El procurador Gregorio Eljach revocó la sanción contra el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez

El procurador Gregorio Eljach revocó la sanción disciplinaria que la entidad le había puesto, en primera y segunda instancia, a Luis Guillermo Pérez como superintendente de Subsidio Familiar del gobierno del presidente Gustavo Petro. 

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A través de un auto de revocatoria directa firmado este mes, el jefe del Ministerio Público dejó sin efectos los dos fallos que se habían impuesto contra Pérez dentro de la investigación por el manejo que se le dio a las cajas de compensación.

La destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos fue por 12 años, medida que en julio del año pasado confirmó la Sala Disciplinaria de Juzgamiento al encontrar que incurrió en dos cargos cuestionables. El primero porque el 9 de diciembre de 2022, el exsuperintendente les pidió a los directivos de las cajas de compensación un aporte solidario en favor de la 'paz total' en Buenaventura. Sumado a ello, cambió "sin justificación constitucional" una resolución de agosto de 2022 sobre una lista de elegibles para elegir a directivos y agentes especiales de cajas de compensación. 

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Con esa modificación, para el ente de control el entonces superintendente "permitió que personas que no habían participado en la convocatoria abierta por la Resolución 0275 de 2022, ni cumplido los requisitos mínimos exigidos para ese momento, pudieran integrar la lista de elegibles". En particular, reprocharon la inclusión en ese listado de Juan Carlos Carvajal, quien terminó como director istrativo de Comfahuila. 

Tras revisar el caso, Gregorio Eljach hizo uso de una figura que pocas veces se ve que utilice un procurador general: la de revocar directamente sanciones de la entidad. Según él, en el expediente contra Pérez "se presentó una vulneración al debido proceso, que afectó el derecho de defensa y contradicción del inquirido, en punto del procedimiento de adecuación típica realizado desde el mismo momento de la imputación jurídica".

Como primer punto, el Procurador resaltó que la jurisprudencia ha determinado que no basta con que un acto sea contrario a la ley, sino que "sea clara y abierta su discordancia con el ordenamiento jurídico, evidenciándose el capricho o la arbitrariedad del servidor al expedirlo". 

En este caso, Eljach encontró que la resolución de 2022 que firmó Pérez para hacer cambios en la lista de elegibles, estuvo motivada con unos argumentos, por lo que no es "consecuente" afirmar que fue algo caprichoso. 

"La falencia detectada dejó sin piso el proceso de adecuación típica realizado, lo que ineluctablemente perturbó el derecho fundamental al debido proceso", concluyó el alto funcionario frente a ese primer cargo, reiterando que tanto en primera y segunda instancia los procuradores pasaron por alto yerros significativos.

Frente al segundo, el de los aportes solicitados para la 'paz total' de Buenaventura, Gregorio Eljach detalló que hubo un error fáctico al valorarse las pruebas de manera equivocada, ya que no hubo una 'solicitud' a las cajas de compensación por parte del exsuperintendente.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]