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Advierten riesgos por decisión del Gobierno de no adjudicar procesos a únicos oferentes

Expertos señalan que la posición del Gobierno puede exponer a la Nación a demandas.

El contrato fue firmado por el Canciller Álvaro Leyva.

El contrato fue firmado por el Canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

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La decisión del Gobierno de no adjudicar licitaciones en procesos donde haya solo un oferente, que obligó a declarar desierto un millonario proceso para el suministro de pasaportes, ha generado preocupación entre expertos, que advierten riesgos por no permitir ese tipo de contrataciones pese a que esto no está prohibido en la ley.
La discusión tiene que ver con la postura del presidente Gustavo Petro sobre esta y otras licitaciones, la cual dejó clara en una publicación en X, en septiembre, en la que dijo: “La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten”.
Camilo Gómez Alzate

Camilo Gómez Alzate Foto:Agencia Nacional de Defensa Jurídica

Sobre esa postura, el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Adnje), Camilo Gómez, señaló que “la posición del Presidente no solo es riesgosa, sino ilegal. Quisiéramos que hubiera muchos oferentes, pero la ley de contratación contempla la posibilidad de que si solo hay uno y cumple con los requisitos, ese proponente único tiene un proceso contractual avanzado y no es legalmente viable desconocerlo”.
En el mismo sentido, Jorge Tirado, exdirector de la Agencia Nacional de Contratación Pública ‘Colombia Compra Eficiente’, indicó que las normas permiten adjudicar a un único proponente y existe jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado al respecto, y añadió que frenar una licitación porque solo hay un oferente no sería “la gestión contractual más idónea porque teniendo un oferente que cumple, que está listo, y habiendo elaborado todo un proceso contractual, no tiene mucho sentido, desde el punto de vista de la gestión contractual, perder el tiempo”.
EL TIEMPO consultó a la Procuraduría General, que adelantó una audiencia de conciliación por el proceso licitatorio de los pasaportes, si se habían realizado otras citas similares y desde la entidad informaron que hasta ahora la única empresa que ha solicitado una conciliación ha sido Thomas Greg & Sons, que era el único oferente en el caso de los pasaportes.
Pese a eso, es de recordar que a comienzos de octubre ocurrió un caso similar, pues el Sena suspendió una licitación por cerca de un billón de pesos para la gestión de sus servicios tecnológicos a nivel nacional en la que el único proponente era la Unión Temporal Sena Digital 2.0, conformada por Indra y Telefónica. En esa suspensión del Sena se argumentó que el proceso se paraba para la satisfacción del interés público y de las necesidades colectivas.
La misiva enviada por la UT.

La misiva enviada por la UT. Foto:Archivo particular

Sobre los motivos para suspender una licitación, Andrés Mauricio Briceño Chávez, docente de la Universidad del Externado y exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, manifestó que el hecho de que haya un único oferente que cumpla las condiciones requeridas tampoco “le ordena a quien decide el contrato si puede declararlo desierto o si se puede ejecutar”, solo que, explicó, “el riesgo es que si la empresa ha participado de buena fe, la entidad debe justificar las razones jurídicas para descartar la adjudicación del contrato si cumplía con las condiciones”.
De hecho, Juan Carlos Covilla, profesor de Derecho istrativo y experto en contratación pública, puso de presente que “la jurisprudencia ha reconocido que quien participa en un procedimiento de selección tiene derechos, por lo que si no se adjudica a ese único oferente, este puede reclamar ante la entidad estatal y se le deben reparar los perjuicios causados”, por lo que la puerta no está cerrada a nuevas demandas contra la Nación por este tipo de decisiones.
Por lo pronto, en el caso de los pasaportes sigue la controversia, a la que se sumó la renuncia de Martha Lucía Zamora a la dirección de la Andje tras una discusión con el canciller Álvaro Leyva sobre la posibilidad de conciliar con Thomas Greg & Sons para evitar que el Estado les tenga que pagar una millonaria suma. Tras su renuncia, Zamora ha entregado declaraciones a autoridades como la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la licitación.

Saliente directora de la Andje declarará ante la Procuraduría

Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Andje

Durante cerca de dos horas y media fue escuchada por una fiscal de la dirección anticorrupción, la saliente directora de la Andje, Martha Lucía Zamora, por la investigación sobre presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes.
De hecho, EL TIEMPO informó en primicia que la Fiscalía inició una indagación por el tema y que se contemplaba citarla a ella a declaración, lo mismo que a funcionarios y particulares mencionados por su participación en la licitación.
Fuentes oficiales señalaron que ella mencionó en una entrevista a la W Radio posibles actos de corrupción que se estarían dando en la adjudicación, lo que tendrá que ser ampliado ante la justicia.
“La fiscal a cargo del caso dispuso de varias actividades investigativas para verificar si alguna de las actuaciones relacionadas con la referida licitación constituye una conducta delictiva. En ese sentido, en el marco de su autonomía e independencia, tomará las decisiones de carácter penal en contra de los funcionarios o particulares que corresponda”, señaló el ente acusador en un comunicado.
Penalistas consultados por este diario señalaron que el canciller Álvaro Leyva tiene fuero, por lo que si hay evidencias para investigarlo, se tendrían que compulsar copias ante la unidad delegada de la Corte Suprema para adelantar un eventual caso en su contra.
Este diario estableció que Zamora será escuchada hoy a las diez de la mañana de forma virtual en la Procuraduría por los mismos hechos y en el marco de la investigación disciplinaria.
El 23 de septiembre el Ministerio Público anunció en un comunicado que abrió una investigación disciplinaria contra el ministro Leyva y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por los mismos hechos.
En X: @JusticiaET

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