La región metropolitana ya tiene operando su propia autoridad en movilidad y transporte; ¿qué funciones cumplirá la nueva entidad?

Una nueva autoridad de transporte acaba de nacer. Se trata de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), el organismo que tendrá a cargo las funciones de ordenar la movilidad y el transporte público en la región metropolitana Bogotá Cundinamarca.

La agencia es la primera entidad de carácter regional que se crea en el marco de esta figura de asociatividad y que tiene como socios a Bogotá, a Cundinamarca y al municipio de Soacha.

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Sin embargo, su jurisdicción será el Distrito Capital y los 17 municipios ubicados en el ámbito geográfico de los hechos metropolitanos declarados para movilidad de la región.

Las otras entidades territoriales son: Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tengo, Tocancipá y Zipaquirá, en la medida que se asocien.

Así, la Agencia Regional de Movilidad asume las funciones transitorias que venía ejerciendo la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Cabe recordar que la región metropolitana Bogotá Cundinamarca fue creada en el acto legislativo 002 de 2020, por medio del cual se modificó el artículo 325 de la Constitución Nacional, y se reglamentó luego con la ley 2199 de 2022.

De hecho, esta ley faculta a la nueva figura de asociatividad regional para que cree la Agencia Regional de Movilidad, a fin de que ejerza como autoridad en movilidad y transporte en los municipios socios.

Según la región metropolitana Bogotá Cundinamarca, la ARM fue diseñada para planear, gestionar y cofinanciar el sistema de movilidad regional, conformado por la infraestructura y los servicios de transporte público y privado de la región.

Entre sus funciones también se estableció que deberá coordinar con los municipios socios las medidas de tránsito en los corredores regionales. Y, por supuesto, será la encargada de formular la política de movilidad regional y la coordinación con el Gobierno Nacional.

No obstante, aclara la región metropolitana, la ARM no asume ninguna competencia ni función de los municipios en materia de movilidad.

Su rol se enfoca en liderar la política de movilidad regional y promover la coordinación y articulación entre los municipios, es decir, las entidades territoriales “siguen a cargo de la infraestructura de transporte municipal y siguen siendo autoridad de transporte y de tránsito (si lo son en la actualidad)”, informó a EL TIEMPO el organismo regional.

Al frente de la ARM quedó Jennifer Bermúdez, como directora adhoc. Esta abogada de la Universidad Externado estará en el cargo por este año, mientras el Consejo Regional designa a un director en propiedad.

Por ahora, Bermúdez tendrá que constituir la entidad y adelantar los trámites istrativos que son fundamentales para que la Autoridad pueda funcionar.

Uno de los temas que desde ya se prevé que deberá revisar y tomar decisiones la directora adhoc es la operación del transporte público en el corredor Bogotá-Soacha y que el año pasado generó fuertes controversia entre el Distrito y la alcaldía del vecino municipio.

En este corredor hay cinco rutas que salen de Soacha, toman la autopista Sur y luego ingresan a Bogotá.

En este tema, precisa la región metropolitana, ya se viene avanzando en el proceso para contratar un estudio técnico que defina el modelo de operación del corredor y que tendrá en cuenta la oferta y la demanda de pasajeros.

Cabe recordar que en el sector de movilidad la región metropolitana ya logró avanzar en el proceso contractual para los diseños y construcción del intercambiador de la calle 80 con avenida Las Quintas (carrera 119), que busca mejorar la movilidad en este corredor en límites de Bogotá y Cundinamarca.

Asimismo, se firmó el convenio para los estudios de factibilidad de la Línea 3 del metro de Bogotá, que conectará a la capital con el municipio de Soacha.

Como autoridad en movilidad y transporte, según la ley 2199, la ARM podrá establecer nuevas concesiones viales o modificar las existentes en los corredores nacionales (concesionado o no) que se encuentren en su jurisdicción.

La ARM, de acuerdo la ley 2199, se financiará del incremento que se hizo del 0,2 por ciento en la tarifa del impuesto vehículos matriculados en Cundinamarca y Bogotá. Por este concepto se proyecta que recibirá alrededor de 110.000 millones de pesos al año.

Dicho porcentaje ya fue autorizado por el Concejo de Bogotá y se espera que en los próximos días haga lo propio la Asamblea de Cundinamarca.

La Autoridad Regional de Movilidad también podrá acceder, según la norma, también podrá adelantar proyectos de transporte público, s y pasos urbanos con cofinanciación de la Nación y acceder a regalías, a una contribución por valorización y peajes, a una participación en la contraprestación aeroportuaria para nuevos aeropuertos y cobros por el uso de centros de intercambio modal.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

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