'Clan del Golfo' les pide al presidente Gustavo Petro y a Estados Unidos espacio de diálogo sobre migración, narcotráfico y deforestación

A través de un comunicado publica en redes sociales, el ‘clan del Golfo’ les envió una propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y al de los Estados Unidos para que se dé inicio a un diálogo en torno a la migración -ese grupo criminal controla mediante un monopolio ilegal, por ejemplo, el paso por el Darién-, la producción y tráfico de cocaína y la deforestación. 

(Además: Gobierno Petro se sentará a negociar con el 'clan del Golfo': este lunes se conoció la resolución que autoriza las conversaciones).

“Hacemos un llamado al gobierno nacional, a la sociedad y a la embajada de los Estados Unidos de América, con el objetivo de unirse a un diálogo constructivo en torno a la solución de problemas tales como: el flujo de migrantes, la producción de hoja de coca, el tráfico de cocaína y la deforestación, que no son solo problemas de Colombia sino de los pueblos del mundo, que igualmente afectan a los Estados Unidos”, dice el comunicado.

A pesar de ser una organización armada con serias denuncias ligadas al tráfico de personas, sostienen que están en condiciones de seguir “manteniendo el orden en el tapón del Darién”. Hay que recordar que  en la zona de injerencia al Darién delinquen cuatro de las cinco subestructuras del ‘clan del Golfo’. Ellas son la 'Jairo Durango Restrepo', cuyo radio de operación es Chocó y el suroccidente de Antioquia;  la 'Roberto Vargas Gutiérrez', con injerencia en Antioquia, Córdoba y Sucre; la ‘Central Urabá’, con presencia en siete departamentos, Antioquia, Córdoba, Nariño, Cauca, a través de nueve subestructuras; y por último, la ‘Arístides Meza Páez’, con presencia en el Urabá antioqueño.

(Le puede interesar: 'Clan del Golfo' insiste en el levantamiento de las órdenes de captura mientras surgen dudas sobre la situación jurídica de alias 'Chiquito Malo').

Por estas actuaciones, en junio de este año el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron una millonaria recompensa por cabezas del ‘clan del Golfo’ involucradas en el tráfico de personas.

De ahí que llame la atención el énfasis que hacen en que estos problemas tienen “tienen su origen en diversas inequidades sociales que han rebasado la capacidad del Estado”. Esta organización es, según un estudio de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, el grupo ilegal que más ha afectado al medio ambiente en Colombia.  

“Por eso expresamos nuestra voluntad para que, en medio de un proceso de paz, con garantías personales y jurídicas y el respeto por nuestra identidad Gaitanista, lograr soluciones en nuestros territorios a la migración, el narcotráfico y la deforestación. Esperamos que el gobierno nacional acoja una propuesta de paz con nuestra organización para solucionar las problemáticas humanitarias de los territorios y que el señor presidente Gustavo Petro convoque a la comunidad internacional, en especial al gobierno de Estados Unidos, en la búsqueda de soluciones a la situación de los migrantes en el Darién”, concluyen.

Cabe mencionar que, a través de la resolución 257 del 2024, el presidente Petro autorizó el pasado 5 de agosto la instalación de un espacio de conversación sociojurídico con esta estructura armada ilegal -que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)-, la cual está al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'. En el documento designan a Álvaro Jiménez Millán como el coordinador de los representantes del Gobierno ante esta organización criminal; sin embargo, hoy no se conocen avances concretos sobre una eventual negociación.

Un informe de inteligencia al que tuvo EL TIEMPO se advierte que el 'clan del Golfo' hace presencia en 15 departamentos, 208 municipios y 3.244 veredas.

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El principal reto para el Gobierno en este caso -así como los de paz urbana de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá- es la incertidumbre jurídica que hay ante el eventual sometimiento de sus integrantes. Hay que recordar que en la sentencia C-525 de 2023, la Corte Constitucional avaló la legalidad de la 'paz total', pero le puso varios límites.

Uno de ellos tiene que ver con la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que dos años después de la llegada de Petro al poder ni siquiera ha sido radicada.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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