Mayor control territorial de ilegales dispara reclutamiento de menores, dice Defensoría

Este año, al menos 166 menores de edad han sido reclutados por grupos al margen de la ley, según la Defensoría del Pueblo, que alerta sobre la continuidad de este delito. En entrevista, el defensor Carlos Camargo Assis detalló los graves hallazgos de la entidad.

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Con más del 90 % de los casos, disidencias de Farc concentran los hechos este año; el organismo de derechos humanos alerta que hay subregistro.

En el 2020, en la Defensoría del Pueblo activamos el ‘Botón de registro de casos’ de reclutamiento, el cual fue creado en el marco de la estrategia defensorial contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Desde el 2020 hasta la fecha han sido registrados, a través del ‘Botón’, un total de 344 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento. Entre enero y octubre de este año fueron registrados 166 casos; en el mismo periodo del 2022 tuvimos un reporte de 34; en 2021 (enero-octubre), 31, y en 2020 (los mismos meses), 89.

Es importante señalar que existe un alto porcentaje de subregistro del fenómeno, además, el Estado colombiano no cuenta con un instrumento idóneo que permita dimensionar la magnitud de esta grave violación de derechos humanos contra la infancia y la adolescencia en el país.

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Hemos identificado varios factores que inciden directamente en el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio.

Lo primero es el subregistro del fenómeno que se presenta por la falta de denuncia de padres, madres, cuidadores y comunidad en general. Ello se debe al temor por represalia, por ser víctimas de otros hechos victimizantes, desconocimiento del delito y de las rutas de atención y denuncia, desconfianza en la institucionalidad, desconocimiento de la activación de rutas por parte de las y los funcionarios competentes y la falta de una plataforma o mecanismo idóneo que permita tener información verídica.

Asimismo, la presencia constante en las instituciones educativas en zonas rurales y rurales dispersas de los grupos armados ilegales, con el propósito de engañar a niñas, niños y adolescentes y reclutarlos fácilmente. También, se evidencian amenazas a docentes y directivos de establecimientos educativos, lo que incide directamente en el reclutamiento, aspecto que impide poder activar las rutas de prevención de manera oportuna. Además de la deserción escolar, que es otro de los aspectos que facilita al actor armado reclutar a niños, niñas y adolescentes.

Entre otros de los factores que contribuyen al reclutamiento, está el cambio de estrategia de los actores armados ilegales para involucrar a niñas, niños y adolescentes en estructuras criminales con el ofrecimiento de dinero, motos, armas, posibilidades de ascenso dentro de las estructuras.

En relación con el impacto diferencial de género, específicamente con niñas y adolescentes, los actores armados recurren a la manipulación sentimental (enamoramiento) para proceder posteriormente a reclutarlas.

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Existen varios factores que podrían incidir directamente en el aumento proporcional de los casos conocidos por la Defensoría del Pueblo. Como Defensor del Pueblo y, a través de nuestras Defensorías Regionales, hemos hecho un trabajo juicioso de seguimiento y monitoreo a la situación. A través de la estrategia defensorial hemos logrado que los equipos en terreno puedan acompañar y gestionar los casos de reclutamiento, tanto, que se ha logrado la articulación con otras entidades del Estado, así como con organizaciones de la sociedad civil, y cooperación internacional para lograr hacer un seguimiento más juicioso a tan grave problemática.

El segundo aspecto que podría incidir directamente en el aumento de casos de reclutamiento es, sin lugar a dudas, un mayor control territorial y social de los grupos armados ilegales en varias zonas del país, aspecto que puede facilitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Esta situación se puede determinar a través de las alertas tempranas que hemos emitido. En lo corrido del 2023, de las 37 alertas emitidas, 30 advierten el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en los 32 departamentos, incluida Bogotá.

Siguiendo nuestra misión constitucional, hemos realizado monitoreo permanente sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) en el marco de la implementación de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional sobre el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con tres grupos armados.

En virtud de lo anterior, ha sido emitida una serie de boletines de seguimiento. Los boletines nos han permitido determinar que los grupos armados ilegales mantienen su accionar y se enfrentan con otras organizaciones ilegales, amenazan, realizan homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones, que afectan directamente los derechos de toda la población y contrarían los postulados del DIH.

Los grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera mayor riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, sin dejar a un lado la violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades, así lo hemos evidenciado en las distintas alertas tempranas.

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Como Defensor del Pueblo, estoy convencido de que el diálogo es la opción real y legítima para alcanzar la paz. Por ello, es fundamental contar con reglas claras y el cese definitivo de acciones que afectan a la población civil. Por la misma razón, hemos ofrecido nuestro apoyo incondicional a través de la experiencia que tenemos en el monitoreo de violaciones de derechos humanos en el desarrollo del conflicto armado, para contribuir con los diálogos y acercamientos con los diferentes actores armados, de manera que se logre concretar la paz que tanto anhelamos los colombianos.

Según la información que hemos obtenido a través del ‘Botón de registro de casos’ frente al grupo armado con mayor número de registros asociados, el 91,1% se concentra en facciones disidentes de las Farc; le sigue el ELN, con el 7 %; otro, 1,3 %, y grupos posdesmovilización de las AUC (AGC – Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como Caparros, entre otros), 0,6 %.

Desde la Defensoría del Pueblo y recogiendo el sentir de la sociedad colombiana, debe ser una exigencia a los grupos armados que no recluten menores de edad y regresen a las niñas, los niños y adolescentes que están en sus filas. Vale la pena señalar que este reclutamiento es forzado, son menores de edad a quienes se les vulneran sus derechos. Lo niños deben estar por fuera de la guerra, deben estar educándose en los colegios, divirtiéndose en los parques y bajo el cuidado y protección de sus familias.

Además de que deben renunciar a la práctica del reclutamiento, también deben acabar con el flagelo del secuestro, una condición inamovible para seguir dialogando; con las extorsiones, y con la instalación de minas antipersonal, que generan el confinamiento de las comunidades.

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Desde el 2020, Cauca, Caquetá, Arauca, Nariño, Putumayo, Antioquia, Norte de Santander y Amazonas, según la información recibida a través del ‘Botón’, son los departamentos en donde más persisten hechos de reclutamiento.

Estos lugares han sido históricamente afectados por la violencia y el control territorial y social que ejercen los actores armados ilegales. En la mayoría de ellos, hay más de un actor armado, lo que implica una mayor afectación con hechos de violencia y con reclutamiento.

Adicionalmente, en estos departamentos, por su condición geográfica y la dispersión territorial, las autoridades no logran hacer presencia en su totalidad, motivo por el cual son lugares con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, presentan dificultades para acceder a servicios de educación y salud y la oferta institucional es escasa.

Por último, también es importante resaltar que persisten las economías ilícitas derivadas del narcotráfico, minería ilegal, contrabando, deforestación, trata de personas, entre otros, que en muchas de las oportunidades financian el accionar de los actores armados en territorio.

En relación con la pertenencia étnica de los casos conocidos durante el 2023, efectivamente el 75 % corresponde a niñas, niños y adolescentes indígenas; el 10 % no tiene ninguna pertenencia étnica; el 1 %, afrocolombiano, y del 14 % no se tiene información.

De acuerdo con esta información, se puede deducir que el mayor número de víctimas son niñas, niños y adolescentes indígenas, por lo que la afectación sobre esta población es diferencial. Razón por la que las acciones de prevención y atención deberían ser también diferenciales.

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La población migrante, al igual que la población de acogida, se ve inmersa en diversas vulneraciones de derechos, como desplazamientos y amenazas. Aunque a nivel nacional y territorial no se cuenta con una estadística aproximada del número de niños migrantes y refugiados que son víctimas actualmente de reclutamiento, es una realidad que las entidades territoriales reconocen el impacto que tiene en su vida, la de sus familias y comunidades, entre otros factores que invisibilizan el riesgo, como el temor a represalias, las amenazas y la estigmatización, lo que explica por qué muchas familias deciden no denunciar la ocurrencia de este fenómeno.

Especialmente en departamentos de frontera, la afectación es diferencial y en mayor medida las víctimas del fenómeno son niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Además, se han evidenciado alianzas entre grupos armados ilegales y organizaciones de crimen transnacional, que aumentan el riesgo para menores de edad.

A través del ‘Botón de registro de casos de reclutamiento’, la Defensoría del Pueblo conoció cuatro casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, de los cuales tres fueron en el 2022 y uno en el 2021. Sin embargo, a nivel nacional y territorial no se cuenta con una estadística aproximada del número de niños migrantes y refugiados que son víctimas actualmente de reclutamiento, y persisten diferentes situaciones que aumentan el riesgo de reclutamiento en niñas y niños migrantes, como la existencia de necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades, consumo de sustancias psicoactivas, falta de a servicios de educación y salud, entre otros.

Redacción Justicia

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