La tutela contra discriminación en triaje para entrar a UCI por covid

En una tutela contra el Ministerio de Salud, un grupo de 26 ciudadanos con discapacidad, mayores de 60 años o que tienen ciertas condiciones de salud, le pidieron a la entidad que expida lineamientos claros que prevengan la discriminación en los ejercicios de triaje ético en el marco de la pandemia por el covid-19.

El triaje ético es un procedimiento en el cual los médicos deciden, en este caso, cómo distribuir las camas UCI en medio de la escasez, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las posibilidades de vida de una persona.

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La tutela fue interpuesta con el acompañamiento de la Iniciativa Familias Saludables del Instituto O´Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

En el recurso, expresan que, aunque en marzo de 2020 el Minsalud publicó las 'Recomendaciones Generales para la Toma de Decisiones Éticas en los Servicios de Salud durante la Pandemia Covid-19', estas no son vinculantes y han permitido que cada departamento, municipio y/o clínica y hospital decida cómo y cuándo implementar ejercicios de triaje ético.

Según la tutela, faltan directivas claras que establezcan que no se deben realizar triajes éticos sin haber agotado todas las posibilidades de remisión de pacientes a otros lugares con disponibilidad, lo cual, dicen, incumple el principio de utilizar el máximo de los recursos disponibles antes de adoptar medidas que limiten severamente el derecho a la salud.

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De otro lado, señalan que las recomendaciones del Ministerio de Salud permiten que se consideren "categorías sospechosas conforme a la Constitución y los tratados internacionales bajo el principio de igualdad y no discriminación. Esto ya está ocurriendo en la práctica".

Añadieron que los protocolos de priorización para acceder a UCI y a recursos de soporte vital escasos incluyen criterios discriminatorios contra personas con discapacidad, personas adultas mayores y con base en el estado de salud (distinto al covid).

"Este es el caso, por ejemplo, del protocolo del Comité de Bioética de la Alcaldía de Medellín y de la Clínica Foscal Internacional de Bucaramanga que lleva a que se consideren la edad, la discapacidad y/o la existencia de ciertas enfermedades en abstracto como criterios de posible desempate para negar el a una UCI o elegir a una persona sobre otra en la priorización cuando las perspectivas de supervivencia a corto plazo sean equiparables", dijeron.

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Para los tutelantes, esto genera discriminación en a la salud que en algunas guías opera de manera directa mientras que en otras de manera más indirecta e implícita, "facultando al personal médico a utilizar criterios que van más allá de la estricta condición clínica y las posibilidades de supervivencia a corto plazo, para incorporar criterios que no se limitan a responder a la necesidad de salvaguardar la mayor cantidad de vidas, sino que se les da más valor a unas vidas sobre otras".

Por esto, y ante la crisis hospitalaria que atraviesa el país, urgieron al Ministerio de Salud a garantizar un estándar nacional adoptado de forma participativa y transparente que permita un ejercicio coordinado de cómo realizar triajes o racionamientos de recursos de forma ética y alineada con los derechos fundamentales protegidos en la Constitución y los tratados internacionales.

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