Ejecución de $ 77 billones de acuerdo de paz en Colombia fue desarticulada: Contraloría

Aunque destacó que en los últimos años el ritmo de asignación de recursos para la implementación del acuerdo de paz se ha elevado, la Contraloría dijo que se requiere de un mayor esfuerzo presupuestal y de superar rezagos. Esta conclusión hace parte del séptimo informe sobre los recursos del posconflicto, en el que el órgano de control dijo que entre 2017 y el 31 de marzo de 2023 se ejecutaron 77,45 billones de pesos.

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Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general, sostuvo que la problemática que ha evidenciado la Contraloría en todos los años de seguimiento son “los bajos niveles de eficacia e impacto de los recursos públicos para lograr la transformación estructural del campo”, e hizo un llamado para que haya un mayor esfuerzo presupuestal “puesto que los recursos resultan insuficientes y por los rezagos que se han generado”.

Zuluaga también indicó que las nuevas apuestas en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno son destinar $ 50,4 billones para los próximos 4 años, lo cual, “a precios constantes, solamente 3 billones de pesos más que lo asignado por el gobierno anterior”.

Según el informe de la Contraloría, la reforma rural integral (RRI), que es el punto 1, mantiene una mayor asignación pues entre 2017 y 2022 el 79 por ciento de los recursos se gastaron en este punto, con un total de $ 45,13 billones. Pero se dice que no obstante esa inversión, “no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país”, por una ejecución desarticulada que afecta la eficacia, por lo que se subraya la necesidad de tomar medidas para ajustar la forma como se están haciendo las inversiones.

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Frente al punto 2 del acuerdo de paz, sobre participación política, el informe destaca que entre 2017 y 2022 se registró una ejecución de $ 1,07 billones. Un avance es la aprobación de la ficha técnica de la meta sobre disminución del asesinato de líderes sociales, pero como obstáculos se dice que no arrancan instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).

En cuanto al punto 3, que es sobre fin del conflicto, la Contraloría reportó de 2017 a 2022 una ejecución presupuestal de $ 4,6 billones. Se resaltan avances en las agendas territoriales de reincorporación comunitaria, pero se alerta por un incremento de afectaciones de seguridad a esta población.

Frente al punto 4, sobre solución al problema de las drogas, el informe recoge que entre 2017 y 2022 se invirtieron $ 5,9 billones, y había para el año pasado un 92,3 por ciento de avance con una cifra de 46.151 hectáreas sustituidas, frente a la meta de 50.000 erradicadas dentro del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). No obstante, el reducido avance en la estrategia de a tierras de la RRI dificulta a las familias tener sus proyectos productivos.

En los acuerdos para las víctimas, que son el punto 5 del acuerdo de paz, la Contraloría registró una ejecución entre 2017 y 2022 de $ 5,7 billones. Como avance se destaca la apertura de nuevos casos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el trabajo de búsqueda de desaparecidos; pero hay alertas, entre otros temas, por las “insuficientes” metas y recursos para la reparación de víctimas.

Del punto 6, sobre implementación, verificación y refrendación, el informe señala que se ejecutaron recursos por $ 1,28 billones en el periodo analizado, aunque hay advertencias por la falta de actualización del Plan Marco de Implementación del acuerdo.

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El informe de la Contraloría concluye señalando que van tres gobiernos desde la firma del acuerdo, el primero (Juan Manuel Santos, 2014-2018), como negociador, planteó algunos mecanismos de implementación; el segundo (Iván Duque, 2018-2022) siguió la implementación, aunque la misma fue “desarticula”, y el tercero, que es el de Gustavo Petro, tiene el desafío de “capitalizar las lecciones aprendidas” para lograr cambios estructurales, “sin embargo, luego de casi un año, no se han visto claramente los ajustes de fondo que la implementación requiere”, concluye.

EL TIEMPO consultó con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz del Gobierno sobre este informe, pero señalaron que de momento no van a pronunciarse pues primero lo revisarán a fondo.

María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

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