Caso Uribe llegó al Tribunal de Bogotá: ¿a cuál magistrado le toca revisar el proceso?

El pasado 24 de mayo, al terminar de escuchar que el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigo y fraude procesal no precluyó, el fiscal Javier Cárdenas optó por apelar esa decisión de la Juez 41 de Conocimiento de Bogotá, buscando lograr el archivo del proceso.

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Con ello, el expediente pasó al Tribunal Superior de Bogotá, específicamente a su Sala Penal, en la cual, según revisó EL TIEMPO, el reparto le correspondió al magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz.

Es este togado quien examinará el fallo impartido por la juez 41, Laura Barrera, en el cual no fue concedida la solicitud de preclusión de la Fiscalía, al concluirse que en ninguno de los siete eventos expuestos por Cárdenas hay elementos que permitan decir que debe archivarse el caso.

En él, Uribe está imputado por los dos delitos anteriormente mencionados en un expediente en el que lo señalan de supuestamente haber sobornado a exparamilitares de la mano de su abogado Diego Cadena con el fin de que no declararan en su contra. 

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Entre los nombres que han sido ampliamente mencionados en este caso están los de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, y el del exnarcotraficante Juan Carlos 'el Tuso' Sierra; así como los de tres presos de la cárcel de Cómbita y la exfiscal condenada Hilda Niño.

Además, en el expediente hay versiones encontradas, pues la Fiscalía ha afirmado en dos solicitudes de preclusión que Álvaro Uribe no tuvo nada que ver con el ofrecimiento de beneficios jurídicos o dinero para que lo favorecieran con testimonios; mientras tanto, los representantes de las cuatro víctimas acreditadas en el proceso creen que hay interceptaciones y actuaciones que comprometen a Uribe, y que por tanto deben debatirse en un juicio contra el exsenador.

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El magistrado Carlos Andrés Guzmán compone la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y en su despacho fue radicada la apelación de la Fiscalía el pasado 31 de mayo. Esa apelación tiene el antecedente del juzgado que negó la preclusión.

"Todo lo anterior le permite al despacho concluir que contrario a lo aseverado por el señor Fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo tanto, la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el Despacho negará la solicitud de preclusión", leyó la jueza en su momento. Para ella, el caso contra el expresidente Álvaro Uribe debe evaluarse en una fase de juicio, escenario eventual para el cual la jueza se declaró impedida.

El nombre del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz en el proceso contra Uribe el año pasado tuvo una conexión -no de fondo-, y es que fue el magistrado que estudió una tutela presentada por las víctimas -entre ellas el senador Iván Cepeda-, en la cual alegaron que por parte de la Fiscalía no había celeridad, algo que estaba vulnerando sus derechos.

Eso pasó después de que el Juzgado 28 de Bogotá negó la primera solicitud de preclusión al fiscal Gabriel Jaimes, y luego de que, según las víctimas, se agotaron los términos (tiempo) que da la ley para una segunda petición, por lo que, según ellas, lo actuado por el segundo fiscal, Javier Cárdenas, era ilegal.

En síntesis, señalaban que tras la imputación, el ente acusador tenía 120 días para llevar a juicio o pedir el archivo del caso Uribe, y como Jaimes se tomó 119 días para pedir la preclusión, para la segunda solicitud de preclusión quedaba solo un día y terminaron venciéndose los términos, de acuerdo con los representantes de víctimas.

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La decisión del magistrado fue negar las pretensiones de la tutela, determinando que la Fiscalía, con el cambio de fiscal, tenía 90 días para tomar la decisión de llevar a juicio al exsenador imputado o pedir otra preclusión, algo que terminó haciendo Cárdenas, quien practicó varias pruebas y tomó nuevos testimonios que no fueron del todo contundentes para la juez Laura Barrera.

Esa vez, Cepeda anunció que iban a impugnar la decisión del Tribunal de Bogotá, "en la que se intenta que las víctimas en el proceso que se adelanta debamos someternos a nuevas dilaciones de la Fiscalía que continúen eludiendo el llamado a juicio del imputado Álvaro Uribe".

Dicho y hecho, se apeló ante la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró improcedente el recurso argumentado que el pedido tenía que hacerse dentro del proceso contra Uribe por soborno y fraude, y no por esa vía de tutela.

Tras las varias decisiones, el caso vuelve a aparecer en el despacho de Guzmán, quien una vez analice el expediente presentará un proyecto ante sus dos compañeros de sala, con quienes por mayoría o unanimidad tendrá que definir qué pasa en el futuro del expresidente: si le da la razón a la Fiscalía y precluye; o si la tienen las dos juezas que le han dicho no a la preclusión.

Redacción Justicia

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