¿Advertir en la ONU que Colombia ‘no quiere cumplir’ el acuerdo de paz, como propone el Presidente, sirve de algo?

(Lea también: Presidente Petro dice que irá a la ONU a advertir que 'el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó').

Paola Molano, coordinadora de la Línea de Justicia Transicional de Dejusticia, señaló que cuando el Presidente pone como ejemplo de una deuda del acuerdo de paz a la Jurisdicción Agraria, a la cual le falta que el Congreso apruebe dos leyes (una estatutaria y una ordinaria), olvida que esa es solo una parte del punto 1 del Acuerdo de Paz, que habla de la Reforma Rural Integral (RRI), “en ese mismo punto el a tierras o los Planeas Nacionales para la RRI no requieren una ley, son del Ejecutivo, y el punto de seguridad no es responsabilidad de nadie distinto al Ejecutivo ¿De qué Estado habla el Presidente cuando es el Gobierno el que tiene que cumplir muchos de los componentes del Acuerdo?”, cuestionó.

Molano también señaló que ir a la ONU es una manera de legitimar las ideas que tiene el Presidente de que “antes de este Gobierno llegara todo estaba mal y que este es el que va a rescatar a Colombia de una idea de injusticia”. Y agregó que otro efecto que tal vez el Presidente no calculó sobre su intención de ir a la ONU a decir que Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz es cómo afecta esto el apoyo que la comunidad internacional le ha dado a la paz. 

(Le puede interesar: Con el tiempo apretado, Jurisdicción Agraria vuelve al Congreso para debates en Cámara y Senado).

“Mandar el mensaje de que Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz pone a los países que le han apostado a la paz en una encrucijada de preguntarse ‘¿qué estamos haciendo con nuestros esfuerzos cuando el mismo Presidente es el que dice que no se va a cumplir el acuerdo porque el Estado no quiere?’ Es contradictorio y confuso que él tome esa distancia como si él no fuera la principal figura del Estado, y al mismo tiempo esto puede tener unos efectos en la comunidad internacional que ha apoyado con recursos y apoyo político”, indicó.

Las declaraciones del Presidente también podrían ser leídas como un recordatorio de que el acuerdo de paz es un tratado comprensivo y que su implementación requiere de la intervención de todos los poderes del Estado. Así lo expresó el profesor Germán Valencia, investigador sobre conflicto y paz negociada del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien añadió que una forma de leer las palabras del Presidente es que “son un llamado a los otros poderes a que se responsabilicen también de la implementación de la paz (…) El Presidente llama la atención a que se está incumpliendo y que es el Estado y no el Ejecutivo el responsable”.  

Para el docente las palabras del jefe de Estado también pueden ser una especie de advertencia ante la comunidad internacional de que el hecho de que no se haya avanzado lo suficiente no es solo responsabilidad del Ejecutivo “y también es dejar una constancia de que él lo advirtió, diciendo que no fue él quien no quiso, sino el Estado colombiano distinto al Ejecutivo”.

Por su parte, Angélika Rettberg, investigadora en temas de construcción de paz de la Universidad de los Andes, dijo que “el presidente necesita recordar que él es el jefe de Estado, amenazar con ir ante la ONU con denunciar al mismo Estado es por lo menos sorprendente porque es su responsabilidad que el Estado cumpla el Acuerdo con el que se comprometió”.

(Puede ser de su interés: Estado responde en audiencia de JEP por ‘falla estructural’ en búsqueda de desaparecidos).

Añadió que si bien comparte las críticas sobre la lentitud que ha habido en muchas disposiciones del Acuerdo, “esperar que una queja ante la ONU va a acelerar las cosas no es realista porque es en sus manos (del Presidente) que está que esto se vigorice y salga adelante”.

La investigadora también dijo que hay listos muchos protocolos, instancias y presupuestos que vienen de gobiernos anteriores pero “que requieren impulso desde el nivel central, que necesitan una coordinación que no están recibiendo, y que necesita aliados claves de alcaldes y gobernadores en las regiones más apartadas para hacer cumplir el Acuerdo en zonas bajo su control”.

Este mismo martes el presidente Petro volvió a hacer críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), diciendo que no es la instancia de cierre de la verdad. “Si vamos a la práctica, ya siete años del acuerdo de paz, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad”, expuso el jefe de Estado.

Al respecto el profeso Valencia dijo que esta podría ser una forma de llamar la atención frente a los modelos de justicia que se tendrían que implementar producto de los diversos acercamientos de ‘paz total’ que adelanta el Presidente, “llama la atención frente al tema de la JEP porque se vienen encima una serie de negociaciones y para todas hay que tener un modelo de justicia y él dice que la que hay está fallando”.

(Podría interesarle: Presidente Gustavo Petro: 'La JEP no es la instancia de cierre de la verdad').

Por su parte, Molano consideró que esas declaraciones sobre la JEP, sumadas a las que hizo en días pasados el Presidente sobre un proceso constituyente, generan ruido frente a si se está buscando deslegitimar a este modelo de justicia transicional para poner en la agenda pública un tema de “perdón social” del que ha venido hablando el primer mandatario, “¿está atacando a la JEP para deslegitimarla e impulsar la idea del perdón social, que suena como a medidas de perdón y olvido? El Presidente también relaciona mucho a Justicia y Paz con una idea de impunidad y falta de verdad, desconociendo que Justicia y Paz tiene problemas pero también muchos avances, hay acumulados institucionales que parece que el Presidente desconoce”, cuestionó.

Sobre este tipo de afirmaciones de crear otro tribunal de paz u otra figura de cierra, en su momento en entrevista con EL TIEMPO el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, dijo que son respetuosos de la autonomía que tiene el Gobierno para crear arquitectura para la paz, pero insistió en que hay unos límites que deben respetarse.

“La justicia transicional sí tiene muchas cosas que resolver, hay una cantidad de actores en el escenario que están visibles ahora en la ‘paz total’, y esa cantidad de actores tiene que encontrar caminos para resolver su situación jurídica, para lograr los cierres, pero no pueden ser leyes de perdón y olvido”, afirmó.

(En contexto lea: Los desafíos de justicia de la ‘paz total’ y la polémica de un único tribunal de cierre).

Finalmente, en su discurso el presidente Gustavo Petro hizo referencia a la declaración unilateral de Estado que hizo Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU exponiendo su voluntad de cumplir el acuerdo de paz. La cabeza del Ejecutivo dijo que " en la declaración unilateral el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó (…) La declaración unilateral de Estado es un compromiso que es superior a cambios de gobierno o a cambios de la constitución”, dijo Petro.

Consultados sobre este tema, analistas en derecho internacional dijeron que hay imprecisiones en las declaraciones.

Cristian González, abogado internacionalista, dijo que si bien el Presidente tiene razón en que las declaraciones unilaterales de Estado son fuente de derecho internacional y eso puede generar obligaciones bajo el derecho internacional, “lo que dice que eso vale más que la Constitución es un error, en Colombia para que el derecho internacional se reconozca jurídicamente tiene que pasar por un proceso de ratificación. Los actos unilaterales no valen más que la Constitución o la ley”. 

(Lo invitamos a leer: El inédito movimiento del presidente Petro ante ONU: anuncia que denunciará incumplimiento del Estado al acuerdo de Paz).

Añadió que ante la ONU Colombia ha venido reportando los avances en la implementación de la paz, “decir que el país no quiere cumplir el acuerdo puede generar cierto daño en la reputación de Colombia como un país que le ha apostado a la paz, pero no sería cierto que esto derive en un tipo de intervención por parte del Consejo de Seguridad de la ONU”.

A su turno, Verónica Hinestroza, experta en DIH, expuso que la declaración a la que hizo referencia el Presidente es un compromiso que expresó el año pasado Petro de hacer aplicar la declaración unilateral de Estado efectuada en 2017 por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

“Entiendo que la declaración consistió en transmitir de buena fe el acuerdo de paz a Naciones Unidas. En la Carta del presidente Petro, él parece ir más allá al decir ‘Nació así con ello la obligación irreductible para el Estado colombiano y por ende para su Jefe de Estado, fuere quien fuere, de hacer cumplir el contenido todo so pena de incurrir Colombia en una responsabilidad internacional de graves consecuencias para la nación’", citó.

(Más notas: Protestas en el sector minero-energético subieron 46 % en 2023: Defensoría).

Añadió que en la carta de Petro de ese momento también parecía haber una “interferencia o presión del Ejecutivo a la independencia judicial, un principio aplicable a la JEP”. Así mismo, dijo que una declaración unilateral de Estado puede ser revocada en caso de cambio fundamental de las circunstancias, “¿es ese el caso? considero que la lectura del interés de las diferentes instancias involucradas en la consecución del acuerdo de paz no puede ser una apreciación subjetiva derivada de expectativas propias, habría que referirse al texto del acuerdo en su conjunto. Frente al tema de la Constitución, no me parecen instrumentos comparables excepto en que ninguno debe contravenir normas imperativas del derecho internacional”, concluyó.


En X: @JusticiaET
[email protected]