61 % de las acciones bélicas de grupos ilegales ocurren en 3 regiones: FIP

Atender a los territorios donde se ha concentrado la violencia y hacerle frente al impacto humanitario del accionar de los grupos armados, dado que se han disparado las cifras de desplazamiento, confinamiento, homicidios de líderes y masacres, son dos de los desafíos urgentes que, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno de cara al incremento de la violencia en el país.

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La FIP hizo un análisis del periodo presidencial de Iván Duque en materia de seguridad y defensa, y en el informe ‘Ni paz ni guerra’ presentó una radiografía de las lógicas de la violencia y sus actores desde 2018.

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“Durante los últimos cuatro años, Colombia optó por una política de seguridad que privilegió el control territorial y propinar golpes importantes a los grupos armados. La teoría del cambio del gobierno Duque fue sencilla: golpear a los Grupos Armados Organizados (GAO) y sus economías para reducir su capacidad de hacer daño y convertirlos en Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), permitiría consolidar la legalidad y degradar el nivel de amenaza”, dice el documento, de 59 páginas.

Producto de esa estrategia —resaltan los investigadores— hubo afectaciones a objetivos de alto valor de los grupos armados, como la captura de alias Otoniel, los golpes contra la comandancia del Eln en el Chocó y algunos resultados operacionales contras las disidencias de las Farc, como la muerte de alias Jhonnier en el Cauca.

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No obstante, la FIP concluyó que este descabezamiento no ha sido suficiente, pues en estos estos cuatro años ha habido “un incremento del impacto humanitario en casi todas sus formas, y un escenario estratégico marcado por una confrontación entre grupos armados”, lo cual genera cuestionamientos sobre la efectividad de la política de seguridad.

Consultado sobre este tema, el ministro de Defensa, Diego Molano, le dijo a EL TIEMPO que desde los primeros cuatro meses del Gobierno “se empezaron a vislumbrar los logros de la estrategia de defensa y seguridad”.

En 2020, apuntó, se registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 45 años y el 2021 finalizó con una reducción del 11 por ciento “en el número de víctimas por homicidios colectivos”, comparado con 2020.

“Seguimos trabajando para quebrar la tendencia de los principales delitos, como lo hicimos en el segundo año del Gobierno, al registrarse la tasa de secuestro más baja desde que se tenían registros, con 0,24”, dijo al destacar que se revirtió la tendencia de crecimiento de hectáreas de cultivos de coca, que se han incautado casi 2.000 toneladas de cocaína y que se han sometido a la justicia más de 500 integrantes de grupos armados organizados (ver nota anexa).

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Incluso, aseguró que la criminalidad “se encuentra diezmada en todo el territorio nacional”. Sin embargo, las alertas que ha enviado en sus informes trimestrales el secretario general de la ONU, António Guterres, así como la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones a nivel nacional e internacional, dan cuenta de que el Estado aún tiene varios retos para acabar con la violencia, a pesar de haber firmado en 2016 un acuerdo de paz con la desaparecida guerrilla de las Farc.

“Si bien no estamos aún en un tercer ciclo de guerra o en un recrudecimiento pleno de la violencia, los indicadores muestran que nos encontramos más cerca del 2011 que del 2016. El país tiene unos problemas serios en materia de conflicto, seguridad y crimen que ponen en riesgo los dividendos de la paz, complican la transición iniciada tras la desmovilización de las Farc y nos ponen frente a un escenario hÍbrido en el que el crimen organizado tiene un peso cada vez más importante”, dice la FIP en su informe.

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Aunque la firma del acuerdo de paz generó una disminución sustancial de la confrontación armada en gran parte del país, persistieron grupos como el Eln, el ‘clan del Golfo’, entre otros, y surgieron nuevos grupos disidentes y rearmados del proceso, lo que dio paso a “un nuevo escenario de violencia, donde la actividad armada en los últimos cuatro años se ha hecho más intensa”, asegura la Fundación.

De acuerdo con los datos de la FIP —cotejados con las cifras del Ministerio de Defensa— en los últimos cinco años aumentó la capacidad de los grupos armados de realizar acciones bélicas, y el 61 % de estas afectaciones (enfrentamientos, ataques a infraestructura, acciones contra la Fuerza Pública) está concentrado en tres zonas: Arauca (21 %), Catatumbo (24 %) y norte del Cauca (16 %).

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Si bien las zonas de frontera están entre las que tienen una situación de seguridad más compleja, en varios puntos del país persiste la violencia armada, y en algunos ha aumentado, como el Pacífico nariñense, el Norte de Antioquia, el Bajo y medio Putumayo, el centro-sur del Cauca y los departamentos de Chocó y Arauca.

“Cuatro años después, si bien no se puede hablar de una guerra con dimensiones nacionales como en los 90 e inicios de los 2000, las condiciones de seguridad a nivel nacional se han deteriorado y se mantienen los focos de violencia. No estamos en guerra, pues ninguno de los grupos armados organizados tiene la capacidad de disputar de manera sostenida posiciones estratégicas al Estado, y la Fuerza Pública ha aumentado su capacidad de despliegue y copamiento territorial", dice el informe.

El documento añade que, no obstante, "esta capacidad tampoco se traduce en una disminución de la violencia o en la sostenibilidad del control territorial que ha sido equiparado con el despliegue militar”.

Una de las realidades que más preocupa en esa persistencia del conflicto es su impacto humanitario, sobre todo en las comunidades donde la vida cotidiana transcurre bajo el yugo de la violencia y la incertidumbre constante de fenómenos como el confinamiento y el desplazamiento forzado.

“Estas dos afectaciones están en sus niveles más altos en la última década, pero también está el homicidio en personas protegidas, ataques a misiones médicas y otros hechos en un contexto en el que cada vez los grupos respetan menos a actores humanitarios, lo que genera preocupación”, dice Jorge Mantilla, director del área de dinámicas del conflicto de la FIP.

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El investigador advierte, además, que “ese deterioro acelerado de los términos del conflicto y de los grupos y sus comportamientos con las comunidades han tenido un impacto muy importante en fenómenos como el reclutamiento forzado, la violencia sexual y todo lo que tiene que ver con amenazas, hostigamientos, persecución y estigmatización de líderes sociales”.

En cuanto al desplazamiento forzado y el confinamiento, las cifras de la ONU muestran una tendencia al aumento desde 2016. De hecho, el 2021 presentó un incremento tanto en el número de eventos en ambos indicadores como en el de víctimas de desplazamiento forzado (pasó de 27.483 en 2020, a 77.053 en 2021, el número más alto de los últimos 12 años).

“Estos hechos no solo son consecuencia de combates y enfrentamientos, también se dan por amenazas, hechos de violencia (homicidios y masacres) y la presencia de explosivos o minas antipersona”, explica la FIP.

Otro de los hechos que muestras estas afectaciones humanitarias es el incremento constante de las masacres, que puso al 2020 como el año con las mayores cifras de la última década, con 162 víctimas en 33 eventos (según reportes del Ministerio de Defensa, que son inferiores a los de organizaciones sociales).

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De otro lado, el informe hace énfasis en que las dinámicas de la violencia trascienden la presencia de cultivos de coca y minería ilegal, y asegura que “uno de los factores más problemáticos de la estrategia de seguridad del periodo Duque es haber equiparado la política de seguridad con la estrategia antinarcóticos”.

Aunque los investigadores reconocen la relación de los grupos armados con estas economías, señalan que es contraproducente endilgarlas como causa exclusiva del recrudecimiento del conflicto. “Además de minería y coca, creemos que es muy importante abordar el fenómeno de la extorsión, que es uno de los que menos tienen cifras y de los que menos se denuncian, pero que es una de las economías más importantes para cualquier grupo armado”, dice Mantilla.

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Para la FIP, la política de seguridad actual “ha mostrado ser ineficiente a la hora de proteger a las comunidades y mejorar las condiciones de seguridad”.

La FIP identificó siete desafíos a los que el mandatario electo tendrá que hacerles frente, y según el director de dinámicas del conflicto de la fundación, los dos más urgentes en el corto y el mediano plazo son atender el desafío humanitario y contener la violencia.

El informe señala que es clave definir una política de seguridad en la que se entiendan las amenazas e implicaciones de un contexto híbrido de inseguridad y violencia donde es cada vez más difuso el límite entre el conflicto armado y el crimen organizado, con grupos que cambiaron de objetivos.

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Otro de los retos es el contexto operacional para la fuerza pública, que además debe recuperar su legitimidad, pues en varias regiones se ha erosionado su relación de las comunidades.

Asimismo, dice la FIP, una de las decisiones importantes que deberá́ que tomar el próximo Gobierno es definir cómo va a conceptualizar a cada uno de los grupos y cuáles son los focos de la estrategia para hacerle frente a las estructuras de mayor envergadura: negociar, someter o desarticular.

“El aumento de la violencia y la afectación de los grupos armados en los territorios hacen de la seguridad uno de los temas centrales en la agenda de gobierno para el nuevo presidente de la República”, concluye el documento.

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Transcurridos los primeros cuatro meses del Gobierno se empezaron a vislumbrar los primeros logros de la estrategia de defensa y seguridad. La constante tendencia de crecimiento de cultivos de coca que se venía manteniendo durante 5 años consecutivos, fue revertida.

Los resultados de la lucha contra el crimen organizado denotan la efectividad de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, así como los logros en materia de lucha contra el narcotráfico, frente a la cual el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, ha certificado año a año la reducción de hectáreas de cultivos ilícitos en el territorio nacional.

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En la lucha contra el crimen organizado, dimos muerte en desarrollo de operaciones militares a los cabecillas ‘Uriel’ y ‘Fabian’ del Eln, a alias ‘Pacora’, ‘Caín’ y ‘Flechas’, de ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’, así como alias ‘Pueblo’ y ‘Marihuano’ del Clan del Golfo, sumado a las capturas de ‘El Profe’, ‘Dimax’, ‘Harry’ y ‘Otoniel’, entre otros.

Adicionalmente, a las organizaciones criminales y narcotraficantes que delinquen en Colombia les hemos incautado 1.938 toneladas de clorhidrato de cocaína, avaluadas en un valor estimado de USD $63.943 millones y les hemos destruido más de 20.000 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas. Del mismo modo, en lo corrido del Gobierno del presidente Iván Duque, hemos erradicado 376.746 hectáreas de cultivos ilícitos.

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Durante el Gobierno del presidente Iván Duque, exactamente en el año 2020, se registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 45 años. Así mismo, el año 2021 lo finalizamos con una reducción del 11 % en el número de víctimas por homicidios colectivos, comparado con el año inmediatamente anterior.

Seguimos trabajando para quebrar la tendencia de los principales delitos que afectan a los colombianos, como lo hicimos en el segundo año del gobierno, al registrarse la tasa de secuestro más baja desde que se tenían registros, con 0,24.

La contundencia con la que estamos enfrentado a los símbolos del mal en Colombia, no puede ponerse en tela de juicio. Entre noviembre del 2020 y marzo del 2022, 500 integrantes de GAO se habían sometido a la justicia, de los cuales 342 eran de GAOR, 145 de Clan del Golfo, 7 de Caparros y 6 de Los Pelusos.

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Adicionalmente hemos neutralizado a 180 cabecillas de los Grupos Armados Organizados y de Grupos de Delincuencia Organizada. Es con hechos que demostramos la reducción y lo diezmada que se encuentra la criminalidad en todo el territorio nacional

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