Minga emberá pacta acuerdo con el Gobierno y retornará a sus territorios: así fue la negociación

Cuatro días llevaba instalada la minga emberá en un parqueadero de la Agencia Nacional de Tierras. En simultáneo, mantenía un diálogo con el Gobierno Nacional, con el que llegaron a un acuerdo, en la madrugada de este viernes, 29 de noviembre, después de horas ininterrumpidas de negociación. Tierras, salud, educación, orden público, los ejes del pliego de peticiones. 

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"Siendo la 1:30 de la mañana, dimos por culminada la negociación con el pueblo Emberá e iniciaría el retorno el día de hoy. Sabemos que hay comunidades a las que les toma hasta 18 horas retornar a sus resguardos y ya estamos organizando las condiciones logísticas. Un agradecimiento especial a los 13 sectores del Gobierno Nacional que se sentaron en las mesas, que acordaron de manera muy responsable unos compromisos con la comunidad. Se da por finalizada la negociación y se avanza en los esquemas de seguimiento", dijo Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que encabezó el trato. 

El pasado 8 de septiembre, la Unidad para las Víctimas lideró el retorno de cerca de 800 indígenas que vivían en cambuches improvisados, en condiciones inhumanas, en el oriente de la ciudad. Este grupo regresó a sus resguardos en Chocó y Risaralda. Poco más de dos meses después, el pasado 26 de noviembre, otro grupo aún más numeroso, compuesto por más de 2.000 personas, arribó a Bogotá con el objetivo de establecer un canal de comunicación directa con el Gobierno Nacional y gestionar un pliego de peticiones.

"No son las mismas personas que estaban asentadas en el Parque Nacional de Bogotá. Llegaron como parte de una minga organizada por el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR). Se encuentran en la Agencia Nacional de Tierras porque entre los principales reparos está el  a predios para sus familias", aclararon desde la Unidad para las Víctimas. 

Este nuevo plantón fue cuestionado por la Alcaldía, que, en coordinación con las autoridades Nacionales, acababa de tramitar la reubicación de cientos de ellos y adelanta el plan de recuperación del espacio público que había sido invadido. De hecho, ante la llegada de los más de 60 buses de la minga, el Distrito anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado para mantener el orden y la convivencia ciudadana.

"La situación de orden público y la amenaza a poblaciones indígenas en Risaralda no es responsabilidad de Bogotá. Estas personas vienen a exigirle garantías al Gobierno para permanecer en sus territorios. Y claro que esta situación genera un problema en la ciudad, pero la responsabilidad de resolverlo de fondo es del Gobierno Nacional", dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Además, insistió en una falta de coordinación. "Nos busca una entidad del Estado pidiéndonos apoyo para que otra entidad lo haga. Esto no tiene sentido", agregó. 

Por su parte, Harman le dijo a este diario que el Gobierno ha asumido la atención de la comunidad y que nunca fue una opción pasarle la pelota al distrito. "La Agencia ha cubierto los costos, ha dispuesto de carpas, 15 duchas, 30 baños, ha amparado su alimentación básica y ahora se encargará de su retorno", explicó.

El martes 26 de noviembre, día en que más de 2.000 indígenas emberá se asentaron en el parqueadero de la ANT, se produjo un conflicto con algunos funcionarios distritales que adelantaban el Puesto de Mando Unificado. Durante el incidente, los funcionarios fueron "retenidos" por la comunidad.

El director de la Agencia ofreció su versión de los hechos, asegurando que "todo se trató de una confusión por parte de los indígenas, quienes, al ver la llegada de una patrulla de la Policía, temieron ser desalojados y se atrincheraron con los funcionarios". El caos, según él, duró pocos minutos.

Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, también salió en defensa del derecho a la protesta de la comunidad Emberá y pidió no estigmatizarlos.

“Los pueblos indígenas no son un estorbo, vienen a dialogar y debemos garantizarles sus derechos fundamentales”, afirmó Solano, destacando la marginalización histórica de estas comunidades, que se perpetúa a través de "discursos discriminatorios".

Uno de sus llamados de auxilio tenía que ver con la situación de la niñez. Voceros de la comunidad aseguran que en el último año han muerto más de un centenar de menores de edad por desnutrición y falta de al sistema de Salud. Así mismo, pedían al Gobierno actuar frente a la crisis de orden público que se disputa en las regiones y que se ha acentuado en sus cabildos, forzándolos a desplazarse forzadamente.

"Pedían soluciones integrales, que no se quedaran en el corto plazo, para proteger sus derechos fundamentales", recalcaron desde la Unidad.

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia