Sin riesgo de minas, campesinos de Montes de María vuelven a cultivar

Los habitantes de San Jacinto, en Bolívar, y de Colosó, en Sucre, han vuelto a cultivar la tierra sin miedo a quedar heridos.  Con la entrega de estos dos municipios declarados como libres de sospecha de contaminación de minas antipersona se benefician 7.555 campesinos que viven del cultivo de la tierra.

Este miércoles, durante una ceremonia en la Primera Brigada de Infantería de Marina, ubicada en Corozal, Sucre, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, y el comandante de la Armada Nacional, almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés hicieron oficial el desminado de los municipios.

(Puede leer: Viaje a las montañas donde las minas antipersonales están desapareciendo)

Al acto también asistieron funcionarios de las alcaldías y gobernaciones, y personal uniformado de la unidad.

Una de las beneficiarias que estaba en la ceremonia dijo a EL TIEMPO que antes tenían dificultades para cultivar la tierra por el temor de encontrar una mina. “Era difícil, los que iban tenían miedo, no cultivaban toda la tierra sino donde más o menos veían que podían cultivar. Gracias a la Armada tuvimos un buen logro, porque hoy en día podemos ir cultivando aquellas otras tierras que teníamos abandonadas por el miedo”, manifestó.

Según información de las autoridades, el personal de la Primera Brigada de Infantería de Marina ha realizado operaciones en varios municipios de la subregión Montes de María, territorio donde hacen presencia las disidencias de los frentes 35 y 37.

A través de labores de desminado, los uniformados han limpiado campos de minas antipersona, lo que ha permitido el regreso de campesinos para volver a cultivar limón, aguacate, ñame, yuca, plátano, café, frijol en la región, y producir alimentos como leche, suero, queso y miel, entre otros.

(Le recomendamos: Así fue la entrega de Puracé, Cauca, como municipio libre de minas)

“Ya no tenemos miedo de cultivar, hemos retornado nuevamente”, indicó la mujer campesina. Sin embargo, un habitante del corregimiento Chinulito, de Colosó lamentó el estado de las vías en la región: “si tuviéramos mejores vías, estos productos tendrían mejor distribución”, dijo.

El trabajo adelantado por más de 150 hombres de la compañía de desminado humanitario de la Brigada de Infantería de Marina No.1 en Corozal, Sucre, permitió la entrega de dos municipios de Colosó y San Jacinto como libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal.

En Colosó (Sucre) se realizó la investigación de siete eventos que indicaban contaminación en el territorio, a través de cinco estudios no técnicos, interviniendo dos áreas peligrosas confirmadas, y despejando 4.335 metros cuadrados mediante la técnica de desminado manual, que permitieron la destrucción de los artefactos explosivos encontrados.

En San Jacinto (Bolívar) se investigaron 64 eventos que indicaban contaminación del territorio, a través de 43 estudios no técnicos se intervinieron dos áreas peligrosas confirmadas y se despejaron 4.955 metros cuadrados mediante desminado manual, que permitieron la destrucción de los artefactos explosivos encontrados.

De otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha liderado capacitaciones de prevención a los habitantes que se encuentran en sectores considerados de alto riesgo, donde hay conocimiento que en el pasado pudo haber presencia de grupos al margen de la ley que utilizaban estas prácticas de guerra.

(Podría interesarle: A 20 años de la masacre, en Bojayá siguen clamando por detener la violencia)

En el programa fueron capacitados 1.550 habitantes de Colosó y San Jacinto en educación en riesgo de minas, en los que se les explica cómo identificar los artefactos, despejar el área y reportar a las autoridades, beneficiando a 7.555 pobladores de la región.

De acuerdo con información de la Armada, fabricar una mina antipersona en el país es muy económico para los grupos criminales, pues podría gastarse unos $ 3.000 pesos en comprar un envase, un dispositivo de activación y otro de iniciación. Mientras que para el proceso de destrucción de la misma, el Estado podría gastar alrededor de mil dólares, debido al despliegue de personal y de tecnología que debe realizar la Armada.

El desminado manual es un proceso bastante riguroso en donde el desminador llega hasta el punto, realiza una verificación con el detector de alambre y ahí se determina si hay presencia de contaminación por mina. Si se encuentra un artefacto, el desminador se pone frente a este, dejándolo descubierto a una distancia exacta de 13 centímetros para que el explosivista pueda realizar la destrucción del mismo.

Desde que comenzó la intervención en ambos departamentos, se han destruido un total de de 258 minas antipersonas, incluyendo los artefactos.

(Le sugerimos: Las duras verdades de militares en reconocimiento por 'falsos positivos')

Desde el 2011 a la fecha, la institución naval ha trabajado de manera constante para liberar a las comunidades de este peligro. Con Colosó y San Jacinto, hay 14 municipios libres de sospecha por contaminación de minas antipersonal en los Montes de María entre los que están Cartagena, Chalán, Corozal, El Guamo, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Juan Nepomuceno, San Onofre, Santa Rosa de Lima, Sincelejo y Villanueva.

Igualmente, la Armada ha hecho seguimiento permanente y atención del riesgo residual en estos municipios, realizando con la comunidad la sensibilización ante el riesgo de minas, mediante charlas informativas para que se logren identificar e informen de manera oportuna a la tropas de Infantería de Marina, presentes en el área.

De acuerdo con información de la Armada, la institución continuará fortaleciendo las estrategias que permitan mantener las condiciones de seguridad de los pobladores del Caribe colombiano, al tiempo que invita a la comunidad a continuar apoyando las iniciativas de integración y el trabajo articulado con entidades del Estado, en pro del desarrollo regional.

“La entrega de los dos municipios por parte de la Armada, los cuales están priorizados por el gobierno nacional, promueve que mediante el programa de restitución de tierras se lleve a cabo el retorno de población civil a estos sectores. Esto se evidencia con el aumento de solicitudes de restitución de tierras en esta región”, declaró el almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la institución naval.

(Puede leer: 'Falsos positivos': militares llegaron a Soacha para reconocer sus crímenes)

Las labores adelantadas en estos municipios estuvieron acompañadas y aprobadas por el componente externo de monitoreo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA-CO) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales establecidas.

Durante la ceremonia, también se realizó la entrega de medallas a uniformados por la labor del desminado humanitario en los Montes de María.

"No hay mejor reforma rural integral, no hay mejor desarrollo integral que declarar libre de sospecha un territorio; lo convierte en un territorio próspero y productivo. También, un territorio libre de estos artefactos es un territorio legal, porque la legalidad y la paz se constituyen a partir del fortalecimiento institucional", puntualizó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

(Lea también: Colombia vuelve a la Corte IDH, esta vez, por caso de 'chuzadas')

La seguridad que tienen los campesinos de los Montes de María gracias al desminado humanitario, fue perturbada por los recientes hechos de orden público, específicamente durante el paro armado decretado por el ‘clan del Golfo’.

La semana pasada, el clan —que según las autoridades tendría 3.256 hombres, de ellos 1.284 armados— volvió a retar al Estado en retaliación por la extradición de Dairo Antonio Úsuga a Estados Unidos, alias Otoniel, y ordenó un paro armado que se sintió en municipios de nueve departamentos y empañó la celebración del Día de las Madres.

Los principales efectos se concentraron en cuatro zonas que en el pasado fueron transitadas por los jefes de la banda llevando en algunos momentos el brazalete de la guerrilla de las Farc, luego el del Epl, posteriormente el de las Autodefensas de los hermanos Castaño Gil y, finalmente, el de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Con ese último nombre, el clan de ‘Otoniel’ incluso intentó conseguir un reconocimiento político que le permitiera buscar una negociación de paz con el Estado, mientras sacaba toneladas de droga del país

(Le recomendamos leer: Dura condena al Estado por participación de Ejército en masacre de Trujillo)

Durante los cuatro días que duró el paro, se reportó la incineración de 169 vehículos. Además, se obstruyeron vías, y el comercio en municipios del sur de Bolívar, Urabá, el bajo Cauca, algunas localidades de Magdalena y Sucre, así como en Montería, se paralizó. También se presentaron asesinatos.

De hecho, una habitante de San Jacinto denunció que en el barrio La Paz asesinaron a un joven durante el toque de queda que impuso la alcaldía para proteger a la población de las actuaciones del clan.

“A las 6 de la tarde ya todo el mundo estaba encerrado, no teníamos permiso ni de ir a la tienda”, indicó la mujer. Además, mencionó a este diario que varios habitantes no pudieron regresar a sus casas en el casco urbano de San Jacinto y tuvieron que quedarse en el monte durante los cuatro días que duró el paro armado, alimentándose de lo que tenían cultivado en sus parcelas.

(Además: El reto al país del clan que mueve el 60 % de la droga que sale al exterior)

A pesar de que el grupo criminal terminó el paro, los habitantes de la región esperan que la situación de orden público mejore.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

En Twitter: @JusticiaET