¿Por qué quedan libres integrantes de peligrosas bandas en Bogotá? Tres estructuras regresaron a las calles

Cómo explicarle a Juliana* que los hombres que le apuntaron con un arma de fuego en la cabeza, que amenazaron con quitarle la vida, que ultrajaron a su hijo y a su sobrina, y que se robaron su camioneta, quedaron en libertad.

Eso mismo hay que decirle a Camila*. Los sujetos que le robaron su reloj de alta gama de manera violenta y hasta le dispararon muy cerca, según un juez de la capital, no serían un peligro para la sociedad y, a pesar de que su actuar criminal quedó en cámaras de seguridad, hoy están libres.

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Lo mismo les pasó a los vecinos de los barrios Alameda y Kassandra (Fontibón), quienes, en carne propia, son víctimas de una guerra por el microtráfico que se libra en su vecindario. Los responsables de esa disputa fueron capturados el fin de semana pasado, pero en cuestión de horas volvieron a las calles. El territorio volverá a ser escenario de balaceras y muertos.

Estos son apenas tres ejemplos recientes de casos en los que criminales señalados de delitos como hurto o tráfico de estupefacientes han quedado en libertad. Las razones explicadas por los jueces tienen que ver con que algún documento para su judicialización quedó mal diligenciado, no tenían antecedentes o no representan peligro para la sociedad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el 70 por ciento de los delincuentes que ellos capturan por el delito de hurto, en cualquiera de sus modalidades, queda en libertad cuando son presentados ante un juez. Solamente al 30 por ciento se le da medida intramural y siguen vinculados al proceso con proyección de recibir una condena.

Para Hugo Acero, experto en seguridad y exsecretario de Seguridad de Bogotá, esta situación denota la rigurosidad que deben tener en su quehacer, especialmente dos de los actores posiblemente más importantes en los procesos judiciales.

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“Uno se encuentra con que hay unos fallos judiciales muy cuestionables, por lo que surgen preguntas como: ¿dónde está el profesionalismo?, en cuanto se han presentado suficientes pruebas y terminan dejando a los delincuentes en la calle. Hay que preguntarles a los jueces si hay amenazas de por medio, sobornos, o no tienen capacidad. Pero no es un tema general de la rama judicial, porque no se puede generalizar”, indicó Acero.

“Pero hay otras culpas también. No siempre las pruebas (incriminatorias) se presentan en calidad y cantidad adecuadas para que los jueces puedan tomar una determinación. También hay falencias en resguardar y proteger la escena del delito o en la cadena de custodia que deben tener esas pruebas. Por lo tanto, esas falencias, y la falta de material probatorio, o de mala calidad, hacen que los jueces no puedan tomar decisiones para privar de la libertad a todos los delincuentes”, agregó.

Estos hechos no solo han despertado la indignación de las víctimas de los delitos, sino que también han generado una alerta en el Distrito. El alcalde Carlos Fernando Galán, a mediados del mes pasado, ante la noticia de que un juez dejó en libertad a nueve integrantes de una banda de atracadores, resaltó que estas personas, con muchas pruebas en contra, no deberían volver a las calles.

“Somos respetuosos de las decisiones de la justicia y apelamos a través de los canales institucionales. En este caso, respaldamos la petición que hace la Fiscalía, dado los elementos probatorios que existen en el caso. Hubo personas que denunciaron estos hechos violentos que pusieron en peligro su vida y ahora estos delincuentes quedaron libres”, afirmó Galán.

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Preguntarle a Juliana por el día en el que tres integrantes de la banda ‘Alta Gama’ la atacaron es abrir una herida que está tratando de cerrar. Ella cuenta lo que pasó para poner en evidencia por qué esos señalados criminales no deberían volver a la calle.

“Yo me di cuenta cuando un taxi se parqueó cerca de nosotros. Yo le vi la cara al conductor, era un muchacho joven. En la parte de atrás venía una persona con tapabocas y estaba hablando por teléfono. Cuando estaba ingresando al parqueadero, mientras mi hijo me avisaba para no pegarle al carro, volteé a mirar por el espejo retrovisor y veo a tres personas que se acercan”.

“Me colocaron el revólver en la cabeza y me empezaron a decir un montón de groserías. Miro al fondo y una persona estaba amenazando a mi hijo de 15 años con un cuchillo, le hacía el amague como que se lo iba a enterrar. Después de amenazas y de que nos bajaron a todos, se llevaron la camioneta”, relata la mujer.

Ese robo fue en enero. Tras varias investigaciones y seguimientos, la Policía identificó que esa banda sería responsable de unos 16 casos más, por lo que la captura de los siete integrantes se ejecutó el pasado 10 de abril. Luego de una audiencia, en la que se creía resuelto el caso, llegó la mala noticia.

La juez 35 Penal Municipal de control de garantías no avaló la legalidad de las capturas, porque aseguró que el formato de la orden de captura presentaba una falla en la casilla de ‘Motivo y Finalidad de la Captura’. En su criterio, esa sección no contenía una descripción adecuada de los hechos y, por tanto, no cumplía con los requisitos formales exigidos por el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal.

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Algo similar pasó en el caso de Camila. Su relato es igual de aterrador al de la mujer a la que le robaron el carro. Estaba en cercanías al parque de la calle 93 cuando varios sujetos la abordaron y, tras un breve forcejeo, le robaron un reloj de alta gama y unos celulares, no sin antes accionar un arma en su contra.

Los responsables de este hurto, según una investigación de casi un año, serían ‘los Relojeros’, unos diez sujetos que se dedicaban exclusivamente a robar relojes de alto costo en el norte de la capital. A principios de marzo pasado todos fueron capturados, pero unos ocho días después se conoció que nueve quedaron en libertad porque “no representaban un peligro para la sociedad”, a pesar de que Natalia pudo haber perdido la vida en ese hurto.

Fueron 287 horas de video analizadas, donde quedó evidenciado el actuar delictivo y los ataques que perpetraron; se recogieron 24 entrevistas y 16 denuncias, pero esto no fue suficiente para que terminaran en la cárcel.

El caso más reciente, y que afecta a dos barrios del occidente de Bogotá, involucra a diez integrantes de ‘los Costa’, presuntos responsables de dinamizar la venta de estupefacientes. Luego de balaceras, un homicidio y hasta el estallido de una granada entre Kassandra y Alameda (Fontibón), este fin de semana cayó toda la banda, incluso una adulta mayor que portaba un arma y vendía alucinógenos.

No habían pasado dos días cuando se confirmó que, de los diez procesados, solo uno recibió una medida intramural, porque, según la Policía, el juez aseguró que no tenían antecedentes. Las armas, municiones y varias dosis de estupefacientes que les encontraron en los allanamientos no habrían sido suficientes para que terminaran en la cárcel. Los nueve señalados delincuentes que quedaron libres volvieron a Fontibón, a seguir con la disputa por el control de las líneas de microtráfico.

Lauro Andrés Jiménez, secretario de circuito en carrera y miembro de la junta directiva Bogotá-Cundinamarca de Asonal Judicial, aclara que un juez se debe en sus decisiones a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia.

“Ahí viene algo muy importante, y es el papel que juega la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de realizar las acusaciones. Es el abogado del Estado, por decirlo de alguna forma. Los fiscales en este país están cargados de trabajo y muchas veces entran a las audiencias con un conocimiento vago de la situación, lo que genera que no le hagan una debida presentación al juez de lo que ha sucedido”, ejemplificó Jiménez.

Justamente, aspectos como esa falta de argumentación evitarían que los jueces de la República tengan pleno conocimiento de lo ocurrido. Pero, aun así, se ven en la obligación de tomar decisiones como, en ocasiones, la libertad de señalados delincuentes.

“La misma ley ha sostenido que la libertad tiene un valor muy importante, y mientras usted esté en juicio, excepcionalmente estará privado de la libertad. Por eso el juez siempre va a primar ese tipo de razones, porque es un imperativo legal y es un imperativo constitucional. Las personas son culpables solamente hasta cuando se les declara de esa forma vía sentencia o iten el delito”, agregó el vocero de Asonal Judicial.

A esta situación también empezarían a sumarse largas jornadas de trabajo y exceso de información tanto para los jueces como para los fiscales, lo que impide que tengan el tiempo suficiente para analizar los casos, insistió Lauro.

Para Natalia Bojacá, abogada penalista, es importante que la ciudadanía conozca la naturaleza de un proceso judicial, ya que las decisiones de un juez no son deliberadas, sino basadas plenamente en la ley.

“A veces la gente dice: ‘No, es que los jueces son muy garantistas y los dejan en libertad’. Como que le están pidiendo al juez que sea juez y parte. El juez no puede desarrollar las labores de la Fiscalía, es decir, las labores acusatorias. Entonces, si el juez ve que la labor acusatoria está débil, pues él no puede imponer una medida privativa de la libertad a una persona, porque al final eso es un principio que está en el Código Procesal Penal. Es un principio que rige las libertades. Tú no puedes vulnerar la libertad de una persona si no hay razones contundentes para hacerlo”, indicó la penalista.

Solamente en el primer trimestre de este año, la Policía capturó en Bogotá a 8.247 personas por diferentes delitos, pero posiblemente algunos ya están libres. Lo ocurrido recientemente, dicen las víctimas entrevistas, estaría afectando profundamente la confianza en la justicia y en la misma Policía. Además, empiezan a surgir interrogantes como “¿Y la garantía de nuestras libertades como ciudadanos dónde queda, no se respeta?”.

Miguel Castellanos

En X: @LoQueOlvido

Redacción Bogotá

EL TIEMPO