'Empresas tecnológicas deben evitar redes de reclutamiento en sus plataformas': Naciones Unidas

El país aún no ha pasado la página de la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Esta práctica y todas sus violencias subsecuentes fueron identificadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los patrones criminales de la extinta guerrilla de las Farc, que reclutó a más de 18.000 menores. Sin embargo, los grupos residuales del acuerdo de paz han calcado esta dinámica y, desde 2019, han incorporado gradualmente a más infantes a sus filas.

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En el marco del Día Mundial de las Manos Rojas, que conmemora la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual prohíbe el uso de menores de edad en las guerras, EL TIEMPO habló con Julien Hayois, especialista en protección de la niñez de Unicef Colombia, sobre el contexto y los efectos de este flagelo, que en 2024 registró un aumento del 20 por ciento con respecto al año anterior, apalancado, en buena medida, por las nuevas plataformas digitales.

Sabemos que cuando no hay garantía de los derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes—como a la educación, protección, salud o a vivir en hogares sin violencia—su vulnerabilidad aumenta, lo que incrementa el riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes también necesitan oportunidades educativas, culturales, deportivas y profesionales que los alejen de la violencia. Una acción importante es llevar los servicios y programas del Estado a las zonas más apartadas, permitiendo el a derechos, con soluciones que incluyan enfoques étnicos y de género, que respondan a las necesidades, realidades y culturas de las comunidades. Asimismo, el fortalecimiento de los sistemas de protección, en los que trabajamos de la mano con las autoridades, es fundamental para prevenir el reclutamiento y garantizar el restablecimiento de derechos de los niños y niñas desvinculados.

El reclutamiento tiene un impacto a nivel individual, familiar y comunitario. A nivel individual, sabemos, según el Auto del Caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que la niñez víctima de reclutamiento está también en riesgo de sufrir otros crímenes como violencia sexual, torturas y homicidios, entre otros. El reclutamiento rompe sus infancias, los aleja de oportunidades para forjar su propia identidad y su proyecto de vida, y deja secuelas físicas y emocionales profundas. A nivel comunitario, genera rupturas en el tejido social y, cuando hablamos de comunidades étnicas, pone en riesgo la supervivencia física y cultural de estos pueblos.

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El aumento de las graves violaciones contra la niñez es una tendencia que vemos desde 2019, como se destaca en los informes del Secretario General de la ONU sobre niñez y conflictos armados. Este aumento se debe a las dinámicas propias del conflicto armado. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones: las afectaciones del conflicto armado a la niñez deberían ser un tema prioritario en la agenda de los procesos de negociaciones de paz, para llegar, desde fases tempranas, a acuerdos que pongan fin al reclutamiento, desvinculen y restituyan los derechos de aquellos niños y niñas ya víctimas.

Sabemos que los grupos armados utilizan estas redes sociales para atraer y ar a niños, adolescentes y jóvenes. Las emplean para captar su atención, intentando mostrarles una vida deseada y engañarlos con promesas de dinero, prestigio y poder. Desafortunadamente, estas estrategias tienen impacto porque hablamos de regiones donde hay pocas oportunidades de educación y empleo, y donde los niños y niñas enfrentan otros tipos de violencia. Por eso, es importante fortalecer la presencia del Estado en los territorios y ofrecer a los jóvenes oportunidades atractivas fuera del conflicto. Es necesario que las empresas tecnológicas contribuyan a hacer de internet y las plataformas lugares seguros; que inviertan en la prevención, monitoreo y reporte de contenidos que atenten contra los derechos de la infancia. Por ello, Unicef trabaja a nivel global con los gobiernos para promover leyes y políticas públicas, y con las empresas tecnológicas para fomentar el uso de medidas de seguridad efectivas.

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Redacción Justicia