El país se raja en obras educativas: plan de aulas va en 24 % y rezagado seis años

El cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) presenta graves deficiencias. Con 7.358 salones de clase entregados al cierre del 2023, apenas se ha alcanzado el 24 por ciento de la meta, que además fue fijada con una fecha que ya se venció: 30.680 aulas para finales del 2018. 

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Además, una veintena de obras abandonadas (23), sobrecostos en 136 proyectos, pagos excesivos en 70 de ellos y costos desproporcionados en 179 interventorías forman parte de la larga lista de irregularidades presentada por la Contraloría, con pérdidas cercanas a los 40.000 millones de pesos.

En el estudio sectorial para el periodo 2015-2023 sobre infraestructura educativa que reveló el ente de control ayer en un foro en Palmira, Valle del Cauca, se analizó detalladamente la implementación de las políticas públicas en este rubro, una de las banderas del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, halló graves deficiencias en planificación, ejecución y cumplimiento de las metas del PNIE, en el que se han invertido cerca de 3 billones de pesos.

Para la implementación de la jornada única, una estrategia que contempla la ampliación del horario de clases y la intensidad académica apuntando a la formación integral de los niños y jóvenes, se realizó un análisis del déficit de aulas. 

En el “estudio por región” se presentan estimaciones de déficits por grados educativos (desde preescolar hasta undécimo) y para cada una de las regiones (Pacífico, Caribe Norte, Bogotá, Eje Cafetero-Antioquia, Centro Sur-Amazonia, Caribe Sur, Llanos, Centro Oriente).

El informe indicó que el país enfrentaba un faltante de 51.134 salones de clase para implementar la jornada única, que en el Conpes 3831 de 2015 se estableció cubrir para el 2030. 

Con este panorama, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa propuso construir el 60 por ciento, con las 30.680 aulas nuevas que se fijaron entregar para el 2018. Sin embargo, las 7.358 que se han logrado terminar solo representan el 24,1 por ciento de la meta del PNI y el 14,4 por ciento frente al déficit identificado en el Conpes del 2015.

Por su parte, de los 525 proyectos de infraestructura que se planearon y quedaron viabilizados y financiados en el PNIE, hasta finales de 2023 habían sido concluidos 329 (el 63 por ciento). De acuerdo con el informe de la Contraloría, 142 están en ejecución y en 54 no se ha iniciado el trabajo. 

“La categoría de proyectos dominante ha sido la de ampliación y mejoramiento, con el 71 por ciento del total. Por su parte, los proyectos de obra nueva representan el 18 por ciento y los proyectos de reconstrucción equivalen al 12 por ciento restante”, se lee en el estudio sectorial.

Solo cuatro departamentos han superado el déficit de aulas por encima del 40 por ciento: Huila (63,8 por ciento), Cundinamarca (53,1), Caldas (49,1) y Boyacá (41,8 por ciento).

Entre las fallas, la Contraloría destacó un favorecimiento a los municipios con mayores recursos y un relego a aquellos de menor capacidad. Lo anterior va en contravía de lo planteado en el Plan de Infraestructura, el cual pide priorizar las áreas rurales. 

“De los 525 proyectos ejecutados y en ejecución, el 74,5 por ciento corresponden a zonas urbanas, frente al 25,5 por ciento de zonas rurales”, detalla el informe.

"“El PNIE ha logrado poco avance en su meta de reducir el déficit de 51.134 aulas nuevas y ampliadas necesarias para la implementación de la jornada única a nivel nacional. (...) Estos resultados destacan la gran distancia que aún queda por recorrer para cumplir con las metas del PNIE y evidencian las limitaciones de la estrategia adoptada, tanto en su planificación como en su ejecución”, recalca la entidad.

En términos generales, el rezago en la infraestructura educativa se identificó en aspectos contractuales, en los que la Contraloría halló 87 irregularidades en la supervisión y 66 en el cumplimiento de contratos. Lo anterior, entre 2020 y 2023, derivó en daños fiscales por 40.000 millones de pesos, lo que significa que anualmente se han extraviado alrededor de 10.000 millones de pesos.

Discriminados por año, se identificaron 30 hallazgos en auditorías de 2020, cuatro en 2022 y 53 en 2023. La cuantía de las anomalías en el año de la pandemia se estimó en más de 21.000 millones de pesos, en el 2022 se contabilizaron 1.400 millones, y en el 2023 sumaron 16.000 millones, para un total cercano a los 39.000 millones de pesos.

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Las regiones de mayor incidencia son Centro Oriente (26.000 millones), seguida por el Eje Cafetero y Centro Sur, con 7.000 millones y 3.000 millones de pesos, respectivamente. “Además, 17 hallazgos subrayan la importancia de mantener y operar adecuadamente las instalaciones escolares para asegurar la efectividad de las inversiones a largo plazo”, precisó el ente de control.

En el desfalco también se emitieron fallos de responsabilidad fiscal por más de 20.000 millones de pesos a los responsables de 23 proyectos abandonados, 136 con sobrecostos, 70 con pagos excesivos y 179 con costos desproporcionados en proyectos de interventoría. Desde la Contraloría aseguraron que, gracias a su trabajo de auditoría, 57 de las 80 instituciones inicialmente abandonadas fueron terminadas y puestas en funcionamiento.

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"Esto subraya la necesidad de implementar cambios profundos y acciones coordinadas entre actores nacionales y territoriales para que la infraestructura educativa cumpla realmente con las demandas del sistema escolar, diseñado para apoyar la implementación de la Jornada Única en los niveles de educación preescolar, básica y media en el sector educativo oficial colombiano", alertaron desde el ente de control.

Durante el evento en Palmira, el contralor (e) Luis Enrique Abadía enfatizó en que las deficiencias identificadas son un gran reto para las inversiones en este sector. “La política pública de Infraestructura de Educación Preescolar, Básica y Media en Colombia enfrenta desafíos significativos que requieren una acción coordinada y decidida de todos los actores involucrados. Desde la CGR consideramos fundamental trabajar en conjunto para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que beneficie a toda la sociedad”, concluyó Abadía.

Redacción Justicia