La difícil tarea de recuperar el espacio público en Bogotá y los desafíos que se advierten para la temporada de fin de año

Desde hace varias semanas, en la capital del país se ha incrementado la crisis de la apropiación ilegal del espacio público. Aunque este es un fenómeno que viene creciendo desde la pandemia de covid-19, actualmente la presencia de vendedores informales ha invadido más del 50 por ciento de los puentes y estaciones de TransMilenio, como los andenes y las calles en el centro de la ciudad, impidiendo el desplazamiento normal de peatones y hasta de vehículos.

Pero esto no solo ha causado desorden, sino que, además, los ciudadanos han vivido varias situaciones de pánico en las que el orden público se ha salido de las manos. La lucha por estos espacios entre comerciantes informales ha causado varias peleas y hasta marchas en el sur de la ciudad.

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En esta labor por recuperar los espacios públicos, a finales de octubre se llevó a cabo el operativo de desalojo de los vendedores ambulantes que se ubicaban en la estación de TransMilenio de Ricaurte, en el sur de Bogotá.

Esto terminó en protestas de más de 48 horas que colapsaron la movilidad y en una tutela que puso una de las comerciantes que se ubican en esta zona desde hace varios años, quien amparada en el derecho al trabajo y al mínimo vital les solicitó a diferentes entidades distritales el regreso a su habitual lugar de trabajo.

Frente a esto, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecución de Sentencia, que analizó el caso, declaró improcedente la acción de tutela y respaldó la recuperación de la estación Ricaurte por las autoridades y el Distrito Capital.

En su decisión, el funcionario judicial indicó que Contreras no demostró una violación clara de sus derechos ni un daño irreparable que justificara el uso del mecanismo de tutela.

Esta tarea de recuperar el espacio público por las distintas entidades no ha sido nada fácil por varios factores: el rechazo y la intolerancia de los vendedores informales hacia los funcionarios encargados, los constantes grafitis y las basuras en los corredores peatonales, entre otras dificultades.

De hecho, en medio de la campaña Bogotá Camina Segura, liderada por la Alcaldía Mayor, la cual incluyó una jornada de pedagogía y recuperación del espacio público sobre la carrera 7.ª, se presentó un hecho de intolerancia con los funcionarios públicos.

Por medio de redes sociales, se conoció la denuncia de la directora del Departamento istrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), Lucía Bastidas, sobre amenazas de los vendedores informales de comida que se encontraban en el lugar a gestores del Instituto para la Economía Social (Ipes). De acuerdo con Bastidas, a los funcionarios los amedrentaron y les indicaron: “No se aparezcan de nuevo o los van a robar y matar,

Además, en el Concejo de la ciudad se ha denunciado cobros ilegales por el espacio público. En un reciente debate, la concejal Clara Lucía Sandoval señaló que en San Victorino “los comerciantes denuncian arriendos ilegales en plena calle que llegan a costar hasta dos millones de pesos por metro cuadrado”.  

Sumado a todo esto, el Dadep es una entidad que no cuenta con funciones policivas, ni de inspección, vigilancia ni de control, es decir que se encuentran solos en esta tarea y hay ciertas responsabilidades que comparten con otras entidades como lo son el IDU y el Ipes, en las que no pueden intervenir.

Por otro lado, los principales desafíos que enfrenta el Dadep son los actores del espacio público. Por ejemplo, los carreteros, habitantes de la calle, vendedores informales o las personas que realizan la toma de antejardines.

Las sentencias de la Corte Constitucional, las cuales dicen que el derecho al trabajo de los vendedores informales es prioritario sobre el espacio público, se suman a estos obstáculos. Al respecto la funcionaria considera que “esto deja por fuera al resto de la ciudadanía, como si esos derechos no importaran”.

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A pesar de esto, el Dadep ha logrado realizar más de 30 recuperaciones de espacio público por procedimiento istrativo y por acciones a cargo de voluntarios. De igual manera, esta entidad realizó 813 jornadas de sostenibilidad en espacio público, 35.366 intervenciones pedagógicas, 441 jornadas de revitalización de espacios públicos.

Las jornadas de limpieza y recuperación del espacio público para esta entidad se han tornado, de acuerdo con la funcionaria, “desgastantes”, pero, a pesar de esto, sigue empeñada en luchar por embellecer la ciudad.

“Los bajopuentes serán una experiencia positiva para todos los bogotanos. Ya arrancamos la construcción del tramo de la calle 53 a la altura de la carrera 30, sobre el costado occidental. Y tenemos 54 diagnósticos de bajopuentes para convertirlos en escenarios de productividad y seguridad”, explicó Bastidas.

Para la llegada de la temporada decembrina, en la que aumenta el comercio informal en andenes y plazas, plazoletas y vías, el Dadep ha estado trabajando para poder mitigar estas situaciones en los principales lugares de comercio de la capital.

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Lucía Bastidas le informó a EL TIEMPO que, aunque el tema de ventas ambulantes es responsabilidad del Ipes, desde la Defensoría del Espacio Público se está haciendo pedagogía sobre los deberes que deben cumplir los vendedores, como por ejemplo cómo deben ser los tamaños de los puestos y que debe haber un control del ruido.

“Ahora no solo hay ventas informales, sino también locales informales. En la carrera 7.ª y en el sector de San Victorino, por ejemplo, tenemos un equipo todos los días realizando el acompañamiento. Las sanciones policivas las imponen las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá”, aseguró Bastidas.

Laura Valeria López Guzmán

X: @Lauravalerialo

Redacción Bogotá

EL TIEMPO