La radiografía de la coca en el Catatumbo que el Gobierno pretende reducir a la mitad durante la conmoción interior

El plan del gobierno de Gustavo Petro de reducir a la mitad los cultivos de coca en el Catatumbo durante la vigencia de la conmoción interior (hasta 270 días como máximo) no pinta fácil. En esa región, según dijo este lunes el Presidente hay 50.000 hectáreas de coca. El último conteo oficial, realizado por Naciones Unidas en 2023, arrojó 43.000 hectáreas en Norte de Santander, más de la mitad de ellas concentradas en el convulsionado municipio de Tibú. 

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El plan del Gobierno es erradicar, vía sustitución de cultivos, al menos 25.000 hectáreas. Para ello se entregarían subsidios de 1.280.000 pesos (90 % de un salario mínimo) durante un año a las familias cocaleras a cambio de la destrucción completa de los cultivos. De hecho el mandatario dijo que espera que "entreguen las matas completas, incluida la raíz".

Paralelamente avanzarían proyectos productivos legales para reemplazar la economía ilícita. Con los impuestos decretados bajo la conmoción interior se destinarían 362.000 millones de pesos para este propósito. ¿Qué tan viable es?

De entrada, la estrategia de atacar el crecimiento de los cultivos ilegales representa un avance en la guerra contra las drogas, que en los últimos dos años logró cifras récords en incautaciones, pero que tiene números en rojo en materia de erradicación forzada y de sustitución voluntaria. 

Con un área de al menos 253.000 hectáreas de coca en todo el país, el año pasado apenas se destruyeron 9.500. Es el resultado más bajo en toda la historia de la lucha antinarcóticos. Y a pesar de que el Gobierno sostiene que la disparada de los cultivos ilícitos no es el factor clave en el negocio, los expertos han advertido que el crecimiento de más de 53 % de la productividad, que llegó a 2.664 toneladas potenciales de alcaloide en 2023, sí está amarrada a la existencia y consolidación de una 'agroindustria ilegal de la coca'.

El último informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) dedicado a la realidad de esta región arrojó que los dineros de la coca han permeado las economías locales de algunos de los municipios en hasta un 20 %. 

El estudio presenta una radiografía detallada del mar de coca que actualmente caracteriza al Catatumbo, un narcocultivo que se ha convertido en el motor del conflicto entre los grupos armados que disputan el control territorial, y cuya escalada ha generado la mayor crisis humanitaria en la historia de la región.

De acuerdo con Naciones Unidas, "en algunos municipios del país, la economía vinculada a la transformación de la hoja de coca en pasta de base de cocaína se encuentra cada vez más integrada con las economías legales". 

En Norte de Santander, la actividad relacionada con la coca tiene una participación de hasta el 20 % del total de la economía lícita, en algunos municipios. "Este panorama plantea un desafío significativo para el diseño de estrategias de intervención diferenciadas", plantea el Simci.

Los cultivos de coca en el departamento se concentran en la región del Catatumbo, siendo Tibú el corazón de este enclave. El 52 % de los sembrados del departamento se encuentran en este municipio. Con 23.029 hectáreas, los núcleos alcanzan densidades de siembra de hasta 45 hectáreas por kilómetro cuadrado, principalmente en la zona fronteriza con Venezuela.

Mientras tanto, en el perímetro oriental del Parque Catatumbo Barí y el resguardo del Motilón Barí y Catalaura, las densidades bordean las 25 ha/km 2 . Y por el caño Las Dantas se observan zonas que alcanzan las 30 ha/km 2. En ambas zonas se incrementó la densidad del cultivo con respecto al año 2022.

"El departamento presentó una dinámica (cambio porcentual) de estabilidad, sin grandes cambios en el área sembrada con coca en los municipios, el mayor aumento en hectáreas lo reportó Tibú con 948 ha y la mayor disminución, Sardinata con 428 ha menos que en 2022. La Esperanza completó dos años consecutivos sin reportes de cultivos de coca", se lee en el estudio.

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Basado en esta misma medición, durante la última década las cifras han crecido de manera escandalosa, pasando de 6.944 hectáreas en 2014 a más de 43.000 en 2023, el último año del que se tiene registro.

El enclave Catatumbo concentra el 11 % del total nacional de la coca que produce el país y se ha erigido como uno de las principales zonas de disputa territorial por la ubicación geoestratégica, al "estar en una frontera terrestre internacional", dice la Unodc. 

Sin embargo, algunos analistas sugieren que es el hecho de compartir frontera con Venezuela lo que hace a esta región tan atractiva para los grupos armados. 

"La dinámica del narcotráfico en el Catatumbo y, en general, en toda la frontera oriental de Colombia con Venezuela se desarrolla en un contexto geográfico impenetrable para la fuerza pública, lo que facilita la creación de corredores para el paso de la droga procesada hacia Venezuela", aseguró Diego Arias, analista de paz y temas de conflicto.

"Eso no sería posible sin una alianza del lado venezolano. Es claro que, en un nivel, esto puede ser producto de los sobornos que se pagan para permitir el paso de la droga, pero también responde a una estructura mucho más compleja y organizada, que involucra a funcionarios y de la armada bolivariana, quienes forman parte de la cadena ilícita para enrutar esta droga hacia los mercados internacionales", agregó.

La complicidad del vecino será entonces uno de los factores que tendrá que sortear el Gobierno a través de las medidas excepcionales que busca adoptar con la conmoción interior si se desea sustituir la economía ilícita.

La seguridad de las comunidades que se acojan al plan de sustitución de cultivos es uno de los retos en una región donde la coca es la gasolina del conflicto armado y donde existe un dominio territorial tan marcado de los grupos ilegales. Precisamente, la escalada de violencia por la que se decretó la conmoción interior derivó de la amenaza de las disidencias a la hegemonía del Eln en la zona.

Lucas Marín, investigador del Cesed (Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas) subrayó el amargo precedente del la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) en el marco de los acuerdos de paz, cuando la desarticulación entre esta política y las tareas de inteligencia y golpes militares de la Fuerza Pública disparó el asesinato de líderes sociales.

"Con el PNIS no hubo una acción coordinada con la estrategia de sustitución, las fuerzas militares y sus componentes de inteligencia, y esto aumentó el asesinato de líderes sociales en más del 400 %. Lo que nosotros, desde el Cesed, hemos recomendado es que estas estrategias deben estar coordinadas con la Policía y el Ejército para garantizar que lo que se esté haciendo no esté exponiendo a las comunidades. No veo que haya una estrategia de esta naturaleza en este nuevo proyecto, y esto es algo para preocuparse", recalcó el investigador.

Uno de los pasos que considera importantes y que, según él, se está pasando por alto es la gradualidad. "El diseño del programa es contradictorio con la política de drogas que ha abanderado este Gobierno y que prometía alejarse del prohibicionismo. Al final, se están replicando los mismos programas que se han hecho durante 30 años", agregó.

Luego de la presentación oficial del plan de sustitución para el Catatumbo en el consejo de ministros televisado, algunas voces sugieren que, para implementarlo, no era necesaria la figura de excepción bajo la cual lo enmarcó el Presidente. La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre el aval de la medida.

"Las medidas que se adopten deben ser dirigidas a atender las causas que originaron esa situación excepcional, que justamente requiere una respuesta fuera de la capacidad normal del Estado. El problema de los cultivos ilícitos no es nuevo, ni es algo que se resuelva de la noche a la mañana. La Corte tendrá que analizar si las medidas propuestas para abordar el tema de los cultivos ilícitos pueden o no formar parte del estado de conmoción interior y si son realmente efectivas. Aunque es difícil creer que a través de un decreto se pueda resolver un problema de los cultivos ilícitos tan enquistado en la región", aseguró Gabriel Cifuentes, analista político y columnista de este diario.

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Redacción Justicia