La Sala Plena de la Corte Constitucional seguirá en el 2022 todas las discusiones relacionadas con las dos demandas que buscan despenalizar el aborto por completo en Colombia.
La Corte adelantó este jueves su última Sala Plena del año y la vacancia judicial se inicia el próximo 18 de diciembre. Se espera que el tema se retome para la tercera semana de enero de 2022, una vez la Rama Judicial retome sus labores.
En esa primera sesión de Sala Plena que realice el alto tribunal, se deberá continuar con la discusión del impedimento que el 18 de noviembre presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo para separarse del debate por el hecho de haber dado declaraciones a medios mencionando este asunto.
La Corte deberá, además, dar respuesta a la recusación que presentó el abogado Enrique Gómez Martínez en contra de la designación del conjuez Hernando Yepes Arcila, quien debe dirimir con su voto el empate en la Sala Plena sobre si Linares está impedido o no para este asunto.
Linares presentó el impedimento porque el 11 de noviembre, mientras explicaba otra decisión que había tomado la Corte en una entrevista con un medio de comunicación, hizo referencia a que el alto tribunal tenía que definir dos demandas que piden despenalizar el aborto y a su postura al respecto.
El 18 de noviembre la Sala Plena intentó por primera vez resolver el tema y ante una votación empatada, se decidió llamar al conjuez Yepes Arcila. El pasado primero de diciembre, con conjuez a bordo, en la Sala Plena cada magistrado expuso su postura sobre el impedimento, luego lo hizo el jurista Yepes, pero la Sala se suspendió sin votación para seguir en una próxima sesión.
Las demandas que estudia la Corte
En recursos separados, el alto tribunal estudia demandas del movimiento Causa Justa, conformado por varias organizaciones civiles, y del abogado Mateo Sánchez.
Ambas demandas piden que el aborto, de plano, no sea un delito en Colombia. Esto porque aunque desde 2006 hay tres causales bajo las cuales se permite este procedimiento en el país -grave malformación del feto incompatible con la vida, riesgo para la salud física o mental de la madre o abuso sexual-, en el resto de casos es un delito castigado con prisión de 16 a 54 meses.
Las demandas señalan que la criminalización del aborto va en contra de los derechos de las mujeres a la no discriminación, la salud y el libre desarrollo de la personalidad.
Así mismo, señalan que el modelo de causales si bien fue un gran avance, ha sido insuficiente para garantizar este derecho a todas las mujeres que lo piden y que se enfrentan a barreras.
Con argumentos diferentes, ambas ponencias en la Corte de parte de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo van a favor de la despenalización, pero estas deben ser votadas por todos los magistrados y por mayoría podrán ser aceptadas o rechazadas.
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