fase (de 4 m3/Seg a 7,1 m3/seg) y viene siendo operada por el Acueducto de Bogotá hace ya casi 2 años. El costo de la ampliación ascendió a 1,3 billones de pesos.

Pero la planta de Canoas, que es considerada la mayor obra de infraestructura de saneamiento básico en Colombia y que estará ubicada en la vereda Canoas, en el municipio de Soacha, está proyectada para una capacidad de caudal de 16 m3/seg (unos 41’472.000 m3/mes) de las aguas residuales que produce Bogotá, desde la calle 26 hacia el sur, y la población vecina de Soacha.

Este proyecto tiene un valor estimado de 5,8 billones de pesos (a precios de 2023) y si bien se construirá con las vigencias futuras de una tasa que se cobra en el impuesto predial a los inmuebles y aportes del Acueducto de Bogotá, de la Gobernación, el Distrito y la Nación, la ejecución en pocos años tendrá que ser financiada con recursos de créditos.

Este fue, precisamente, el primer tropiezo que sufrió el proyecto de la megaplanta de tratamiento. La construcción se había enredado desde junio de 2022 con la negativa del Ministerio de Hacienda de expedir la garantía que necesita el Acueducto de Bogotá para contratar con la banca multilateral (Banco Mundial, BID y CAF) los créditos para la obra.

Pero luego, en febrero de 2023, ante el argumento de la CAR de que la Ptar ya no se iba a construir en dos fases independientes (tratamiento primario y secundario) sino en una sola y que esas modificaciones retrasarían los tiempos (ya no estaría lista en 5 años, sino en 7,5, con lo que entraría en funcionamiento después del 2035) la magistrada Nelly Villamizar, al resolver un incidente de desacato, instó al Minhacienda y a la Gobernación de Cundinamarca a abstenerse a girar recursos para la planta de tratamiento.

Este fue tal vez el mayor problema que enfrentó el proyecto, que aunque ha tenido el acompañamiento del Banco Mundial (BM) y ya cuenta con la estructuración financiera, su continuidad se debió suspender mientras se resolvían los recursos ante el Consejo de Estado, como última instancia.

No obstante, en un nuevo pronunciamiento del 18 de septiembre, la magistrada Villamizar levantó la medida cautelar y le ordenó al Acueducto de Bogotá continuar con el proyecto.

Además, dijo que se requiere la garantía, pero que en el evento de que persista la negativa del Ministerio de Hacienda (y la posibilidad de que incurra en desacato), facultó a la EAAB para buscar el financiamiento “con alternativas que no requieran garantía de la Nación”. Al ser consultado por este diario sobre la decisión del Tribunal, el Minhacienda se abstuvo de pronunciarse. 

En diálogo con EL TIEMPO, Villamizar explicó su decisión en el hecho de que el Consejo de Estado no se ha pronunciado aún y que en un año podrán entrar en funcionamiento los interceptores y colectores que se construyeron desde 2012 y que conducirán las aguas residuales que produce Bogotá y Soacha hasta la zona de la Ptar Canoas.

Pero como la planta no se ha construido (ni contratado todavía), sí se puede poner en operación la estación elevadora de Canoas y lograr así una mejora en la calidad del agua que se vierte al río Bogotá.

La estación, en la que se han invertido 407.970 millones de pesos, hará un cribado previo (sacará los sólidos superiores a 6 cm de diámetro) y elevará las aguas más de 40 metros de altura para que sean tratadas en la planta de tratamiento.

Cabe recordar que los interceptores recogerán las aguas negras antes de que caigan a los ríos Tunjuelo, Fucha y Soacha, afluentes del Bogotá, y las conducirán hasta la estación elevadora. En dicha red, con 913 km de longitud, la ciudad invirtió alrededor de 5,7 billones de pesos.

Así las cosas, Villamizar espera que en el segundo semestre de 2025 entren a operar la red interceptores y la estación elevadora. “En un año vamos a ver un río en unas mejores condiciones, con el tema de los interceptores y la estación elevadora”, dijo la magistrada, quien espera que la Ptar Canoas esté construida en 8 años, al igual que las plantas de tratamiento de los municipios de la Sabana y así se esté dando solución definitiva a todos los vertimientos que recibe el río Bogotá.

Para la togada, no se trata de un proyecto puntual sino de “un sistema de saneamiento” que involucra a la planta Salitre, a la red de colectores e interceptores y a la estación elevadora. A esto se deberá sumar la descontaminación de ríos como el Teusacá y el Frío.

Con esta posición coincide la gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, quien, en entrevista con este diario, confirmó que la estación elevadora de Canoas entrará a funcionar en el segundo semestre de 2025 y con ello se podrán poner en funcionamiento todos los interceptores.

“Es una infraestructura que lleva años esperando activarse. Con ella les quito los vertimientos directos y recojo todas esas aguas residuales en los 50 o 52 kilómetros en su paso por el frente de Bogotá. Eso empieza a mejorarle la cara al río”, señaló Avendaño.

La gerente del Acueducto también destacó la decisión del Tribunal istrativo y dijo que “lo importante es que hagamos caso, como dicen por ahí; sigamos adelante con este gran paso que acabamos de dar con el levantamiento de la medida cautelar y avanzar en la descontaminación del río Bogotá”.

Y frente a la financiación, EL TIEMPO conoció que la empresa ha venido trabajando desde enero pasado en buscar las alternativas de financiación en el mercado multilateral, que ofrece condiciones más favorables que la banca comercial local, y que ya tiene identificadas algunas opciones.

Sin embargo, y según Avendaño, espera que el Ministerio de Hacienda expida la garantía, pero si ese aval no se da, podrá contratar, si no la totalidad, sí una parte de los recursos que necesita para financiar la construcción de la planta de tratamiento de Canoas. Con ese fin el Acueducto tiene un cupo de endeudamiento por 600 millones de dólares aprobado por el Concejo de Bogotá.

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24

Redacción EL TIEMPO