Proceso contra Petro en el CNE e inhabilidades de la Procuraduría: las posturas espinosas del magistrado Carvajal

Héctor Carvajal, abogado y amigo del Presidente, fue elegido en el Senado como magistrado de la Constitucional.

Proceso contra Petro en el CNE e inhabilidades de la Procuraduría: las posturas espinosas del magistrado Carvajal Foto: Archivo

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Sara Valentina Quevedo Delgado

REDACTORA A20.05.2025 12:55 Actualizado: 20.05.2025 23:40

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Héctor Carvajal, abogado y amigo del presidente Gustavo Petro, es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ternado por el jefe de Estado, fue el favorito del Senado, que optó por el nombre más afín a todas las fuerzas políticas, alzándose con 66 votos. Además de su visible cercanía con el mandatario, también tiene vínculos con el uribismo. De hecho, fue Carvajal el puente entre la primera reunión Petro - Uribe, a comienzos del Gobierno.

(Lea: Quién es Héctor Carvajal, el escudero del presidente Petro elegido como magistrado a la Corte Constitucional)

Los reparos por su edad (66 años), que lo obligaría a retirarse forzosamente a mitad del periodo, así como las críticas por su “amiguismo" con todos, que pesaron entre algunos congresistas antes de la elección, se disiparon al momento de marcar en secreto el tarjetón y depositarlo en la urna.

Héctor Carvajal y Gustav Petro — Héctor Carvajal y Gustavo Petro Foto:Archivo particular

Pese a su perfil de centro, su papel como asesor legal durante más de 15 años en procesos clave del Presidente será un tema espinoso para su envestidura como magistrado del alto tribunal, última instancia de control sobre las normas y reformas de carácter constitucional.

Carvajal fue el apoderado de Gustavo Petro en el caso ante el Sistema Interamericano, en el que la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a sus derechos políticos.

El fallo anuló la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez el 9 de diciembre de 2013, a raíz de su gestión como alcalde de Bogotá durante la crisis de las basuras: los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se presentaron fallas en la recolección, tras el relevo de los operadores privados que prestaban el servicio, lo cual dejó más de 5.800 toneladas de residuos en las calles.

En las medidas de reparación, la Corte ordenó al país adecuar el ordenamiento interno para que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades istrativas, como la Procuraduría.

Su aplicación generó un conflicto en los tribunales domésticos. El 25 de marzo de 2021, la exprocuradora Margarita Cabello y el ministro del Interior de la época, Daniel Palacios, radicaron en el Congreso el proyecto de reforma de la ley 1952 de 2019 -el código general disciplinario- para dar cumplimiento a la sentencia de 2020 de la Corte IDH.

Mediante la modificación a la norma, según la exposición de motivos, se buscaba proteger la competencia constitucional de la Procuraduría para conocer de los procesos disciplinarios contra todos los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Por eso, se propuso otorgarle funciones jurisdiccionales.

El 29 de junio de 2021, la reforma se convirtió en Ley de la República. La Procuraduría quedó con más dientes para vigilar y sancionar, con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos por voto popular.

Pero al pasar por el filtro de la Corte Constitucional, el 16 de febrero de 2023, el alto tribunal tumbó las facultades jurisdiccionales del Ministerio Público, manteniendo el carácter istrativo de sus decisiones.

No obstante, avaló su facultad para investigar disciplinariamente y sancionar con destitución, suspensión e inhabilidad, incluso a funcionarios de elección popular partiendo del hecho que estas decisiones pasan a control automático del Consejo de Estado a través del recurso extraordinario de revisión.

Elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. — Héctor Carvajal durante su presentación. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @melgarejocesarnew

Esta postura, aún así, fue contraria a la que había defendido Carvajal como abogado del entonces alcalde distrital.

La investigación contra la campaña Petro Presidente en el CNE

La investigación contra la campaña Petro Presidente en el Consejo Nacional Electoral —en la que Carvajal ha sido apoderado del Presidente, defendiendo su fuero y la tesis de que solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara puede investigarlo— ahora pasará por sus manos como magistrado de la Corte Constitucional.

El pasado 25 de abril, este tribunal dictó una medida cautelar que suspende los efectos de la decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que había declarado competente al CNE para investigar a Gustavo Petro Urrego en su calidad de candidato.

Pero no es el fallo definitivo. En la decisión final se incluiría la postura del magistrado Carvajal, aunque, por haber sido abogado del Presidente en el caso, tendría que declararse impedido.

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Sus posibles impedimentos para decidir en casos que involucren al mandatario también generaron reticencias. Por ejemplo, Carvajal llegaría a votar la demanda que busca tumbar la reforma pensional —una iniciativa del gobierno Petro— por supuestos vicios de trámite. Su decisión podría inclinar la balanza en una Sala Plena que, como en el proceso en el CNE, ha estado dividida en un apretado 5-4.

Sara Valentina Quevedo Delgado

Redacción Justicia

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