Tras tres meses de la conmoción interior, el Catatumbo sigue bajo fuego: este es el panorama

El calor empuja a las familias campesinas hacia la sombra en las afueras del estadio General Santander, en Cúcuta. La desconfianza y la mirada prevenida de los primeros días han sido reemplazadas por gestos de afecto entre desconocidos que comparten el flagelo de la guerra. Las conversaciones giran en torno al estado emocional y a si ya recibieron ayudas o no. Una de ellas es Leonor Contreras, quien huyó a finales de enero de Tibú junto a sus dos hijos menores, su esposo y su mamá, de 88 años. Ahora vive en arriendo cerca de sus hermanas, en la comuna 7: “A veces me pongo a llorar, quiero volver, pero el miedo no me deja. Mi esposo sí se regresó, y a veces nos manda verdura o dinero para comprar la comida”.

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A corte del 14 de abril, la cifra de desplazados superaba las 64.291 personas; de estas, más de 31.000 han llegado a la capital de Norte de Santander. En medio de colchonetas, gritos de niños, sancochos improvisados y cajas de ropa usada, varias lideresas han puesto sus manos al servicio de la emergencia. “Escuchar a una madre contar cómo escapó con sus hijos en la madrugada, dejando todo, o ver a un abuelo llorar porque no entiende por qué otra vez le tocó huir. Eso parte el alma”, explica la lideresa Aura Rita Navas, quien ha escuchado decenas de relatos similares desde el comienzo de la emergencia al ser un puente entre las organizaciones humanitarias y las familias recién llegadas que no saben a quién acudir.

Aunque el número de desplazados ha disminuido, la herida sigue abierta. A pesar de la declaratoria de estado de conmoción interior en el Catatumbo, específicamente en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el Cesar, el pasado 24 de enero, la crisis humanitaria no da tregua. 

Así lo sostienen expertos en seguridad y conflicto, quienes cuestionan los resultados de este decreto gubernamental y coinciden en que sus efectos han sido limitados en la zona. Luis Trejos, investigador especializado en conflicto, señaló que la mayoría de las personas desplazadas por el accionar del Eln aún no han podido regresar a sus territorios y destacó que los enfrentamientos entre esa guerrilla y las disidencias del frente 33 “continúan generando nuevos movimientos forzados de población”. Desde su perspectiva, el Estado podría avanzar en la recuperación del territorio y la atención humanitaria sin necesidad de prorrogar la figura de la conmoción interior.

Una misma visión tiene Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien afirmó que el giro reciente en la estrategia del Gobierno, enmarcado en la competencia electoral de 2026 y la confrontación abierta con el Eln, sugiere que la extensión de la conmoción interior “no sería una prioridad política inmediata”. Arias advirtió que, pese a los esfuerzos desplegados, “los impactos de la medida apenas comienzan a evidenciarse y que, en términos de las necesidades de los habitantes del Catatumbo, su extensión resulta urgente”.

A pesar de las medidas adoptadas, los desplazamientos forzados siguen alterando la vida de miles de familias, el control territorial sigue en manos de grupos armados ilegales y las minas antipersona reaparecen como símbolo del horror en la región. Así lo confirma Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por los Derechos Humanos (DH) en Norte de Santander. La última semana, una de las víctimas fue Nellys Bautista, integrante del colectivo Madres del Catatumbo por la Paz, tras caer junto a su familia en una mina en el corregimiento de Versalles, municipio de Tibú.

El miedo se ha instalado en cada sendero, en cada trocha. El 15 de abril, en pleno casco urbano de Tibú, el asentamiento humano 10 de Marzo fue escenario de una confrontación directa entre el Eln y las disidencias de las Farc. “La gente quedó en medio de las balas”, relata Zafra. Varios heridos buscaron refugio en casas abandonadas.

César Niño, experto en conflicto armado, afirmó que el balance de los tres meses de conmoción interior en el Catatumbo “no ha sido favorable”. En su análisis, indicó que los decretos emitidos son impulsos istrativos que no abordan de manera estructural los problemas del territorio. Desde su perspectiva, lo que ocurre en la región ya no debe considerarse “una situación excepcional”, sino una condición estructural que requiere un rediseño integral de la presencia estatal. 

Sin embargo, Jairo Libreros, profesor titular en seguridad y defensa nacional del Externado, sostuvo que el Gobierno deberá prolongar la vigencia de la conmoción interior debido a tres razones fundamentales: resultados operativos insuficientes, ausencia de una estrategia clara y medidas adoptadas que no corresponden con el estado de excepción. El experto explicó que “no se diseñó una estrategia de seguridad específica” para enfrentar la crisis y que no se establecieron mecanismos eficaces para proteger a la población civil en condiciones excepcionales.

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Lejos de disminuir, el conflicto en el Catatumbo se intensifica y se transforma. La guerra en esta subregión del país no solo enfrenta a grupos armados ilegales entre sí, como las disidencias de las Farc y el Eln, sino que ha arrastrado de manera directa a la población civil. Líderes sociales coinciden en que la respuesta institucional aún es insuficiente frente a la magnitud de la emergencia, y la comunidad insiste en que las cifras oficiales no reflejan completamente la realidad y que el subregistro de víctimas podría ser incluso más grave. El Catatumbo sigue ardiendo en una guerra que parece reconfigurarse cada día, dejando a su paso más muertos, más miedo y una población civil atrapada entre la resistencia, el abandono y un mar de coca.

Con más de 43.000 hectáreas, Catatumbo es uno de los principales enclaves. Esta es la raíz de las hostilidades y uno de los primeros puntos a atacar en la agenda del Gobierno en la región.